Manifestación pidiendo una más rápida transformación de las fuentes de energías renovables en Alemania. (Carsten Koall/Getty Images)
Manifestación pidiendo una más rápida transformación de las fuentes de energías renovables en Alemania. (Carsten Koall/Getty Images)

Ha llegado la hora de cambiar la forma en la que nos relacionamos con la energía, recuperar la soberanía sobre ella y pasar de consumidores autómatas a usuarios de energía.

El presidente de la Fundación Renovables y ex director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Domingo Jiménez Beltrán, suele decir siempre, refiriéndose a la descarbonización de la economía y al cambio de modelo energético que conlleva, que “el cambio climático nos obliga a hacer lo que en cualquier caso tendríamos que hacer”. Efectivamente, mal que les pese a los jerarcas del oligopolio energético, estamos iniciando la senda de una transición energética que la lógica y el sentido común imponían desde hace décadas y que solo hemos empezado a tomarnos en serio tras comprobar que los efectos del cambio climático son una realidad y no solo un pronóstico agorero de unos “ecologistas radicales” como se ha considerado hasta hace dos días.

Teníamos que llevar a cabo ese cambio de modelo energético por razones medioambientales, de supervivencia cabría decir; por motivos estratégicos porque no podíamos seguir tolerando que el control de los recursos energéticos fuera el detonante de la mayor parte de los conflictos internacionales; pero también teníamos que hacer lo que ahora empezamos a hacer por razones económicas porque, frente al mito de la energía barata que ha imperado en la era de los combustibles fósiles, lo que ha supuesto en realidad este modelo basado en la combustión de petróleo, gas y carbón ha sido un inmenso trasvase de rentas de unos países a otros -los que controlaban esos recursos- y de los bolsillos de los ciudadanos a la cuenta de resultados de la docena de empresas que explotan dichos recursos. En el primer caso ha servido para que, a la postre, los países productores de hidrocarburos hayan acabado siendo dueños, a través de sus fondos de inversión, de una importantísima parte de nuestra economía y en el segundo, para convertirnos en sumisos y ciegos consumidores de un bien básico como lo es la energía.

El ahorro, la eficiencia y las renovables como pilares de ese nuevo modelo energético que se va a imponer (mucho más rápidamente de lo que las siempre conservadoras prospectivas indican) supone, por una parte, un cambio de la relación entre nosotros y el planeta -qué es, sin duda, el aspecto más importante- y, por otra, de las relaciones internacionales, por un cambio radical de escenario en el que no se trata de controlar los recursos sino la tecnología que permite usar lo que la naturaleza nos ofrece. Pero también supone una revolución que nos permite hablar de una geopolítica “social” de las renovables.

Y esa revolución no es otra que la posibilidad que se abre a que esos ciudadanos cautivos a los que hacía referencia se conviertan en productores de su propia energía, en gestores de la misma y de sus relaciones con el sistema, y, por último, en USUARIOS de la energía. Sí, usuarios y no consumidores autómatas. Usuario es un término que debe implicar racionalidad, inteligencia, responsabilidad en la forma en que nos relacionamos con la energía. Se trata de empoderarnos de un aspecto fundamental de nuestra vida, de recuperar la soberanía sobre él.

Pero de la misma forma que hablamos de ciudadanos, lo podemos hacer de empresas pequeñas, medianas o grandes y de cualquier tipo de entidad, que van a tener, que tienen ya, la posibilidad de dotarse de un sistema propio de producción que les permita, entre otras cosas, controlar sus gastos energéticos a medio y largo plazo.

Es una revolución, efectivamente, es un cambio geopolítico tan importante como necesario, pero al mismo tiempo es un proceso social disruptivo que viene de la mano de las energías renovables. Algo tan sencillo como volver a usar lo que naturaleza renueva cada día.

 

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Este proyecto ha contado con el apoyo de la Comisión Europea