Activistas nicaragüenses se manifiestan a favor del aborto (Elmer Martínez/AFP/Getty Images)
Activistas nicaragüenses se manifiestan a favor del aborto (Elmer Martínez/AFP/Getty Images)

Pese a las altas cifras de muertes y complicaciones en la práctica de abortos clandestinos, la interrupción del embarazo sigue penalizada en la mayor parte de los países latinoamericanos. Se ha convertido en una de las principales batallas para las feministas de la región.

G. tenía 15 años cuando su padrastro, un suboficial de la policía en la provincia argentina de Chubut, la violó y la dejó embarazada. Tras su denuncia de los hechos, una jueza le denegó en primera instancia el derecho a abortar, y otro tribunal local ratificó ese fallo bajo el argumento de proteger la vida del feto. En 2012, después de un periplo judicial que duró dos años, la Corte Suprema dio un paso fundamental que sentó precedente: afirmó que cualquier mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo que es producto de una violación, sin precisar para ello de autorización judicial. El alto tribunal pretendía poner fin a las lecturas más restrictivas del artículo 86 del Código Penal, que conservaba el texto de 1921; así, la legislación argentina permite abortar si, y sólo si, el embarazo es fruto de una violación o la salud de la madre corre peligro. Pero, incluso en estos casos, políticos, jueces y colectivos antiabortistas siguen poniendo trabas a estas mujeres.

La mayor parte de las legislaciones latinoamericanas siguen utilizando el Código Penal para controlar la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Un caso extremo es el de El Salvador, donde 29 mujeres enfrentan condenas de hasta 40 años de cárcel por abortar, pese a haber sido víctimas de abusos sexuales y afirmar que la interrupción del embarazo fue involuntaria. El 21 de enero, el Gobierno decidió indultar a Guadalupe Vázquez Aldana, condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, por sufrir un aborto tras ser violada a los 18 años. El suyo no es un caso aislado: según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 129 mujeres salvadoreñas han sido procesadas por aborto entre 2000 y 2011; de ellas, 29 están encarceladas y se ha reclamado el indulto de 17. La ONU aprovechó la ocasión para pedir al Ejecutivo una reforma de la legislación en un país donde la propia Constitución plantea que la vida comienza en el momento de la concepción. Los expertos de Naciones Unidas, así como las organizaciones de derechos humanos, recuerdan que la prohibición absoluta afecta en mayor medida a las mujeres pobres y afirman que el Estado debe garantizar el acceso seguro y legal, al menos, cuando el embarazo pone en peligro la salud de la mujer y es resultado de violación o en casos de malformación grave del feto.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se practican en América Latina 3,7 millones de abortos inseguros cada año; este tipo de intervenciones clandestinas causan el 17% de las muertes maternas. De esas mujeres, 1,4 millones son brasileñas y una de cada 1.000 muere por complicaciones durante ...