
Un tribunal que representa una esperanza para quienes luchan contra la impunidad en los conflictos y un paso necesario en el camino hacia la integración en la UE.
Los Balcanes fueron un hervidero en los 90. Como ocurre en cualquier Estado que pretende instaurar una democracia después de un conflicto bélico, hacer justicia en relación a los crímenes de guerra cometidos durante esta década en la extinta Yugoslavia era condición sine qua non. Ya en 1993, con una intención tanto represiva, castigar a los culpables, como preventiva, evitar que estos crímenes se continuaran cometiendo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), primera corte ad hoc de la historia (a la que un año después le siguió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda).
Hasta hoy, el TPIY no ha discriminado, procesando a líderes serbobosnios, bosníacos, croatas, serbios y albano-kosovares. Sin embargo, se ha dado un caso paradójico con estos últimos en relación a los crímenes cometidos durante el grave conflicto de 1999 en Kosovo. La jurisdicción del tribunal ad hoc comprendía los actos delictivos realizados dentro de las fronteras de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, luego aquellos delitos que fueron cometidos por líderes albano-kosovares en territorio albanés no podían ser juzgados por esta corte.
En el período transcurrido desde el conflicto, Kosovo declaró unilateralmente su independencia en 2008, siempre con la mirada de soslayo hacia la Unión Europea, donde algún día espera integrarse. Mientras, recibió la administración en su territorio de dos organismos: primero de la Misión de Administración Provincial de las Naciones Unidas (MINUK) y posteriormente de la European Union Rule of Law in Kosovo (EULEX), misión de la UE para establecer un Estado de Derecho en la zona que está más cerca de eternizarse que de cumplir sus objetivos. Esta última es la que hasta el momento se ha encargado de juzgar las cuestiones relacionadas con los crímenes de guerra y la delincuencia organizada en Kosovo.
Además de los procesos llevados por los jueces de EULEX, ha habido un gran debate sobre la forma con la que juzgar las acusaciones presentadas por Dick Marty, senador del Consejo de Europa, quien desveló unas alegaciones no policiales en las que se concluía que miembros del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) habían cometido crímenes de guerra. El Informe Marty se presentó a la Asamblea General del Consejo de Europa en 2011, donde fue aprobado, señalando a miembros del ELK como presuntos responsables de una red criminal creada para obtener órganos de prisioneros de guerra serbios con el fin de venderlos en el mercado negro.
Ante la aprobación del citado informe, EULEX montó una vista especial denominada Special Investigate Task Force (SITF), que a mediados del ...
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