Las guerras territoriales entre coaliciones de bandas rivales, cada vez más mortíferas, han dejado al descubierto la gravedad del lodazal político del país.
La seguridad en Haití se ha deteriorado enormemente desde que asesinaron a tiros al presidente Jovenel Moïse dentro de su residencia privada en la madrugada del 7 de julio de 2021, y los enfrentamientos entre bandas criminales perfectamente armadas han causado cientos de muertes violentas en los últimos meses. Todavía no está claro quién fue responsable del asesinato del presidente. Mientras tanto, las bandas haitianas han aprovechado la inestabilidad creada por su muerte para ampliar su presencia mucho más allá de la que habían tenido durante décadas. Las guerras territoriales han sido brutales. Las organizaciones de derechos humanos han dicho que en 2021 hubo más de 1.200 secuestros, casi el doble de los denunciados en 2020 y cinco veces más que en 2019. Los homicidios han aumentado al menos un 17%, pero la falta de denuncias hace pensar que la cifra real podría ser considerablemente mayor.
Los últimos casos de violencia entre bandas ilustran la gravedad de la crisis de seguridad. Los enfrentamientos entre el 24 de abril y el 6 de mayo dejaron al menos 188 muertos y más de 16.000 desplazaos en la capital, Puerto Príncipe, donde viven casi tres millones de personas. Los tiroteos que comenzaron el 7 de julio y se prolongaron durante 10 días en los barrios marginales cercanos de Cité Soleil mataron por lo menos a 300 personas y dejaron alrededor de 160 heridos. Los combates se han intensificado últimamente en los distritos del norte y el noreste de Puerto Príncipe, con la amenaza de aislar la capital del resto del país. Una calma tensa ha permitido al alcalde de Cité Soleil abrir un corredor humanitario y las agencias de la ONU han empezado a repartir ayuda entre los residentes más vulnerables de la zona, pero diversas fuentes temen que la violencia pueda reanudarse en cualquier momento. Los choques están impidiendo el tráfico en dos de las carreteras que conectan Puerto Príncipe con los estados del norte y ya han bloqueado una tercera que va hacia el sur. El 10 de junio, miembros de la banda Village de Dieu tomaron el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, el más importante del país. La Policía Nacional no ha intentado todavía recuperar el control del tribunal, lo que ha reforzado los rumores de que las bandas puedan intentar tomar otros edificios públicos, incluido el Parlamento haitiano.
Hay pocos impedimentos que frenen el crecimiento de las bandas y no parece que vaya a haberlos, dado que los políticos han sido incapaces de instaurar un gobierno legítimo pese a los intentos desde el asesinato de Moïse. Ariel Henry, que cuenta con el respaldo internacional, es primer ministro en funciones desde julio de 2021, pero en Haití muchos lo consideran el rostro de la continuidad de un sistema de corrupción política inamovible. Las fuerzas del orden han filtrado informes en los que se acusa a Henry de obstruir la investigación sobre la muerte de Moïse y se llega a sugerir incluso que tiene vínculos directos con los autores intelectuales del asesinato, algo que él niega. El llamado Acuerdo de Montana, una coalición de más de 180 partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, cuestiona el mandato de Henry y propone una “solución dirigida por los haitianos” que incluya un gobierno de transición de dos años, formado por representantes de diferentes sectores sociales. Las discusiones entre Henry y los miembros del Acuerdo no han desembocado en nada.
Con el vacío de poder, las bandas pueden matar, secuestrar y extorsionar con poca resistencia del Estado. Varias fuentes cuentan que los líderes de las bandas pretenden consolidar el control de los barrios más poblados antes de que se convoquen las nuevas elecciones, para poder coaccionar a los residentes y hacer que voten por determinados candidatos, lo que les aseguraría una valiosa herramienta de negociación con los políticos.
¿Cuáles son las principales bandas de Haití y por qué luchan?
