Los activistas luchan para controlarla.

 

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En 2005, Peter Mahnke, residente en el municipio inglés de St. Margaret’s, Middlesex, creó una página web de la comunidad. En estos siete años, un grupo de voluntarios locales dirigidos por él ha publicado noticias periódicas sobre acontecimientos locales, parques, la apertura de nuevos negocios, el tiempo y los horarios de trenes. Todo ello para todos los públicos y nada polémico.

Sin embargo, a primeros de marzo, por razones que siguen estando confusas, la web de St. Margaret’s quedó bloqueada en toda Gran Bretaña para los servicios de Internet móvil ofrecidos por Orange (filial de France Telecom) y T-mobile (propiedad de Deutsche Telecom). La página fue víctima de un sistema nacional de protección infantil organizado por las propias compañías de telefonía móvil. Por algún motivo, el sistema, que los activistas dicen que está plagado de errores, la había clasificado como de contenido “para adultos”, lo cual hizo que todos los teléfonos la bloquearan por defecto.

La censura accidental de la web comunitaria de St. Margaret’s pone de relieve una realidad más amplia en la era de Internet: las redes y plataformas digitales de las que dependemos para todas las facetas de nuestras vidas –incluidas la cívica y la política– están, en general, en manos del sector privado, que las posee, las diseña, las opera y las controla. Internet y los servicios móviles nos permiten organizarnos y comunicarnos de maneras nuevas y apasionantes, y han tenido una importancia política trascendental tanto en democracias como en dictaduras. Pero la conectividad que proporcionan también ha creado nuevos y complejos problemas para los padres, las fuerzas del orden y cualquiera que desee proteger su propiedad intelectual. Los Gobiernos democráticamente elegidos sufren presiones políticas de numerosos grupos activos y poderosos para que tomen medidas urgentes con el fin de proteger a los niños, la propiedad y las reputaciones. Sin embargo, cada vez más, la tarea de vigilar la Red la llevan a cabo intermediarios privados, compañías que tienen pocas o ninguna obligación legal de defender los derechos de los ciudadanos. De hecho, acaban haciendo a la vez de policía, juez, jurado y verdugo en el ámbito digital.

Los Gobiernos europeos quizá no pretendieran crear un “Estado policial privatizado”, pero eso es lo que los activistas de los derechos digitales aseguran que está sucediendo en Europa, debido a las crecientes presiones oficiales sobre las empresas para que se vigilen a sí mismas. Como dice Joe McNamee, director de la Iniciativa Europea de Derechos Digitales (en inglés, EDRI), una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, “Estamos recorriendo, sonámbulos, un camino en el que hemos preferido poner nuestro derecho a la comunicación y a la privacidad en manos de las decisiones arbitrarias de unas empresas privadas”.

La página de St. Margaret’s no es más que uno entre los muchos ejemplos incluidos en un nuevo informe de la organización británica de defensa Open Rights Group y el Proyecto de Política de los Medios de la London School of Economics sobre la censura por motivos de protección infantil que llevan a cabo las compañías responsables de los principales servicios de Internet móvil en Reino Unido. Entre las páginas web censuradas con la excusa de proteger a los niños británicos de los contenidos “adultos” estaban “Biased BBC”, dedicada a criticar a la radiotelevisión pública, “Shelf Appeal” un sitio dedicado a productos que pueden apilarse en estantes, y “La Quadrature du Net”, un grupo francés de defensa de los derechos digitales. Las empresas de telefonía levantaron las restricciones a estas páginas cuando los activistas llamaron su atención, pero no está claro cómo habían caído en la lista negra. Todavía más preocupante es que la censura afectó no solo a los usuarios menores de 18 años sino a todos los suscriptores. “Las compañías telefónicas censuran Internet móvil por defecto porque no saben si sus teléfonos van a estar en manos de niños y jóvenes y son ellos quienes los van a usar”, explican los autores del informe.  “Un sistema que en principio está diseñado para ayudar a los padres a administrar el acceso de sus hijos a Internet acaba imponiendo restricciones mucho más generales para acceder a la información y afectando a un grupo de personas mucho más amplio del previsto”.

