Cómo la corrupción estructural explica en gran medida las actuales dinámicas políticas en la región.
Hay una anécdota ocurrente y que explica más sobre la política en los Balcanes de lo que se pudiera pensar. Involucra a Vuk Drašković, político monárquico y opositor a Slobodan Milošević. Durante los 90, después de un mitin electoral, y frente a las cámaras, Drašković se acercó a pedirles el voto a los asistentes. El político serbio quiso confirmar que uno de los asistentes le votaría a él, y, sin embargo, el interpelado le dijo que votaría a Milošević. Drašković, sorprendido, pidió explicaciones, y, efectivamente, el malentendido fue aclarado mediante una frase ya épica para la parodia local: “Te votaré, Vuk, pero cuando estés en el poder”.
No fueron pocos los analistas que llegaron a la conclusión de que Milošević tenía ganado a parte del electorado, no tanto por su carisma, sino por la institución a la que representaba (la Liga Comunista de Serbia), como si el cargo llevara aparejado la incondicionalidad del votante. Y, efectivamente, de muchos sí que la llevaba. El Estado yugoslavo, más que sus propios políticos, durante tres décadas había provisto de buenos estándares de vida a sus ciudadanos, y eso era algo que ya tenía ganado el candidato por el Partido Socialista de Serbia en las primeras elecciones electorales en 1990.
Las estructuras estatales son inmensos engranajes que suponen una gran fuente de recursos para los empleados, pero también de lealtades. Entre 2006 y 2016, bajo el gobierno de Nikola Gruevski, el empleo público en Macedonia (2 millones de habitantes) aumentó de 60.000 a 180.000 trabajadores. En Montenegro (600.000), la cifra asciende a más de 50.000. En Bosnia-Herzegovina (4 millones), uno de cada tres trabajadores estaba empleado en el sector público. Serbia, junto con Noruega y Dinamarca, son los países del mundo con mayor tanto por ciento de contratados en el Ejecutivo (cerca del 35%), habiendo cerca de 500.000 trabajadores públicos en un país de 7,5 millones.
Un mercado laboral difícil de cuantificar, levantado no solo sobre las ruinas yugoslavas, sino también con ellas, al que se suma un incontable número de trabajadores de empresas privadas que dependen de las concesiones estatales. Sí se sabe que los trabajadores públicos en la región ganan de media un 40% más que los empleados de la empresa privada. Son empleos más estables y permiten acceder a todo un mundo de redes informales (favores, contactos y también corrupción), lo que conduce a que los profesionales mejor cualificados también orienten su futuro hacia las administraciones públicas. De hecho, en Bosnia-Herzegovina, la empresa privada perdió más de 100.000 puestos de trabajo durante la crisis, mientras que los organismos públicos no dejaron de engrosar su número.
En todos los países de la región hay poco más de un trabajador por cada jubilado, desde 1,14 en Bosnia-Herzegovina a 1,53 en Montenegro. Las arcas del Estado no solo soportan una inmensa carga por ayudas sociales, por muy reducidas que estas sean (la media de las pensiones es de menos de 190 euros), sino también se ven obligadas a prescindir de pingües ingresos debido a un mercado gris en ascenso, al fraude fiscal, al blanqueo de dinero y a la evasión de capitales. Tal como ocurrió durante los 90, los jubilados, con sus pensiones, pero sobre todo con sus rentas, siguen siendo un gran soporte económico para las familias balcánicas, a lo que se une que cerca del 50% de ellas reparten los gastos del hogar entre varias generaciones.
Estos datos, además de exhibir un paisaje social descorazonador, ayudan a comprender ciertas prácticas, remanentes de la burocracia del socialismo autogestionado, y que explican la correlación entre abstención, corrupción, clientelismo y lo que se ha venido en llamar “captura del Estado”. En los programas de los partidos políticos más importantes se incluye la reducción y racionalización de los empleos públicos, y de hecho, Serbia, por ejemplo, ha delimitado la contratación de personal público hasta finales de 2017, aunque luego ese ahorro es menos por el número creciente de jubilados.
Sin embargo, el control del Estado por parte de estos partidos no ha parado de intensificarse, reglado por legislaciones imprecisas y muchas veces inaplicables, que, paradójicamente, convergen con el acervo europeo, pero que también facilitan la discrecionalidad del funcionariado responsable, fenómeno reconocido por la propia Comisión Europea. Como también se afianzan las conexiones entre los representantes de la autoridad (entre ellos funcionarios de aduanas) y las mafias locales, donde se integran el tráfico de drogas y la trata de personas, siendo los Balcanes una de las rutas de paso más importantes en Europa. De hecho, son conocidos los vínculos existentes entre políticos y líderes de los equipos de fútbol, forjados durante los 90 al calor de la crisis de la ex Yugoslavia.
