¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta el país?
La reciente reelección del presidente Klaus Iohannis, quien se ha mostrado como un firme defensor del Estado de derecho, proporciona a Rumanía la estabilidad que tanto necesita. Aunque su economía ha ido creciendo, el país se enfrenta a múltiples desafíos, incluyendo un sistema político inestable, una corrupción desenfrenada, ataques al Estado de derecho y una libertad de prensa en declive.
La nueva coalición de gobierno, liderada por el primer ministro Ludovic Orban, se posiciona como una defensora del Estado de derecho y cuenta con el apoyo del presidente Iohannis. Sin embargo, esta coalición es extremadamente diversa ya que está compuesta por todas las fuerzas que se opusieron a los excomunistas del Partido Socialdemócrata (PSD) y es posible que no sobreviva hasta el final de su mandato previsto para finales de 2020 o principios de 2021.
Al mismo tiempo, la creciente fuerza y popularidad del movimiento anticorrupción y del partido Unión Salvar Rumanía, que se construyó sobre la base de este, sugieren que el país puede estar dando un giro positivo en su lucha contra la corrupción.
Economía en crecimiento y corrupción política
Tras su violento derrocamiento del comunismo, marcado por una guerra civil en 1989, Rumanía nunca ha sido vista como uno de los Estados miembros estables del bloque. Sin embargo, hasta hace poco se consideraba al país como una estrella emergente en Europa Central, superando a otros antiguos Estados comunistas en tasas de crecimiento y actitud proeuropea. Si bien Rumanía sigue siendo uno de los países miembros más pobres de la UE (solo Bulgaria es más pobre si consideramos la renta per cápita), ha experimentado tasas de crecimiento dinámico en los últimos años de un promedio de más del 5% anual. El desempleo, que se sitúa al nivel del 4,1%, es uno de los más bajos de la Unión. Los rumanos también se han caracterizado por su actitud proeuropea y, hasta hace poco, mantenían relaciones más fluidas con Bruselas que los gobiernos euroescépticos de Hungría y Polonia.
Sin embargo, desde que el excomunista PSD ganó las elecciones en 2016, la política del país se ha vuelto más volátil y su discurso más radical, ajustándose cada vez más al patrón regional de crecimiento del populismo marcado por los ataques al Estado de derecho, el declive de la libertad de prensa y la incitación a las actitudes anti LGBT.
Después de las elecciones de 2016, el excomunista PSD formó un gobierno de coalición con un partido supuestamente liberal que se hacía llamar ALDE. Si bien la coalición se aseguró una mayoría estable e inicialmente contó con el apoyo del partido de centroderecha de la minoría húngara, UDMR, desde el principio estuvo envuelta en acusaciones de corrupción y se llevaron a cabo investigaciones criminales contra algunos de sus miembros más prominentes, incluido el líder del PSD, Liviu Dragnea. Aunque su partido ganó las elecciones, Dragnea no pudo convertirse en primer ministro debido a las acusaciones de fraude electoral y corrupción. En consecuencia, Dragnea continuó gobernando entre bambalinas a través de una sucesión de primeros ministros. Durante el periodo 2017-2019, Rumanía tuvo tres: Sorin Grindeanu, Mihail Tudose y Viorica Dancila. Los dos primeros gobernaron entre 2017 y 2018 y fueron expulsados por su propio partido, mientras que Viorica Dancila renunció para postularse a la presidencia en noviembre de 2019.
El periodo de dominio del PSD estuvo marcado por numerosos intentos de quebrar la independencia judicial y de hacer que se retiraran los cargos de corrupción contra Dragnea y otras figuras destacadas del partido. En junio de 2018, el Parlamento dominado por el PSD aprobó varias medidas para obstaculizar las medidas anticorrupción, incluida una ley que en la práctica despenalizaba la corrupción. El gobierno también intentó debilitar los esfuerzos anticorrupción al despedir a la fiscal general de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía, Laura Codruta Kovesi.
La Comisión Europea y los propios tribunales de Rumanía protestaron inmediatamente contra las leyes que despenalizaban la corrupción. La Comisión, que para entonces ya había abierto un procedimiento por quebrantamiento del Estado de derecho contra Polonia y Hungría, solicitó aclaraciones a la primera ministra Dancila y amenazó con extender el procedimiento a Rumanía, lo que habría sido bastante humillante para el país, que en ese momento ostentaba la presidencia rotativa de la UE. El Gobierno también entró en conflicto con la UE por su trato a Laura Kovesi, tratando de evitar que se convierta en primera fiscal jefe de la Unión e incluso prohibiéndole que abandonara el país.
