Desde la victoria de Narendra Modi en las elecciones generales de 2019, varios acontecimientos llevan a pensar que la democracia en India está en retroceso. Éste es un país complejo, por su heterogeneidad, por su herencia colonial y por su gran tamaño, no solo geográfico, sino también poblacional. ¿Cómo puede medirse el éxito o fracaso de la democracia en India?
Existe un disenso generalizado de qué elementos son válidos para probar que India pertenece al club democrático. Para el liberalismo clásico, este sistema está destinado al fracaso. En el pensamiento de John Stuart Mill (1861) o Selig S. Harrison (1960), la diversidad étnica y lingüística de este país harían fracasar la democracia. En cambio, quienes priorizan la democracia plebiscitaria, alaban su éxito. Christophe Jaffrelot (2019) describe el sistema indio como una democracia mayoritaria, mientras que para el sociólogo André Béteille (2012) es una democracia populista. El politólogo Arendt Lijphart (1996) la describió como una democracia consociacional. Incluso John Kenneth Galbraith acuñó el término “anarquía funcional” para describir el sistema de gobierno indio durante su tiempo como embajador de EE UU en Delhi (1961-1963).
Evolución e involución: más de siete décadas de democracia
Desde la aprobación de la primera Constitución (1950) a la convocatoria de las primeras elecciones (1951-1952), la profundización de la experiencia democrática en India ha provocado cambios profundos. Inicialmente, el sistema estaba caracterizado por un partido mayoritario (el Congreso indio, también conocido como Congreso), en el que el centro (Delhi), las castas altas y las clases profesionales dominaban la escena política. Eso sí, la participación de las masas ha sido una constante desde época colonial, y tal vez, un elemento diferenciador. El principio consociacional (repartición de poderes) que describe Lijphart se basó en una suerte de federalismo lingüístico. El compromiso del Primer Ministro Jawaharlal Nehru (1947-1964) de mantener la “unidad en la diversidad” fue fundamental a la hora de establecer las unidades administrativas (India como una unión de estados) en base a las lenguas principales. El partido del Congreso en el poder, a pesar de ser mayoritario, mantuvo porcentajes proporcionales de representación como protección de las minorías lingüísticas, étnicas y religiosas.
A partir de los 70 y los 80, la evolución vendría marcada por los cambios en el Congreso, bajo el liderazgo de la hija de Nehru, Indira Gandhi, que fue asesinada en 1984. Con Indira, el Congreso pasó de ser un partido de consenso a uno jerárquico y centralizado. En estas décadas, aumentaron las fuerzas políticas subnacionales (estatales). En lo social, también crecían los grupos de presión que demandaban mayor participación en el sistema. A través de la denominada “revolución silenciosa”, las castas registradas (Scheduled Castes, SC, también conocidas como dalits) y las tribus registradas (Schedules Tribes, ST) rechazaban su marginación y se politizaban. La fórmula mandal introdujo acciones afirmativas para SC y ST, y desde 1987, se ampliaron a Otras Clases Marginadas (Other Backward Classes, OBC), con la reserva de puestos en la administración y la educación superior. Esto llevó a protestas multitudinarias de las castas superiores, que se oponían a las cuotas de reserva.
Tras las elecciones en 1989 y 1991, hubo un punto de inflexión. India pasó de ser un país con un partido dominante a uno multipartidista. A la debilidad de la formación política hegemónica (especialmente tras el asesinato de Rajiv Gandhi en 1991), hay que sumarle la tendencia a un mandato fraccionado entre diversos partidos regionales con agendas locales. El Partido Popular Indio (Bharatija Janata Party, BJP, fundado en 1984) se convirtió en la segunda fuerza política en las elecciones de 1991 gracias al uso de la agenda mandir (instigación al odio entre hindúes y musulmanes). Desde el principio, el BJP fue un partido anticonsociacional, prefiriendo el control mayoritario que, además, facilita el sistema electoral (First-Past-The-Post).
Los movimientos de oposición al laicismo empezaron a ganar terreno, a atacar a las minorías y la cultura (periodistas, académicos). No era nuevo, pero empezaba a ser sancionado por las autoridades. La participación del presidente del BJP, L.K. Advani, en una procesión (yatra) a Ayodhya para movilizar a la población hindú en favor de la construcción de un templo al dios Rama, marcaron el giro radical de la política de la Hindutva. La agenda mandir alcanzó su clímax con la demolición de la mezquita Babri en 1992 (Ayodhya) e introdujo un factor increíblemente volátil. En lo económico, las políticas de liberalización contribuyeron a la cesión de competencias antes en manos del Estado a las empresas multinacionales. Surgió una clase que se benefició de estas medidas, formada por grupos de negocios, una nueva elite político-burocrática y las ascendentes clases medias. Pero el crecimiento económico no se tradujo en beneficios para los más desfavorecidos.
Un ejercicio de clasificación: India como democracia defectiva
Para establecer un análisis más cercano a la experiencia de la India democrática, las clasificaciones de Wolfgang Merkel (2004) son especialmente útiles a la hora de definir el sistema de una forma más exhaustiva. Los cinco regímenes parciales que establece para analizar la integridad de una democracia son la existencia de un régimen electoral democrático, derechos políticos de participación, derechos civiles, rendición de cuentas horizontal y que la garantía del poder efectivo para gobernar recaiga en manos de los representantes políticos electos. No solo se tienen que dar todos, sino que los cinco deben interactuar para garantizarse entre sí.
