La única excepción democrática en la primavera árabe se ha convertido en el mayor exportador de combatientes extranjeros merced a las desigualdades heredadas del régimen. Hacer frente a la amenaza a largo plazo significa corregir la brecha entre norte y el sur del país.
Los avances realizados en el último año contra Daesh y la retirada de sus combatientes de los principales bastiones en Siria, Irak y Libia ha revelado una cuestión: ¿qué hacer con los 5.700 combatientes que han regresado a sus países tras haber luchado en Oriente Medio? En Túnez, el debate ha alcanzado niveles de shock. El país mediterráneo, cuna de la primavera árabe, figuraba a finales de 2015 como el mayor exportador de yihadistas a nivel mundial, en términos absolutos y relativos.
A finales de 2017, el último informe de Soufan Group rebajaba la cifra a los 2.926, de acuerdo a los cálculos de las autoridades tunecinas (el número real podría alcanzar los 7.000, según el informe). Túnez, con 11 millones de habitantes, abandonaba así el infame podio dejando paso a Rusia, Arabia Saudí y Jordania. Entre los 800 retornados se encontraban los responsables de los ataques de Sousa y el Bardo, en 2015, entrenados en Libia. Tunecinos eran también los autores de atentados en suelo europeo, en Berlín y Niza, en 2016.
A esa diáspora yihadista se suman, según el informe, otros 12.500 detenidos en las mismas fronteras de Túnez. Es un asunto controvertido. Aspirantes a combatientes, migrantes laborales y contrabandistas utilizan las mismas rutas de entrada y salida al país, sobre todo en ciudades como Ben Guerdane, junto a Libia, ...
Artículo
para suscriptores
por tan solo
