Kosovo está sumido en un gran embrollo legal. El despliegue de la misión civil europea (EULEX) previsto para el 15 de junio, que se encuentra en un limbo jurídico y operativo, se presenta inviable. Quienes apoyan la independencia no tendrán más remedio que reconsiderar su estrategia.

 

Kosovo se encuentra en peor posición hoy que antes de su declaración de independencia. Hasta ahora 41 Estados lo han reconocido, 60 menos de los que se esperaban. Sólo dos países musulmanes (Afganistán y Turquía) han dado la bienvenida a un Kosovo con una población que pertenece mayoritariamente a esta religión, y ha sido ignorado por África, Asia y América Latina. En la vecindad sólo Albania, Croacia y Bulgaria han aceptado su independencia y en la UE se han opuesto cinco miembros con problemas separatistas, que se han negado a subyugar intereses nacionales y a doblegar la legalidad internacional.

LAURA BOUSHNAK/AFP/Getty Images
Purgatorio: Kosovo está atrapado en una independencia supervisada.

La existencia de oposición dentro de la Unión Europea -con España a la cabeza- y la falta de cálculo respecto a la posición legal de la ONU han provocado que la misión civil que Bruselas planeaba desplegar en Kosovo (EULEX) el 15 de junio, que tomaría el relevo de la de Naciones Unidas (UNMIK), yazca en un limbo legal y operativo. La ONU no puede enmendar su mandato ni transferir su autoridad o responsabilidades sin el consentimiento de su Consejo de Seguridad. Están presionando a Naciones Unidas tanto aquellos que se oponen a la independencia, amparándose en la defensa de la legalidad internacional, como los que están dispuestos a llevar a cabo el Plan Ahtisaari, aunque esto suponga saltarse al Consejo sin unas bases jurídicas firmes y atados por sus propias divisiones internas.

Los instrumentos aprobados por la UE no pueden sostener los objetivos políticos. La Acción Conjunta del Consejo Europeo 2008/124 que establece EULEX ignora la falta de una nueva resolución del Consejo de Seguridad, elemento clave para legalizar, desde el punto de vista del derecho internacional, tanto EULEX como la Oficina Civil Internacional (ICO) –que representa a los países de la Unión que han reconocido Kosovo, EE UU y otros Estados que se han sumado al apoyo a la independencia-, encabezada por el holandés Pieter Feith (que ocupa también el cargo de enviado especial de la UE).

Restringida por la necesidad de consenso, la Unión condicionó la misión a tres aspectos clave: los beneficiarios de la acción serían las instituciones establecidas por la resolución 1244 de la ONU (aprobada por el Consejo tras la intervención militar de la OTAN en Kosovo en 1999 y que no extingue la soberanía de Serbia sobre este territorio), que no son las de la República de Kosovo; la fase operativa está a espensas de la transferencia de la autoridad de ONU a la UE, que no es posible sin el consenso del Consejo de Seguridad; y dejó el asunto de los privilegios e inmunidades de EULEX “a ser negociados” con la fútil esperanza de que Naciones Unidas pudiera extender los suyos (otorgados por la Convención de 1946) a EULEX y al enviado especial de la UE. A su vez, este último, en su cargo como cabeza de ICO, no posee personalidad jurídica o mandato reconocible aparte de lo que nace de la Constitución de Kosovo, la única base jurídica con la que se encara a la ONU como máxima autoridad civil en este nuevo Estado. Se establecería un precedente muy preocupante si la comunidad internacional aceptase que las resoluciones del Consejo pudieran ser abolidas de esta manera.

Quienes apoyan la independencia deben reconsiderar su estrategia. EULEX no podrá desplegarse bajo estas condiciones. Aunque los textos no son incompatibles con la resolución 1244, lo que se intenta es aplicar el Plan Ahtisaari, para lo que ni hay consenso dentro de la Unión ni forma parte del contenido de las resoluciones de su Consejo.

Kosovo continuará dependiendo de la ONU para sus relaciones internacionales y de la OTAN para su seguridad

La posición española, dentro de la legalidad internacional, puede a su vez impedir el despliegue operativo de esta misión como proyecto conjunto de la UE. Esto obligaría a Bruselas a elegir entre dos opciones: que los apoyos a la independencia se encaminen hacia un proyecto multilateral, pero fuera del marco de una política comunitaria, o someter a EULEX a la autoridad de la ONU. Si se eligiese la segunda, se solucionaría el problema de la transferencia de la autoridad y los privilegios, puesto que la ONU podría extendérselos a EULEX (porque formaría parte de UNMIK) y a Pieter Feith en calidad de enviado especial. ¿Cuál sería el problema?  Esta situación dejaría a Feith, en su cargo como cabeza del ICO, en el aire, sin ningún rol bajo UNMIK y, además, nominalmente en competición con el representante del secretario general de Naciones Unidas en Kosovo, el alemán Joachim Rücker, como máxima autoridad. Por no añadir que desde la UE se cuestionaría qué significa la independencia de Kosovo.

A Kosovo se le prometió el cielo y la salida del limbo en que se encontraba, pero ha terminado en el purgatorio de una cuasi independencia no factible, supervisada. Incapaz de acceder al seno de la gran mayoría de organizaciones internacionales, continuará dependiendo de la ONU para sus relaciones internacionales y de la OTAN para su seguridad. Kosovo es el producto de un conflicto que terminó sin resolución y sin anular la soberanía de Serbia.

Ese mismo sector de la comunidad internacional que en 1999 no estaba preparado para forzar una resolución militar que pusiera fin al conflicto, está ahora dando a Prístina la soberanía a costa de divorciarse del Consejo de Seguridad. La independencia es irreversible, pero los argumentos que defienden el carácter sui géneris de Kosovo carecen de fuerza legal para sostener la independencia como única solución. El problema tiene que ser resuelto de modo pacífico, por lo que es necesario volver a la mesa de negociaciones. La alternativa es otro conflicto congelado.

Artículos relacionados