En todo Haití hay aproximadamente 200 bandas, 95 de las cuales actúan en el área metropolitana de Puerto Príncipe. Históricamente, éstas han establecido bastiones en las barriadas superpobladas de la capital, unas zonas de gran valor político porque están muy pobladas y son fáciles de defender de las fuerzas de seguridad del Estado debido a su falta de planificación urbanística: las calles estrechas y sin pavimentar son difíciles de transitar para los vehículos. Las bandas suelen utilizar a personas corrientes como escudos humanos cuando las fuerzas de seguridad intentan entrar. Fuera de la capital y sus alrededores, también han establecido puntos de apoyo en ciudades como Cap Haïtien, Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y Jacmel, todas ellas puertos densamente poblados y conectados con las carreteras principales.
Muchas bandas de Haití se han agrupado en torno a dos alianzas principales: el G9 an Fanmi e Alye, también conocido como el G9, dirigido por el ex capitán de policía Jimmy Barbacoa Chérizier, y el Gpèp, dirigido por Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel.El G9 se creó oficialmente en junio de 2020, cuando los jefes de nueve grandes bandas de Puerto Príncipe decidieron aliarse para asegurarse la supremacía armada. Después de invitar a todas los grupos de Cité Soleil a que se unieran, lanzaron un ataque coordinado contra las que dijeron que no. Al mes siguiente, Ti Gabriel, líder de la banda Nan Brooklyn, reunió a todos los que habían rechazado la invitación bajo la bandera del Gpèp.
De ahí que las antiguas rivalidades locales se hayan visto sustituidas por una guerra entre dos bandos y con numerosos frentes, en la que el G9 y el Gpèp se disputan el poder. El Gpèp ha crecido gradualmente hasta ser una alianza más amplia y que no se reduce a Cité Soleil, para así resistir contra el ascenso del G9. Los combates se han extendido, y los civiles se quedan en casa para protegerse del fuego cruzado. Las bandas decapitan en público a sus adversarios, queman cadáveres en la calle, incendian casas y recurren a la violencia sexual para intimidar a los residentes e impedir que colaboren con sus rivales. Los efectos de esta violencia son cada vez más dañinos. El bloqueo de la Ruta 2, la carretera que conecta Puerto Príncipe con el sur, impide el paso a los grupos humanitarios que intentan llegar a las víctimas del terremoto que destruyó las ciudades de esa parte del país en agosto de 2021.
Hasta el mes de abril, la banda más poderosa de Puerto Príncipe, 400 Mawozo, se mantenía al margen, pero ahora se ha unido a la refriega. Esta organización, que ha construido su poder en torno al municipio de Croix-de-Bouquets, en la periferia noreste de la capital, alcanzó notoriedad internacional cuando secuestró a 17 misioneros cristianos de Estados Unidos y Canadá en 2021. Los ataques coordinados de las bandas del Gpèp en Cité Soleil y 400 Mawozo en abril indican que han firmado una alianza de conveniencia. Distintas fuentes dicen que la ayuda de 400 Mawozo ha sido vital para impedir que el G9 logre una rápida victoria sobre el Gpèp, al que en caso contrario dominaría.
¿Qué relación hay entre las bandas criminales, el poder político y los ricos?
Los políticos y la élite empresarial de Haití se han apoyado históricamente en las bandas para obtener y ejercer el poder, pero los delincuentes han adquirido mayor autonomía en los últimos años. Mientras que las poderosas organizaciones paramilitares controladas por el poder ejecutivo se remontan a la dictadura de Duvalier (1957-1986), las organizaciones que engendraron las bandas actuales nacieron durante la segunda presidencia de Jean Bertrand Aristide, entre 2001 y 2004. Durante esos años, muchos jóvenes, procedentes sobre todo de los barrios pobres del norte de Puerto Príncipe, formaron grupos armados extralegales, denominados quimeras, para ayudar a consolidar el poder del partido Fanmi Lavalas de Aristide y disuadir a los adversarios que querían derrocarlo. El expresidente era impopular entre las élites haitianas y los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, que había disuelto en 1995 (durante su primer mandato) por temor a que pudieran impedir la consolidación de la democracia mediante un intento de golpe de Estado.
