Sin una Constitución y sin consenso entre los líderes políticos, la libertad de expresión y prensa tunecinas están en cuestión.

 

 

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FETHI BELAID/AFP/Gettyimages

 

 

La primera huelga general de periodistas del país se produjo el pasado 17 de octubre de 2012 y consiguió, en un pulso sin precedentes, demostrar la fuerza del sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos que pedía la aplicación total de los decretos que garantizan la libertad de prensa y expresión, así como la paralización del nombramiento a dedo del nuevo director del conglomerado de medios nacionalizado Dar Assabah, afín al ideario del partido mayoritario.

Este episodio, no es el final de la contienda y la premisa de que la victoria en las elecciones implica la legitimidad para hacer y deshacer a su gusto en el espacio mediático está muy extendida en las filas de la troika gubernamental (Ennahda, Ettakatol y Congrès pour la République).

A pesar de que en el discurso político todos se dicen a favor de la libertad de prensa, Túnez se enfrenta a la tensión entre los que pretenden regular y limitar las libertades de información y expresión y sus defensores, que las consideran esenciales para la construcción de una sociedad plenamente democrática.

Una vez cumplido el segundo aniversario de la salida del dictador Zine el Abidine Ben Alí, la difícil transformación del sistema autoritario se refleja en la pretensión del poder actual al control de la información, poniendo palos en las ruedas de la fiscalización de sus acciones por parte de los medios de comunicación.

El paisaje mediático (tanto en árabe como en francés) previo a las revueltas no destacaba precisamente por su independencia y objetividad, sino más bien por una loa unánime al jefe del Estado y la familia de su esposa –el clan Trabelsi–, con presencia constante en la portada de todos los periódicos y telediarios. Eran los propietarios de muchos de los periódicos y cadenas de radio y televisión más importantes del país. Con el control directo de los medios públicos, la propiedad de muchos privados y el clientelismo del resto de las plataformas informativas, el discurso institucional era omnipresente e indiscutido.

Los periodistas pueden ser objeto de duras penas e importantes multas por difamación

Esta situación ha dado un vuelco completo ya que en la actualidad los periódicos y televisiones públicas, nacionalizadas y privadas están desarrollando su labor en un ambiente de libertad de información de facto, sustentado por los decretos de libertad de expresión y de prensa 115 y 116 apoyados en la llamada petite constitution –decretos ley enunciados por el gobierno provisional tras la salida del dictador para permitir un proceso de transición con garantías democráticas–. Aunque todavía existen líneas rojas: el Ejército, lo sagrado y el sexo, temas sobre los que se producen las mayores fricciones y a través de los que se conforma el nuevo escenario político en el país, dividido entre los islamistas y sus afines –partidarios de respetar estos límites– y los llamados laicos –que en diferentes grados discrepan sobre la existencia de temas tabú.

En el proyecto de Constitución, a pesar de recoger la declaración unánime de todos los partidos y sectores políticos de incorporar la libertad de expresión e información a la nueva Carta Magna, existen discrepancias en torno al límite de éstas y se han propuesto iniciativas en el sentido restrictivo de la libertad de prensa para proteger a la nación de la anarquía mediática y a la religión de los ataques blasfemos.

El estancamiento del momento constituyente por la postergación de la aprobación de un proyecto consensuado de Carta Magna ha impedido hasta el momento ofrecer un entorno legislativo y una garantía absoluta para los informadores, que se enfrentan a la arbitrariedad de los jueces, quienes en ocasiones aplican duras penas e importantes multas por difamación. El riesgo e inseguridad jurídica es constante, más allá de las campañas de acoso de algunos sectores –fundamentalmente islamistas, pero también procedentes de las instancias políticas más altas–. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, en 2012 se produjeron 130 ataques a periodistas, sin ningún imputado, acusado o condenado, lo que ha generado un clima de impunidad.

Las fuerzas de seguridad del Estado, por largo tiempo dedicadas al control de la población y las voces discrepantes, no han acabado de encajar su nuevo papel en la sociedad tunecina y no colaboran precisamente para asegurar el derecho a la información de sus conciudadanos. De hecho no se han producido detenciones de ningún componente de las "ligas de protección de la revolución", grupúsculos de fanáticos religiosos que han llegado a agredir a periodistas, apedrear galerías de arte o protestar frente a las sedes del sindicato UGTT y atacar a disidentes críticos con el Ejecutivo de Hamadi Jebali.

La falta de transparencia de las autoridades públicas y la hostilidad manifiesta del Gobierno y, en particular, del partido Ennahda no contribuyen a establecer una relación fluida, agudizada por la generalizada oposición ideológica de la mayoría de medios a las políticas del movimiento islamista. De ahí la voluntad de control de los medios nacionales y la política de designaciones de personas afines al Ejecutivo.

Dados los graves problemas económicos y sociales que vive el país, el condicionamiento progubernamental de determinados medios de comunicación no se percibe como un problema de primer orden. Aprovechando esta circunstancia el Ejecutivo ha autorizado la radiodifusión a emisoras de su ámbito ideológico sin licencia y el partido Ennahda está ultimando un proyecto bastante avanzado de televisión propia, que verá la luz en un plazo breve.

Aún así, estos movimientos no han impedido la aparición o el crecimiento imparable de nuevos medios independientes en Internet como la emisora de radio Jawhara FM o el periódico nacional BusinessNews.com.tn, con 50.000 lectores diarios, lo que casi duplica la difusión del periódico en papel más leído en lengua francesa (que son los que gozan de mayor credibilidad).

En Túnez ser periodista no es una profesión tranquila en estos momentos de inseguridad jurídica, desprotección –e incluso agresividad– policial, ataques ideológicos y actitudes violentas. Una serie de circunstancias que no ocultan en cualquier caso un espacio amplio de libertad inédito en la historia del país, un intenso debate del ágora social reflejado por los medios y una aculturación a marchas forzadas en el intercambio democrático de opiniones, la libertad de información y el análisis crítico de una esfera sociopolítica en ebullición. Una etapa efervescente de libertad, resistencias y generación de un nuevo escenario ciudadano.
Si hay un país donde la transición puede llegar a buen puerto, ese es Túnez.

 

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