Un tribunal que representa una esperanza para quienes luchan contra la impunidad en los conflictos y un paso necesario en el camino hacia la integración en la UE.
Los Balcanes fueron un hervidero en los 90. Como ocurre en cualquier Estado que pretende instaurar una democracia después de un conflicto bélico, hacer justicia en relación a los crímenes de guerra cometidos durante esta década en la extinta Yugoslavia era condición sine qua non. Ya en 1993, con una intención tanto represiva, castigar a los culpables, como preventiva, evitar que estos crímenes se continuaran cometiendo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), primera corte ad hoc de la historia (a la que un año después le siguió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda).
Hasta hoy, el TPIY no ha discriminado, procesando a líderes serbobosnios, bosníacos, croatas, serbios y albano-kosovares. Sin embargo, se ha dado un caso paradójico con estos últimos en relación a los crímenes cometidos durante el grave conflicto de 1999 en Kosovo. La jurisdicción del tribunal ad hoc comprendía los actos delictivos realizados dentro de las fronteras de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, luego aquellos delitos que fueron cometidos por líderes albano-kosovares en territorio albanés no podían ser juzgados por esta corte.
En el período transcurrido desde el conflicto, Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008, siempre con la mirada de soslayo hacia la Unión Europea, donde algún día espera integrarse. Mientras, recibió la administración en su territorio de dos organismos: primero de la Misión de Administración Provincial de las Naciones Unidas (MINUK) y posteriormente de la European Union Rule of Law in Kosovo (EULEX), misión de la UE para establecer un Estado de Derecho en la zona que está más cerca de eternizarse que de cumplir sus objetivos. Esta última es la que hasta el momento se ha encargado de juzgar las cuestiones relacionadas con los crímenes de guerra y la delincuencia organizada en Kosovo.
Además de los procesos llevados por los jueces de EULEX, ha habido un gran debate sobre la forma con la que juzgar las acusaciones presentadas por Dick Marty, senador del Consejo de Europa, quien desveló unas alegaciones no policiales en las que se concluía que miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) habían cometido crímenes de guerra. El Informe Marty se presentó a la Asamblea General del Consejo de Europa en 2011, donde fue aprobado, señalando a miembros del ELK como presuntos responsables de una red criminal creada para obtener órganos de prisioneros de guerra serbios con el fin de venderlos en el mercado negro.
Ante la aprobación del citado informe, EULEX montó una vista especial denominada Special Investigate Task Force (SITF), que a mediados del pasado año resolvía que, aunque se daban las evidencias necesarias para procesar a miembros del ELK, no existía ningún tribunal con competencias para juzgar estos casos. Esto inició un nuevo debate: ¿qué tipo de tribunal debía crearse?
La solución que se ha terminado aceptando es la creación de una corte de origen kosovar, separada de la jurisdicción de EULEX, cuyas actuaciones se celebrarían fuera de Kosovo (todo apunta a los Países Bajos) en aras de garantizar la protección de testigos. Además, las competencias de esta corte no sólo se limitarán a los delitos anunciados en el Informe Marty, sino también se juzgarán otros crímenes de guerra cometidos durante y después del conflicto de Kosovo. La implantación de este tribunal da esperanzas a quienes creen que hay que luchar contra la impunidad en las guerras y ansían una verdadera justicia universal.
Desde el momento en el que se encontró la forma que se creía más adecuada para establecer la corte, la presión internacional para que las instituciones kosovares la aprobaran ha ido en aumento. Teniendo en cuenta que el tribunal estaría bajo el amparo de una Unión Europea que incluso se encargaría de financiar el sueldo del personal, desde Bruselas se insiste (sin duda, buscando una mayor influencia en los líderes kosovares) en que es un paso necesario en el camino hacia la integración. El Representante Especial de la UE en Kosovo, Samuel Zbogar, incluso ha llegado a apuntar que si la decisión no se tomaba desde territorio kosovar, sería Naciones Unidas quien entraría motu proprio para aprobarla. Pero quizás sea hasta más llamativo que Tracey Ann Jocobson, la Embajadora del aliado internacional más fiel de Kosovo, Estados Unidos, llegó a afirmar que no serían ellos quienes se opusieran a cualquier decisión de la ONU al respecto.
La presión ha servido para que la cámara kosovar al fin resuelva la creación del Tribunal Especial el pasado 3 de agosto, cuestión en absoluto sencilla ya que se necesitaban dos tercios del total del Parlamento y, además, dos tercios de los representantes de las minorías. La creación del Tribunal, que supondría muy probablemente que se comenzaran a enjuiciar los primeros casos ya desde el mes de enero de 2016, no obstante no es segura al 100% aún, ya que varios partidos de la oposición (concretamente Vetëvendosje, Alianza por el futuro de Kosovo e Iniciativa por Kosovo) han solicitado al Tribunal Constitucional kosovar que examine el contenido de la ley que se busca poner en marcha.
Aunque el argumento más repetido por los contrarios a la creación de la corte sea el de un supuesto ataque a la soberanía de Kosovo, el motivo principal por el que tanto la oposición como algunos miembros del propio Ejecutivo se oponen a su establecimiento parece otro: gran parte de las élites políticas kosovares de hoy pertenecieron en su momento al ELK, luego en el momento en que el tribunal comenzase a actuar podrían ser imputados por delitos como genocidio o crímenes de guerra. Ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con el líder del partido Alianza por el futuro de Kosovo, Ramush Haradinaj, absuelto de dos procesos en el TPIY por falta de evidencias, y que el 16 de junio de este año fue arrestado en Eslovenia por la orden de detención que sobre él recaía en Serbia desde 2006.
Ciertamente, el establecimiento del Tribunal Especial parece hoy en día una posibilidad más cercana que nunca. A pesar de que puede suponer que miembros del Parlamento y otras figuras políticas de relevancia en Kosovo sean imputados, no existe otra alternativa si lo que se pretende es caminar en una senda de integración comunitaria que supone un horizonte de mayor prosperidad económica (en un momento de inmensa crisis migratoria que ha provocado que los kosovares lideren la clasificación de 2015 en solicitudes de asilo a la UE) y de creación de un Estado de Derecho viable en el país. El posible fracaso de Kosovo preocupa sobremanera a una Unión Europea que ya en su momento no fue capaz de articular una respuesta común en torno a la Declaración Unilateral de Independencia. A ello se habrían de añadir las acusaciones de corrupción a EULEX, que desembocaron en la publicación en abril del Informe Jacqué. Dicho informe rechazaba por falta de indicios un encubrimiento de corrupción en el seno de la misión pero reconocía graves fallos en la gestión y en la comunicación de EULEX.
Sin duda alguna, el camino para Kosovo seguirá siendo complicado, pero las nubes se despejarán, al menos un poco, si se logra acelerar el proceso de creación de una nueva corte que garantice la protección de testigos y proporcione justicia a todas aquellas víctimas que aún la esperan.