Todos los países de la región han caído en un período de estancamiento en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, según Transparencia Internacional, traducido en el sector público en: el pago de cantidades superiores a los 1.500 euros para acceder a un puesto de trabajo, reparto del pastel de la propiedad pública entre los allegados, utilización de los recursos del Estado para los propios intereses políticos, votos a cambio de un trato preferente de la administración y, en general, un ambiente de interacción institucional sobre el que sobrevuela la ilegalidad, del que participan muchos ciudadanos corrientes que se incorporan al mercadeo de relaciones interpersonales para reducir riesgos administrativos. Según la última investigación de la UNODC, el 57% de los encuestados en la región reconocían haber pagado alguna cantidad por canales ilegales. En Kosovo admitían haber dado una cantidad media de 180 euros al año, repartida en más de 10 ocasiones. En Croacia, 280 euros, divididos en menos de cuatro pagos, siendo, en toda la región, los empleados de la salud y los policías los más “beneficiados” por estos “pequeños cohechos”.
El proceso de integración en la UE ha empujado a los países de la región a realizar todo tipo de reformas, pero no ha logrado transformar prácticas corruptas interiorizadas que tienen que ver con la disfuncionalidad institucional, las condiciones de vida de la población o el sistema de valores que afecta al empleado público, pero también a los ciudadanos, para quienes la relación con el Estado está basada en la indefensión y la inferioridad, pero también en la conveniencia y el oportunismo. La misma relación con la política está vinculada a la forma en la que la población se relaciona con los partidos políticos, generadores de todo tipo de posibilidades para sus afiliados, pero también de desigualdades para los rivales o disidentes.
Vale la pena preguntarse si el contrato social, firmado entre los ciudadanos y los gobernantes responde a una democracia representativa, reflejo de las preferencias ideológicas de los votantes, o a un negocio político (y económico), legitimado por los resultados electorales y en el que ambas partes ganan provecho. Conocer las motivaciones últimas de un votante no siempre está al alcance de las encuestas, pero el escenario de la corrupción explica más sobre las dinámicas políticas actuales, que lo que sería la geopolítica internacional o los tradicionales y estereotipados fantasmas balcánicos. Tanto en Bosnia-Herzegovina, como Macedonia, Kosovo, Montenegro o Serbia hemos sido testigos de un creciente autoritarismo político que varios expertos han tomado a bien llamar “estabilocracias”: sistemas homologados por Bruselas donde la seguridad se prioriza por encima del Estado de derecho y la democracia. Son gobiernos proeuropeos que legislan según lo determinado por la UE, pero donde la política informal se abre paso a través de la compra-venta de votos, contratos de trabajo, prestaciones sociales y privilegios revestidos de legalidad.
El sanaderismo, referido al ex primer ministro croata Ivo Sanader, condenado por corrupción, viene a significar que las mismas reformas aprobadas por un político –en el marco de la convergencia europea– conducen luego a su imputación por delitos de corrupción. Esta fase ha sido ya superada, y ahora hemos entrado en un período de rapto del Estado, donde los políticos se sirven de los poderes públicos, y de su sobreactuación como líderes relativamente jóvenes y obstinados, para combatir a los rivales, con acusaciones que nunca terminan en penas de prisión, pero que barnizan de determinación su propia figura política –práctica habitual en los gobiernos de Nikola Gruevski, Milo Đukanović y Aleksandar Vučić–. Esta supone una estrategia que no es solo responsabilidad de sus titulares, sino que también es abanderada por muchas familias que consienten con sus votos la usurpación del Estado a cambio de la participación en el negocio estatal, que, en la mayoría de los casos, solo les mantiene en una privilegiada y amodorrada precariedad.
Hablamos de gobiernos que apenas logran reunir un 30% de votos entre todo el electorado, pero que, con esos mismos votos, secuestran al conjunto de la población que, por estar fuera del reparto estatal, también lo están de la política. El problema viene cuando el triunfo de estos partidos, con todas sus irregularidades, no deja de ser inapelable; es por esto que la expresión en el antiguo serbocroata: “limpia como una lágrima”, se ajusta bastante bien a cada una de estas victorias electorales; pero también a la sensación de derrota en la que sigue y vive inmersa una parte importante (no toda) de la población.
En otro mitin contaba Zoran Đinđić, Primer Ministro serbio, asesinado en 2003, que, visitando una fábrica en riesgo de quiebra, vio un reloj que no funcionaba. Tras escuchar las quejas de los trabajadores, les objetó que el retraso tecnológico, la falta de inversión e, incluso, cualquier conspiración internacional no podían exculpar que ese reloj no funcionara (“¿Qué problema hay que no arregláis el reloj? ¡Arreglemos lo que podemos arreglar!”). Es precisamente, en estos años, cuando la región está más desamparada que nunca, cuando el futuro depende si cabe más de la población. Solo ella, asociándose, fomentando una alternativa política y ciudadana, puede lograr que el estado sirva al interés general.
