En el contexto de un sangriento conflicto militar que dura más de medio siglo, las mujeres, los menores y los miembros de la comunidad LGTB han llevado la peor parte.

Una mujer y sus dos hijos en la provincia colombiana de Antioquía. Luis Acosta/AFP/Getty Images
Una mujer y sus dos hijos en la provincia colombiana de Antioquía. Luis Acosta/AFP/Getty Images

Durante más de medio siglo Colombia  ha vivido un contexto de conflicto armado en el que grupos paramilitares, guerrillas, fuerzas armadas y bandas de narcotraficantes han perpetrado secuestros, desplazamientos, muertes, desaparecidos, amenazas, hostigamiento a comunidades y todo tipo de crímenes contra la humanidad. Sin embargo, ha habido otra cara de esa violencia generalizada y sistemática que ha permanecido más invisibilidad: la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños.

Los cuerpos de las mujeres se han utilizado como un arma de guerra, como denunció un informe de Oxfam-Intermón. Aunque la estigmatización y el miedo han llevado a la mayoría de ellas a callar, poco a poco se ha ido desvelando cómo los diferentes actores armados han utilizado prácticas aberrantes, que van desde la violación hasta la obligación a prostituirse o los abortos forzados. El pico de esta violencia es probablemente el control de comunidades enteras por grupos paramilitares en la primera mitad de los años 2000, cuando en las zonas más afectadas por el conflicto, como el Cauca y los Montes de María, las mujeres fueron utilizadas como esclavas sexuales y obligadas a realizar las tareas domésticas.

“Dividieron a las familias. Si un paramilitar se interesaba por una mujer, la violaba y la obligaba a quedarse por la fuerza, o ella se iba para evitarle problemas a su marido. A muchas las han prostituido así. Y sigue pasando. Unas hablan, otras callan. Cuando salgan de prisión algunos de ellos, ¿cómo se sentirán esas mujeres cuando tengan que encontrarse frente a ellos en la calle?”, relata Pedro (nombre ficticio), vecino de una comunidad de Montes de María, un territorio muy afectado por la violencia paramilitar en la pasada década.

En una comunidad cercana, Carmen (nombre ficticio) narra su experiencia: “A las mujeres nos ha tocado la peor parte. Muchas fuimos víctimas de violencia sexual. Eso es un dolor profundo, un trauma que es físico y mental, que está muy adentro. Una siente que tuvo la culpa, que no vale nada”. Hablar es difícil: por el miedo a los victimarios, y también por el temor al rechazo y la estigmatización de la propia familia, de la comunidad; por eso, muchas optaron por marcharse a la ciudad a trabajar como empleadas domésticas. Poco a poco, algunas comienzan a hablar: “Hemos venido renaciendo con un proceso de mujeres, yo quisiera que todas pudieran, como yo, sentirse mejor, con ayuda de terapeutas, de psicológicos, con el bien que nos hace hablar”, explica Carmen. En estas comunidades destacan la labor de las organizaciones de base, pero cuestionan el papel del Estado: “No nos ha llegado un peso del presupuesto que, supuestamente, es para reparar a las víctimas”.

 

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