Moïse no vaciló a la hora de utilizar a las bandas en su propio beneficio político. Para hacer frente a las manifestaciones masivasque estallaron en julio de 2018, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida de los precios del combustible, y que continuaron durante dos años como respuesta a los escándalos de corrupción, parece que varios funcionarios de alto rango —incluso del Ministerio del Interior— ayudaron a planear tres matanzas de disidentes. Los miembros de las bandas, supuestamente protegidos por agentes de la Policía Nacional de Haití, mataron al menos a 240 personas en La Saline, Bel-Air y Cité Soleil, tres barrios pobres de Puerto Príncipe considerados semilleros de disturbios contra Moïse. Las autoridades y las organizaciones de derechos humanos acusaron al líder del G9, Chérizier —que hasta 2018 formaba parte de una unidad especial de la policía—, de ser el responsable de estos ataques. Moïse y sus aliados negaron las acusaciones de vínculos con el G9 o de haber participado en las masacres. El portavoz de la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración del Estado, que el difunto presidente reactivó en 2019 para promover el desarme de las bandas, sí reconoció que la reorganización de los grupos criminales, que los ha fortalecido, se produjo después de que la Comisión animara a sus líderes a formar una coalición para facilitar las negociaciones con el gobierno.
A pesar de sus vínculos con las élites de Haití, los grupos criminales en general, no actúan movidos por consideraciones políticas. La mayoría de estas alianzas se fundamentan en un intercambio de ventajas: las élites utilizan la violencia de las bandas para aplastar a la oposición política, influir en los resultados electorales y asegurarse monopolios económicos; las bandas utilizan sus conexiones con las élites para asegurarse obtener, armas y munición, además de impunidad para sus delitos. Aunque las bandas han diversificado sus fuentes de financiación, entre las que hoy están los rescates de los secuestros, la extorsión a empresas como las de transporte público y los beneficios del tráfico de armas y drogas, todavía necesitan a los empresarios para obtener subvenciones y a los políticos para protegerse de las investigaciones policiales y judiciales.
Sin embargo, esas relaciones han cambiado sutilmente en los últimos meses. El poderío militar de la coalición G9 parece haber despertado en Chérizier el deseo de poder político. En un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, afirmó que el G9 era una fuerza revolucionaria que se oponía a toda la clase política (al parecer, excepto Moïse, al que consideraba un protector de los pobres). Unos días después del asesinato de éste, unos hombres fuertemente armados, pertenecientes al G9 y seguidos por cientos de personas, desfilaron por las calles de Puerto Príncipe, en teoría para rendir homenaje al presidente, y Chérizier afirmó que vengarían su muerte. El 17 de octubre de 2021, sus hombres obligaron a Henry y a su equipo de seguridad a huir de una conmemoración oficial, y ese mismo día bloquearon el acceso a la mayor terminal petrolera del país. El bloqueo duró casi un mes y creó una grave escasez de combustible en Puerto Príncipe y otras ciudades. Chérizier exigió la dimisión del primer ministro y, aunque Henry no dimitió, el Gobierno entabló negociaciones con el G9 para reanudar el suministro de combustible. Los términos del acuerdo nunca se hicieron públicos.
¿Qué hay que hacer para que las medidas de seguridad sean más eficaces?
La Policía Nacional de Haití, la única fuerza de seguridad del Estado encargada de hacer frente a la violencia criminal, ha incumplido su deber de forma lamentable. Se creó en 1995, el mismo año en el que Aristide disolvió las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional cuenta con más de 10 unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado, pero se enfrenta a diversos obstáculos en su lucha contra las bandas. En colaboración con la MINUSTAH, la fuerza de paz de la ONU que estuvo en activo de 2004 a 2017, las unidades policiales consiguieron reducir la delincuencia violenta en los peores focos alrededor de Puerto Príncipe. Pero no lograron desmantelar las bandas, en parte porque no hubo una verdadera campaña de reinserción social para sus miembros, que, en su mayoría, conservaron las armas.
