Los activistas luchan para controlarla.

 









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En 2005, Peter Mahnke, residente en el municipio inglés de St. Margaret's, Middlesex, creó una página web de la comunidad. En estos siete años, un grupo de voluntarios locales dirigidos por él ha publicado noticias periódicas sobre acontecimientos locales, parques, la apertura de nuevos negocios, el tiempo y los horarios de trenes. Todo ello para todos los públicos y nada polémico.

Sin embargo, a primeros de marzo, por razones que siguen estando confusas, la web de St. Margaret's quedó bloqueada en toda Gran Bretaña para los servicios de Internet móvil ofrecidos por Orange (filial de France Telecom) y T-mobile (propiedad de Deutsche Telecom). La página fue víctima de un sistema nacional de protección infantil organizado por las propias compañías de telefonía móvil. Por algún motivo, el sistema, que los activistas dicen que está plagado de errores, la había clasificado como de contenido “para adultos”, lo cual hizo que todos los teléfonos la bloquearan por defecto.

La censura accidental de la web comunitaria de St. Margaret's pone de relieve una realidad más amplia en la era de Internet: las redes y plataformas digitales de las que dependemos para todas las facetas de nuestras vidas –incluidas la cívica y la política– están, en general, en manos del sector privado, que las posee, las diseña, las opera y las controla. Internet y los servicios móviles nos permiten organizarnos y comunicarnos de maneras nuevas y apasionantes, y han tenido una importancia política trascendental tanto en democracias como en dictaduras. Pero la conectividad que proporcionan también ha creado nuevos y complejos problemas para los padres, las fuerzas del orden y cualquiera que desee proteger su propiedad intelectual. Los Gobiernos democráticamente elegidos sufren presiones políticas de numerosos grupos activos y poderosos para que tomen medidas urgentes con el fin de proteger a los niños, la propiedad y las reputaciones. Sin embargo, cada vez más, la tarea de vigilar la Red la llevan a cabo intermediarios privados, compañías que tienen pocas o ninguna obligación legal de defender los derechos de los ciudadanos. De hecho, acaban haciendo a la vez de policía, juez, jurado y verdugo en el ámbito digital.

Los Gobiernos europeos quizá no pretendieran crear un “Estado policial privatizado”, pero eso es lo que los activistas de los derechos digitales aseguran que está sucediendo en Europa, debido a las crecientes presiones oficiales sobre las empresas para que se vigilen a sí mismas. Como dice Joe McNamee, director de la Iniciativa Europea de Derechos Digitales (en inglés, EDRI), una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, “Estamos recorriendo, sonámbulos, un camino en el que hemos preferido poner nuestro derecho a la comunicación y a la privacidad en manos de las decisiones arbitrarias de unas empresas privadas”.

La página de St. Margaret's no es más que uno entre los muchos ejemplos incluidos en un nuevo ...