Pese a las altas cifras de muertes y complicaciones en la práctica de abortos clandestinos, la interrupción del embarazo sigue penalizada en la mayor parte de los países latinoamericanos. Se ha convertido en una de las principales batallas para las feministas de la región.
G. tenía 15 años cuando su padrastro, un suboficial de la policía en la provincia argentina de Chubut, la violó y la dejó embarazada. Tras su denuncia de los hechos, una jueza le denegó en primera instancia el derecho a abortar, y otro tribunal local ratificó ese fallo bajo el argumento de proteger la vida del feto. En 2012, después de un periplo judicial que duró dos años, la Corte Suprema dio un paso fundamental que sentó precedente: afirmó que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación, sin precisar para ello de autorización judicial. El alto tribunal pretendía poner fin a las lecturas más restrictivas del artículo 86 del Código Penal, que conservaba el texto de 1921; así, la legislación argentina permite abortar si, y sólo si, el embarazo es fruto de una violación o la salud de la madre corre peligro. Pero, incluso en estos casos, políticos, jueces y colectivos antiabortistas siguen poniendo trabas a estas mujeres.
La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas siguen utilizando el Código Penal para controlar la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Un caso extremo es el de El Salvador, donde 29 mujeres enfrentan condenas de hasta 40 años de cárcel por abortar, pese a haber sido víctimas de abusos sexuales y afirmar que la interrupción del embarazo fue involuntaria. El 21 de enero, el Gobierno decidió indultar a Guadalupe Vázquez Aldana, condenada a 30 años de ...
