La única excepción democrática en la primavera árabe se ha convertido en el mayor exportador de combatientes extranjeros merced a las desigualdades heredadas del régimen. Hacer frente a la amenaza a largo plazo significa corregir la brecha entre norte y el sur del país.

Los avances realizados en el último año contra Daesh y la retirada de sus combatientes de los principales bastiones en Siria, Irak y Libia ha revelado una cuestión: ¿qué hacer con los 5.700 combatientes que han regresado a sus países tras haber luchado en Oriente Medio? En Túnez, el debate ha alcanzado niveles de shock. El país mediterráneo, cuna de la primavera árabe, figuraba a finales de 2015 como el mayor exportador de yihadistas a nivel mundial, en términos absolutos y relativos.
A finales de 2017, el último informe de Soufan Group rebajaba la cifra a los 2.926, de acuerdo a los cálculos de las autoridades tunecinas (el número real podría alcanzar los 7.000, según el informe). Túnez, con 11 millones de habitantes, abandonaba así el infame podio dejando paso a Rusia, Arabia Saudí y Jordania. Entre los 800 retornados se encontraban los responsables de los ataques de Sousa y el Bardo, en 2015, entrenados en Libia. Tunecinos eran también los autores de atentados en suelo europeo, en Berlín y Niza, en 2016.
A esa diáspora yihadista se suman, según el informe, otros 12.500 detenidos en las mismas fronteras de Túnez. Es un asunto controvertido. Aspirantes a combatientes, migrantes laborales y contrabandistas utilizan las mismas rutas de entrada y salida al país, sobre todo en ciudades como Ben Guerdane, junto a Libia, pero también en la frontera occidental con Argelia, en las provincias de Kef o Kasserine. En ocasiones, según denuncian activistas tunecinos, trabajadores que se encontraban en Libia de forma irregular han sido detenidos y acusados de pertenecer a organizaciones terroristas en el país vecino, solo por ser tunecinos. Tal es la lacra.
El fenómeno se nutre desproporcionadamente en las provincias del sur y el oeste del país. Un informe publicado por el Centro de Investigación y Estudio de Terrorismo, dependiente del Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales, revela que el 30,5% de los presos con cargos de terrorismo proviene de cuatro provincias, la mitad (14,32%) de Sidi Bouzid, donde se prendió fuego Mohamed Bouazizi en 2010 dando origen a las revueltas que tumbaron el régimen de Zine el Abidine Ben Alí. La cifra solo es superada por el 32% residente en el área del Gran Túnez (que abarca la capital y los distritos circundantes de Ben Arous, Manouba y Ariana), donde se asientan muchos estudiantes universitarios o adonde se desplazan los jóvenes en busca de empleo.
Sidi Bouzid (en el sur del país), Jendouba y Kasserine (al oeste, en la frontera con Argelia) y Medenine (al sureste, en la ...
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