La única excepción democrática en la primavera árabe se ha convertido en el mayor exportador de combatientes extranjeros merced a las desigualdades heredadas del régimen. Hacer frente a la amenaza a largo plazo significa corregir la brecha entre norte y el sur del país.

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Walid Amri, hermano de Anis Amri, el autor del atentado en Berlín, con un retrato de su hermano en la puerta de la casa familiar en el pueblo de Oueslatia. Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Los avances realizados en el último año contra Daesh y la retirada de sus combatientes de los principales bastiones en Siria, Irak y Libia ha revelado una cuestión: ¿qué hacer con los 5.700 combatientes que han regresado a sus países tras haber luchado en Oriente Medio? En Túnez, el debate ha alcanzado niveles de shock. El país mediterráneo, cuna de la primavera árabe, figuraba a finales de 2015 como el mayor exportador de yihadistas a nivel mundial, en términos absolutos y relativos.

A finales de 2017, el último informe de Soufan Group rebajaba la cifra a los 2.926, de acuerdo a los cálculos de las autoridades tunecinas (el número real podría alcanzar los 7.000, según el informe). Túnez, con 11 millones de habitantes, abandonaba así el infame podio dejando paso a Rusia, Arabia Saudí y Jordania. Entre los 800 retornados se encontraban los responsables de los ataques de Sousa y el Bardo, en 2015, entrenados en Libia. Tunecinos eran también los autores de atentados en suelo europeo, en Berlín y Niza, en 2016.

A esa diáspora yihadista se suman, según el informe, otros 12.500 detenidos en las mismas fronteras de Túnez. Es un asunto controvertido. Aspirantes a combatientes, migrantes laborales y contrabandistas utilizan las mismas rutas de entrada y salida al país, sobre todo en ciudades como Ben Guerdane, junto a Libia, ...