Ahora, a pesar de las decenas de millones de dólares de ayuda recibida en los últimos 25 años, la policía haitiana está mal equipada, en inferioridad de condiciones y con los agentes mal remunerados. Desde que terminó la misión de la ONU, la policía no ha conseguido seguir creciendo: con menos de 16.000 agentes en activo, la ratio entre policía y población es inferior a la recomendada por las misiones de Naciones Unidas. Washington ha levantado el embargo de armas que instauró a mediados de los 90, pero el poder ejecutivo todavía tiene que notificar al Congreso cualquier venta y no hay planes para vender armamento a la policía haitiana. Los miembros de las bandas, en cambio, no tienen problemas para adquirir sofisticadas armas de gran calibre en el mercado negro.
La connivencia entre las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados ilegales ha florecido por la falta de voluntad política para pedir responsabilidades a los oficiales corruptos y por los esfuerzos de quienes están en el poder por poner a la policía (y a las bandas) al servicio de sus intereses personales. Un experto que conoce de cerca el funcionamiento de la policía haitiana cree que alrededor del 40% de los agentes están directa o indirectamente relacionados con las bandas. Un ejemplo es el líder del G9, Chérizier, al que le gusta recordar que durante 14 años fue agente de policía. De hecho, durante varios meses, dirigió una conocida banda, los 6 de Delmas, mientras seguía ejerciendo como agente de una unidad especial de la policía dedicada a la lucha contra el crimen organizado. La complicidad no tiene solo una motivación económica. Para muchos policías, trabajar con las bandas es cuestión de supervivencia: muchos viven en barrios pobres controlados por grupos armados y, aunque quizá preferirían no colaborar con ellas, enfrentarse a estos grupos les llevaría a una muerte segura.
Si bien las fuerzas policiales, en general, han sido incapaces de responder a las amenazas a la seguridad que sufre Haití, hay algunas excepciones dignas de mención. Inmediatamente después del asesinato de Moïse, la policía se apresuró a detener a más de 40 sospechosos. Aunque no se ha juzgado a ninguno de ellos, esa fue la demostración de que, cuando quiere, puede actuar con rapidez. La policía también ha emprendido operaciones sistemáticas contra la banda de los 400 Mawozo y ha disminuido su capacidad de llevar a cabo secuestros para pedir rescates, su principal fuente de financiación.
¿Qué tipo de ayuda pueden dar los socios internacionales a Haití?
Los socios de Haití deberían intensificar su ayuda técnica y económica destinada a reforzar las fuerzas de seguridad, que se han debilitado notablemente en el último año: en mayo, el director de la Policía Nacional reconoció que en los últimos tiempos más de 1.000 agentes han abandonado su puesto debido a las precarias condiciones de trabajo y de vida. Para renovar de arriba abajo la policía, será necesario mejorar el sistema de recogida de información, crear un grupo de trabajo especializado en la lucha contra las bandas, que ya está en marcha, y reforzar las estructuras de supervisión para hacer frente a la infiltración de este tipo de grupos criminales. Los socios internacionales también deben intensificar sus esfuerzos para detener el contrabando de armas que llega a Haití. En el último mes, las autoridades han interceptado cuatro cargamentos en Puerto Príncipe y Puerto de Paz, todos ellos procedentes de EE UU. Estas operaciones se han producido tras la destitución del director del servicio de aduanas de Haití, que está siendo investigado por cargos de tráfico de armas y blanqueo de dinero. Hasta hace poco, los puertos tenían poco escrutiniopor parte de las autoridades del Estado, pero los acuerdos de cooperación internacional en este frente podrían ayudar a reforzar la supervisión de los cargamentos.
Ahora bien, una estrategia centrada únicamente en la seguridad es insuficiente. Es recomendable que los donantes piensen en la posibilidad de ayudar a crear una oficina especializada, respaldada por socios internacionales, para frenar la corrupción en la policía y superar la impunidad de la que gozan las élites políticas y empresariales. A largo plazo, también será indispensable para reducir la violencia un proceso de desmovilización que ofrezca una salida a los miembros de las bandas y alternativas reales de subsistencia. Pero esas políticas son caras de aplicar y Haití —el país más pobre del hemisferio occidental— se enfrenta a una terrible crisis económica, en la que escasean los fondos de los donantes. Una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por la que se crea un fondo con múltiples donantes para reforzar la capacidad operativa y de recopilar información de las fuerzas de seguridad ha recaudado menos de un tercio de su objetivo de financiación de 28 millones de dólares, aunque el gobierno de Estados Unidos ha anunciado recientemente una ayuda adicional de 48 millones de dólares para la seguridad.