A medida que el gobierno del PSD se dedicaba a agravar su conflicto con la Comisión Europea, su actitud, antes abiertamente proeuropea, fue reemplazada por un tipo de retórica ya conocida en Polonia y Hungría basada en argumentar que la UE discriminaba injustamente a Rumanía. Por ejemplo, cuando la primera ministra Dancila fue llamada a testificar en el Parlamento Europeo para responder a las acusaciones de ataques al Estado de derecho, esta declaró: “No estoy aquí para rendir cuentas. Pido respeto para Rumanía”. Por su parte, Dragnea afirmó: “Rumanía ya no aceptará ser tratado como un país de segunda categoría”.
El PSD y su aliado ALDE también decidieron emplear otro método típico de los populistas: el fomento del sentimiento anti LGBT. En septiembre de 2018, el Tribunal Constitucional de Rumanía dictaminó que las parejas LGBT deberían tener los mismos derechos en el país, incluido el matrimonio, que las parejas heterosexuales. El Gobierno se opuso al fallo del tribunal y convocó un referéndum sobre el asunto (celebrado menos de dos semanas después de la sentencia) en el que se les preguntó a los ciudadanos si aprobaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. No obstante, el referéndum no fue válido debido a la baja participación. Solo votaron el 21% de los electores rumanos, mientras que el nivel mínimo requerido para que un referéndum sea válido en el país debe superar es del 30%.
Frágil estabilidad
Los ataques del gobierno del PSD al Estado de derecho y sus esfuerzos para despenalizar la corrupción fueron activamente rechazados por el presidente Klaus Iohannis, lo que aumentó su popularidad y en última instancia llevó a la caída del gobierno liderado por el PSD.
El periodo de dominio del PSD terminó a finales de noviembre de 2019. Primero, el gobierno liderado por el PSD fue reemplazado por una coalición de todos los demás partidos en el Parlamento rumano que apoyó a un candidato del Partido Liberal Nacional, Ludovic Orban, para el cargo de primer ministro. En las elecciones presidenciales posteriores, celebradas el 24 de noviembre, el actual presidente, Klaus Iohannis, logró el 63% de los votos y derrotó con contundencia al candidato de los socialdemócratas (PSD), la exprimera ministra Viorica Dancila, quien obtuvo solo el 37% de los votos, el peor resultado logrado jamás por su partido.
Estos últimos acontecimientos que han tenido lugar en la escena política rumana parecen mostrar que el país se ha puesto en marcha para defender su Estado de derecho y su reputación proeuropea. Sin embargo, la estabilidad recientemente alcanzada sigue siendo muy frágil. La mayoría que depuso al gobierno del PSD y votó a favor de Ludovic Orban es muy débil. 240 votaron a favor de Orban y 233 (todos del PSD) se opusieron. Además, la mayoría actual es extremadamente diversa e incluye partidos de todas las corrientes ideológicas posibles en Rumanía, incluidos algunos parlamentarios escindidos del PSD. Es más, aunque el Partido Liberal Nacional se está beneficiando actualmente de la corriente anticorrupción en Rumanía, el partido gobernó junto con el PSD antes de 2016 y en ese momento también fue acusado de participar en prácticas corruptas.
El sistema político de Rumanía no se ha llegado a consolidar desde los cambios de 1989, y el excomunista PSD ha dominado la política nacional durante la mayor parte de los últimos 30 años. Incluso en los raros intervalos en los que el PSD no está en el gobierno, ejerce el poder a través de oligarcas leales al partido que también han dominado el mundo de los medios de comunicación. Los últimos años han sido testigos de un conflicto cada vez más intenso entre el PSD y las instituciones del Estado de derecho. La corrupción endémica del PSD se traduce en que el partido y, en particular, su líder, Liviu Dragnea, continuarán sus ataques a las instituciones del Estado de derecho, en los que será apoyado por la mayoría de los medios de comunicación rumanos. También se espera que para consolidar su base de apoyo, el PSD apele a sentimientos xenófobos y anti LGBT, una táctica ampliamente utilizada en los países del antiguo bloque comunista.
