Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images
Lionel Bonaventure/AFP/Getty Images

La victoria de los empleados de Coca-Coca Iberian Partners oculta y difumina la derrota de cientos de millones de personas que trabajan (precariamente) para empresas, ONG e instituciones públicas en todo el mundo.

El proceso de fusión de las siete embotelladoras oficiales de Coca-Cola en España culminó con la luz verde del regulador el 17 de febrero de 2013. En diciembre de ese mismo año avisaron de grandes cambios organizativos y el 22 de enero de 2014 anunciaron que esos cambios supondrían el despido de más de 800 personas y la recolocación de más de 300. La transformación afectaría en total al 30% de la plantilla de las embotelladoras en España y el margen de negociación era ínfimo. Los tribunales, por el momento, han forzado a la nueva embotelladora única, Coca-Cola Iberian Partners, a readmitir o indemnizar a los despedidos.

Los analistas han extraído dos tipos de conclusiones de lo ocurrido según su perfil ideológico: si son progresistas, inciden en la victoria del David de cuello azul frente al Goliat de corbata de seda; si son liberales, se indignan ante una ley laboral que permite interpretaciones imprevisibles y contradictorias dependiendo de la empresa, el juez y la intensidad del foco de los medios. Hay una tercera conclusión que muy pocos han acertado a distinguir: miles de compañías, administraciones públicas y ONG en todo el mundo llevan haciendo lo mismo que Coca-Cola durante las últimas décadas hasta haberse convertido en un motor de desigualdad tan poderoso como la tecnología o la educación.

Como describe el economista (y alto funcionario de la Administración Obama ahora mismo) David Weil en su último libro, los grandes empleadores han logrado subcontratar buena parte de su actividad a autónomos y proveedores con escasa capacidad de negociación. Esa subcontratación impone una fuerte ...