Más allá de los costes económicos, la dimensión adecuada de la ayuda extranjera sigue siendo algo muy polémico en Haití. Los ciudadanos están resentidos por lo que perciben como una larga historia de intervenciones extranjeras que, en el mejor de los casos, tienen pocos resultados y, en el peor, han perjudicado a su país. Sienten especial animosidad contra la ONU, después de que los soldados de la MINUSTAH abandonaran a cientos de niñas y mujeres a las que habían dejado embarazadas. La ONU también se ha negado a pagar indemnizaciones después de que sus fuerzas de paz provocaran inadvertidamente un brote de cólera que mató a más de 10.000 personas. También hay muchos haitianos que no ven con buenos ojos la actual misión política de la ONU, la BINUH, que, según los críticos, ha “fracasado por completo”, puesto que la situación política, económica y de seguridad no ha hecho más que empeorar bajo su mandato. Además, las organizaciones de la sociedad civil haitiana han acusado al Core Group (del que forman parte la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, la UE y un representante de la Organización de Estados Americanos) de perpetuar un régimen corrupto con su apoyo al gobierno de Henry.
A pesar de los llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil para que se terminara su mandato, el Consejo de Seguridad de la ONU, en una resolución del 15 de julio, renovó la BINUH por un año más y le ordenó que se centrara en ayudar a las autoridades haitianas a hacer frente a la crisis política y de seguridad del país. Además de solicitar a los Estados miembros que prohibieran el tráfico de armas a Haití, la resolución amenazaba con imponer sanciones a quienes llevaran a cabo o apoyaran la actividad de las bandas. En los días previos a la votación, varios países expresaron en privado su apoyo a una misión policial internacional en Haití, aunque no están claros los detalles de cómo sería. Los actores externos interesados en esta opción tendrán que actuar con cautela —teniendo en cuenta la animosidad local hacia la intervención extranjera y la mala reputación de la ONU en Haití— y deberán centrarse primero en cómo reforzar la independencia e integridad de la fuerza.
El Consejo de Seguridad también reiteró la necesidad de llegar a un acuerdo urgente sobre un proceso político que desemboque en la celebración de unas elecciones libres y justas y reconoció que “romper los vínculos entre los actores políticos y económicos y las bandas” debe ser una prioridad. Pero no pidió a la BINUH que se dedicara a este último aspecto, y sigue habiendo dudas sobre qué organismo internacional, si es que hay alguno, podría dirigir esa campaña, lo que significa que las presiones y los apoyos internacionales serán sobre todo los procedentes de los socios bilaterales. Como ha afirmado la subdirectora de programas para América Latina de Crisis Group, Renata Segura, en la revista Foreign Affairs, Haití no será un lugar verdaderamente más seguro a menos que, y hasta que, se resuelvan sus turbulencias políticas. Gran parte de las estructuras del Estado son un caos: debido al aplazamiento de las elecciones, solo está ocupado un tercio de los escaños del Senado, la Cámara Baja está totalmente vacía y el Tribunal Supremo no está en activo. Como están actuando fuera del marco constitucional, estas instituciones tan débiles ni siquiera pueden aspirar al monopolio de la violencia. Es urgente que Henry y los miembros del Acuerdo de Montana negocien un consenso que permita crear un gobierno de transición estable con un calendario electoral realista, y los socios extranjeros de Haití deben insistir en que es una cuestión urgente. Hasta entonces, las bandas no harán más que fortalecerse y los haitianos se enfrentarán a un futuro sombrío.
La versión original y en inglés de este artículo se publicó con anterioridad en International Crisis Group. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
