Mientras algunos destacados senadores republicanos estadounidenses
denuncian la situación comprometida en la que está envuelta la Casa Blanca,
se habla de impeachment (destitución) del presidente Bush en
todos los círculos sociales. Puede resultar una exageración política,
pero debe hacerse algo al respecto.











Cortesía de la Casa
Blanca

El último escándalo en el que está implicada la Administración Bush –el
cese de ocho fiscales federales bajo unas circunstancias bastante dudosas–
ha revolucionado de tal modo Washington que ya se habla de un nuevo Watergate.
Todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿podría ser esto la Masacre
del Sábado Noche [en referencia a la purga política llevada a cabo
por Richard Nixon] de George W. Bush, es decir, una obstrucción de la
justicia que provoca un juicio político?

Salvo que se dé un cambio radical en el Congreso estadounidense, la destitución
es tan sólo una hipótesis. Pero eso no quiere decir que no exista una
causa legal contra el actual presidente de EE UU. Si un fiscal de California
fue cesado con la intención de poner fin a una investigación sobre un
congresista republicano, podría considerarse delito. Si el resto fueron
despedidos por no procesar a los demócratas sin pruebas, sería un abuso
de poder importante. Si el presidente jugó algún papel en esto, la destitución
es una posibilidad legal.

No obstante, no hace falta esperar a que se den a conocer los resultados
de las investigaciones de este escándalo para llegar a la conclusión de
que Bush ha abusado de tal manera del poder de su cargo que podría ser
destituido. Ya existen, de hecho, fundamentos sólidos.

Los artífices de la Constitución estadounidense sabían que, a pesar de
los fuertes controles, los presidentes podrían aprovecharse de sus poderes
y perjudicar a la democracia del país, así que, como última medida preventiva,
crearon la posibilidad de solicitar una destitución. La base constitucional
del impeachment es “traición, cohecho u otros delitos y faltas
graves”. En el proceso contra el presidente Richard Nixon, el House Judiciary
Committee (Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos)
determinó que esos abusos no tenían que violar el código penal estadounidense
para llevar a cabo la destitución, basta con que “sean importantes y peligrosas
acciones contra las bases de la Constitución”. Varias de las actuaciones
de Bush ya están siendo estudiadas.

El argumento legal más consistente para el impeachment –basado
en los precedentes del Watergate– surge del hecho de que Bush
se haya negado durante años a solicitar la aprobación del tribunal exigida
por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, en sus siglas
en inglés) en relación a un programa especial de escuchas telefónicas
en Estados Unidos. Cuando se desveló que Nixon había pinchado
ilegalmente los teléfonos tanto de periodistas como de empleados de la
Casa Blanca, el Congreso de EE UU promulgó la FISA para prevenir otros
abusos en el futuro, considerándolas un delito federal. ...