Las serias acusaciones de corruptelas en las que está envuelta EULEX mina la credibilidad de la Unión en los Balcanes.

Durante las últimas semanas no dejan de aparecer inquietantes noticias y rumores sobre posibles casos de corrupción en el seno de la misión de la UE en Kosovo (EULEX). Efectivamente, el pasado mes de octubre el periódico kosovar Koha Ditore publicaba algunos detalles de archivos internos de la misión que demostraban que los algunos funcionarios aceptaban sobornos de mafias kosovares para bloquear los juicios a sospechosos criminales, así como para proceder a la anulación de pruebas por parte de EULEX. Aquí estallaba el escándalo.
Inmediatamente después de la publicación de esta noticia se suspendía a Maria Bamieh, fiscal especial de la misión, por haber proporcionado tales documentos a la prensa, algo que tanto ella como el periódico afectado han negado de manera contundente.
Sin embargo, este tema no era algo nuevo, las denuncias de Maria Bamieh se remontan hasta 2012, donde acusaba a algunos colegas de haber cerrado casos a cambio de dinero. Acusaba más concretamente al juez italiano Francesco Florit de haber recibido en torno a 300.000 euros para poner en libertad a tres procesados por asesinato. Las pruebas que mostraba esta fiscal eran unas transcripciones telefónicas donde se constataba que el juez se había desplazado a Albania para cobrar el soborno. En 2013 estos hechos se vieron corroborados por la declaración del hermano de uno de los procesados que manifestó que el dinero se le había dado al funcionario en el puerto de Durres, “pensamos que 300.000 euros serían suficientes para liberar a los tres hombres, pero sucedió que el juez nos dijo que el dinero sólo era suficiente para liberar a uno de ellos (…)”, según declaraciones realizadas a EULEX el 25 de junio. Por supuesto, el juez Florit se ha defendido alegando celos profesionales y malas relaciones con su acusadora.
Bamieh también acusó al jefe de la misión, fiscal especial, Jonathan Ratel, de obstruir una de sus investigaciones en torno a un diputado kosovar, Azem Syla, del Partido Demócrata, acusado de adquirir de manera ilegal tierras ganando millones de euros.
A pesar de las denuncias nunca se investigaron las acusaciones. El Servicio de Acción Exterior Europeo (EEAS) no abrió diligencias de acusaciones tan graves hasta un año después, en 2013.
Y así estaban las cosas hasta que un periódico local publicó la noticia. Nada había trascendido hasta ese momento a la opinión pública kosovar, tampoco a la europea y, por lo que parece, tampoco a los órganos competentes de la UE, tal y como constata la carta remitida el pasado día 5 de noviembre a la Alta Representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, por Elmar Bok, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Ulrike Lunacek, Vicepresidenta del Parlamento Europeo y Vocal de la Delegación para las Relaciones ...
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