Cada vez más europeos se están dando cuenta de que “está en juego la esencia de Internet” y, con ella, las libertades de los ciudadanos tanto en el mundo digital como en el real

Este problema es lo bastante grave y se da en suficientes países como para que haya llegado hasta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El año pasado, el relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, Frank La Rue, presentó un informe oficial ante el consejo en el que no solo condenaba las prácticas de censura y vigilancia de los países autoritarios, sino que advertía sobre las tendencias peligrosas que se observan en el mundo democrático y que amenazan el derecho ciudadano a la libertad de expresión en la era de Internet. Una de sus mayores preocupaciones es “la censura privada generalizada, a menudo sin transparencia ni el debido proceso legal”. Destacaba dos ejemplos de cómo, irónicamente, los gobiernos recurren a la ley para delegar las responsabilidades y funciones policiales en el sector privado: la Ley de Economía Digital de Reino Unido, que puede llegar a desconectar a los usuarios de Internet sospechosos de hacer descargas ilegales, y la ley de las “tres faltas”, de objetivo similar, en Francia.

La Rue expresó asimismo su inquietud por el Tratado Comercial Antifalsificación (en inglés, ACTA), firmado por Estados Unidos y varias docenas de socios comerciales suyos, que pretende abordar el problema mundial de las falsificaciones, tanto en la Red como en el mundo real. Una de las numerosas razones por las que los defensores de los derechos digitales y la libertad de expresión se oponen al ACTA es la vaguedad con la que define las responsabilidades criminales, que puede llegar a hacer que las compañías privadas sean legalmente responsables de lo que los usuarios hagan o compartan a través de sus servicios, lo cual, a su vez, podría empujar a esas compañías a vigilar Internet para evitar ser procesadas. Ese mismo intento de establecer una vigilancia privada de las comunicaciones digitales de los ciudadanos formaba parte de la Ley para Detener la Piratería en Internet (SOPA) que estaba debatiéndose en la Cámara de Representantes de EE UU y se vio frenada por otro movimiento político de base en enero.

Durante los primeros meses de 2012 también ha habido victorias políticas para los derechos digitales de los ciudadanos en Europa. Un movimiento paneuropeo de base ha conseguido resultados con sus presiones a varios Gobiernos de Estados miembros de la UE para que anularan o retrasaran sus planes de firmar el ACTA, hasta el punto de que la comisaria Neelie Kroes declaró: “Es muy probable que vayamos a vivir en un mundo sin SOPA y sin ACTA”. En Alemania, el Partido Pirata, cuyo programa incluye medidas contra la censura y la vigilancia, está entrando en los parlamentos regionales, y ve con optimismo la posibilidad de obtener escaños en el Parlamento nacional. La semana pasada, Holanda se convirtió en el primer país europeo y el segundo del mundo que aprobó una ley de neutralidad en la Red, que, entre otras cosas, protege a los internautas de posibles desconexiones y escuchas por parte de los proveedores de servicios. Como dice McNamee, de EDRI, cada vez más europeos se están dando cuenta de que “está en juego la esencia de Internet” y, con ella, las libertades de los ciudadanos tanto en el mundo digital como en el real.

La Red es un espacio objeto de disputas políticas. Para defender con firmeza los derechos de los ciudadanos en él, afirma McNamee, es necesario que no solo los tecnólogos y especialistas en política de Internet, sino también los políticos, la prensa y el público “comprendan el papel de los intermediarios” –empresas como Orange y T-Mobile y todos los demás proveedores de servicios de banda ancha e Internet móvil– “en la vigilancia, el control y la regulación del mundo digital”. Es imposible proteger los derechos de los ciudadanos si sus actividades digitales están gobernadas y vigiladas por unos mecanismos corporativos opacos y que no responden ante nadie. Hay que fijar unos límites claros sobre cómo ejercen el poder en el ciberespacio las empresas y los gobiernos a través de un proceso democrático y cómo lo aplican mediante las leyes.

La Rue, el relator especial de la ONU, propone tres principios fundamentales en los que deberían basarse dichos límites: 1) las restricciones del acceso de los ciudadanos a la información en la Red deberían limitarse a circunstancias excepcionales; 2) los mecanismos de aplicación deberían regirse por las leyes y un proceso legal claro; 3) Las restricciones a la circulación de la información solo tendrían que producirse en circunstancias excepcionales y limitadas, prescritas por las leyes internacionales de derechos humanos. Muchos grupos europeos de derechos digitales utilizan ya estos criterios como elementos esenciales de su lucha. El próximo paso será que los políticos deseosos de beneficiarse de la creciente preocupación pública por las libertades digitales incorporen los principios de La Rue a sus programas políticos e impulsen leyes que fortalezcan las libertades civiles en el ciberespacio, en lugar de erosionarlas.

 

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