Un estudiante venezolano protesta contra la policía en Caracas, mayo 2016. Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images
Un estudiante venezolano protesta contra la policía en Caracas, mayo 2016. Ronaldo Schemidt/AFP/Getty Images

¿Está el país al borde de una implosión?

Unos pocos kilómetros cuadrados de los 900.000 que ocupa todo el suelo venezolano concentran algunas de las instituciones más importantes del país. El llamado “centro” de Caracas, que en realidad está al oeste de la ciudad, alberga el palacio de Miraflores, muchos edificios ministeriales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). El corazón de esta maltrecha capital ha sido sin quererlo protagonista en las últimas semanas de una serie de altercados que la han puesto en el foco mediático mundial y que dan cuenta de la profunda crisis política, económica y social, así como la dificultad de que se resuelva a través del diálogo.

Venezuela está a punto de implosionar. Desde Crisis Group se advierte desde hace años que la combinación de gobiernos autoritarios, la mala gestión económica y el crimen es una fórmula tóxica que solo lleva al desastre. La crisis se generó en el 2013, cuando el carismático Hugo Chávez murió prematuramente víctima del cáncer. En noviembre de 2014 el precio del petróleo, piedra angular de la economía venezolana, bajaba drásticamente. Tres años después, Venezuela es un país mucho más disfuncional: los bienes básicos escasean, las tasas de inflación son de tres cifras y los servicios públicos están colapsados, por no hablar de la dramática precariedad de la atención sanitaria.

En las elecciones parlamentarias del pasado diciembre, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ganó el control de la Asamblea Nacional. Si bien el presidente Nicolás Maduro reconoció el resultado, desde entonces ha usado el control que ejerce sobre otros poderes del Estado –especialmente el Poder Judicial– para bloquear cada iniciativa parlamentaria y despojar a la Asamblea de muchos de sus poderes constitucionales, entre ellos el de controlar otros poderes. Buen ejemplo de ello es el decreto de estado de emergencia anunciado por el presidente el 13 de mayo declarado constitucional por el Tribunal Supremo, a pesar de haber sido desaprobado por la Asamblea. Sus líderes, a quienes Maduro amenaza con acusar por traición a la patria, forman parte de un órgano que, a ojos de Maduro, se ha quedado obsoleto.

La MUD está tratando de activar una disposición de la constitución de 1999, introducida por el mismo Chávez, que permitiría revocar el mandato de Nicolás Maduro. Para que eso pase, y bajo las reglas elaboradas por el CNE después de que Chávez casi fuera depuesto de esta forma en 2004, los partidarios que promuevan esta iniciativa deben antes obtener la firma de al menos el 1% del electorado. Una vez que estas firmas hayan sido validadas, la oposición tendría permiso para pedir al 20% de los votantes que secunden la petición de referéndum.

Pero el CNE, controlado por el Gobierno, está poniendo todos los obstáculos posibles para demorar la iniciativa, ya sea buscando pretextos absurdos como anulando las firmas de las personas que no firmaron en ...