Que India es la democracia más grande del mundo es un hecho avalado por las cifras. Las decimoquintas elecciones de 2019 para los 543 escaños del Parlamento (Lok Sabhao Casa del Pueblo, la cámara baja) obtuvo una participación del 67% de los 900 millones de votantes registrados, en unos comicios que tuvieron lugar en algo más de cinco semanas. Sin duda, la magnitud es impresionante. El quinto de los regímenes también se cumple. En India, los representantes políticos que surgen de los comicios son quienes gobiernan, sin que haya injerencias significativas de terceros. Pero la democracia no solo tiene que ser procedimental. Entre elecciones, debe haber garantías de que los gobernantes electos estén supeditados a principios democráticos y constitucionales. Es en los restantes tres regímenes donde el país está fallando.
Los derechos políticos de participación (lo que Ramachandra Guha califica como el software de la democracia), la libertad de expresión, opinión, el derecho de asociación y manifestación se han visto negativamente afectados. Hay tres hechos recientes que han marcado el retroceso: la revocación del artículo 370 de la Constitución, que garantizaba un estatus especial a la región de Yammu y Cachemira; la eliminación de la ciudadanía de cerca de 2 millones de residentes (mayoritariamente musulmanes) en el estado de Assam; y la aprobación de la nueva ley de ciudadanía con un carácter también discriminatorio. Estos pasos se dieron gracias a la mayoría absoluta que consiguió el BJP: 303 escaños de los 353 obtenidos por la coalición de la Alianza Nacional Democrática (25 partidos políticos). En los anteriores mandatos, la necesidad de compartir el poder con los otros moderaba su posición.
En relación a los derechos civiles y la ley, el Estado está limitado en el ejercicio del poder a los derechos constitucionales. La Constitución de India, que en noviembre de 2019 cumplió 70 años, declara en su preámbulo que es una República Soberana, Democrática, Laica y Socialista y segura para todos sus ciudadanos, en la que prevalecerá “la Justicia (social, económica y política), la Libertad (de pensamiento, expresión, fe y credo); la Igualdad (de estatus y oportunidad); y promover entre todas ellas la Fraternidad (asegurando la dignidad del individuo y la unidad e integridad de la Nación).” El BJP y sus socios ideológicos (bajo el paraguas del Sangh Parivar, junto al RSS, Shiv Sena y VHP) hace tiempo que atacan el laicismo y que consideran que India no puede ser más que hindú.
Actualmente, el Estado central colude con la mayoría de la población en la persecución del derecho civil negativo: de las libertades de los individuos que disienten, grupos de oposición y minorías. El ascenso de las clases subalternas (SC, ST y OBC) produjo una movilización de las elites y de las clases medias, que se aliaron de forma oportunista para proteger sus privilegios de clase. La Hindutva está basada en esta alianza, que se adueña de los espacios de movilización y que estima lo moral (nacional) y amoral (anti-nacional) en función de sus intereses y entendimiento de la supremacía hindú, animando a la población a actuar en consecuencia.
Este movimiento, autoproclamado como de "soberanía popular", pero más parecido a la tiranía de la mayoría de Tocqueville, busca la homogeneización y la creación de una unidad negando la diversidad. Se manufactura un “otro” como chivo expiatorio, fundamentalmente personalizado en las minorías musulmana, dalit y tribal. En las últimas manifestaciones en contra de la nueva ley de ciudadanía, se ratificó la tendencia de criminalización del disentimiento y las protestas ciudadanas, que fueron duramente reprimidas por la policía. En cambio, las protestas llevadas a cabo por los grupos de la Hindutva han contado con protección policial. Los ataques (linchamientos, asesinatos) contra musulmanes y dalits por las asociaciones de protección de la vaca (activismo iniciado en el siglo XIX por el Arya Samaj o Sociedad Aria) que se oponen al consumo de carne, su sacrificio, venta y tenencia, se han visto respaldadas por la inacción policial y judicial. En lo legislativo, la aprobación de la Ley de Protección de la Vaca (2017), que penaliza el maltrato y sacrificio de vacas con la pena de muerte, ha dado alas a sus defensores.
Finalmente, esta falta de rendición de cuentas horizontal y vertical prueban el carácter defectivo de la democracia india, que se debate entre un modelo iliberal y uno delegativo. El primer ministro Modi no fue juzgado por su papel en los pogromos antimusulmanes de Gujarat en 2002. No le pasó factura en las elecciones de 2014. En cambio, se ha erigido como un líder carismático. Con la revocación del Artículo 370, demostró estas credenciales al evitar el principio de legalidad eludiendo el Parlamento (el estatal, dado que contaba con la mayoría en Delhi) y desequilibrando la balanza de poder a favor del Ejecutivo. No ha dudado en recurrir a medidas extremas, como la imposición de estado de excepción o la interrupción de las comunicaciones, que hacen de India el país del planeta con mayor tendencia a bloquear Internet, impidiendo el libre acceso a la información.
La impunidad con que Modi actúa, junto a sus socios de gobierno, hace temer que India no esté en una transición temporal, sino que estos rasgos defectivos den paso a un sistema duradero que dañe aún más el débil equilibrio democrático. Es difícil prever si la política de identidad prevalecerá en la vida pública con un futuro cambio de gobierno. El Partido del Congreso tiene poco tiempo para rehacerse y encontrar una ideología que contrarreste el poder de la Hindutva. Mientras tanto, la aún vibrante sociedad civil está perpleja al comprobar cómo, cada vez más, sus espacios de protesta y la libertad de expresión son coartados en aras de una percepción mayoritaria de lo nacional.
