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Activistas protestan contra la compañía petrolera estadounidense Chevron en el centro de Quito, Ecuador, junio de 2014. AFP/Getty Images


 

¿Saldrá adelante un tratado auspiciado por Naciones Unidas que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales?

Amenazas de muerte, persecución judicial de sindicalistas, vínculos con grupos paramilitares, implicación en el asesinato de 10 trabajadores, saqueo de recursos naturales y uso irracional del agua. Son las duras acusaciones que el sindicato Sinaltrainal, de la mano de Javier Correa, profirió en Ginebra contra la multinacional Coca-Cola. No era la primera vez: en 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ya dictaminó en contra del comportamiento de la transnacional estadounidense en Colombia. Seis años después, la firma líder en refrescos no asumió ningún tipo de responsabilidad. Tampoco lo hicieron otras corporaciones cuyos impactos fueron estudiados en el TPP celebrado el 23 de junio en Ginebra: Chevron, Shell, Glencore o la española Hidralia.


El juicio popular era una de las iniciativas preparadas por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), creada en junio de 2012 con el apoyo de más de 600 movimientos sociales y redes de 95 países. Los movimientos sociales habían preparado una semana de movilizaciones para acompañar la propuesta que llevaron Ecuador y Suráfrica ante el Consejo General de Naciones Unidas: estaba en juego la elaboración de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la resolución salió adelante y los Estados se comprometieron a crear un grupo intergubernamental en lo que queda de año.


No será fácil: el tratado se encontrará con la presión de Estados Unidos y Europa, que rechazaron la iniciativa, y con la fuerza del lobby transnacional. Pero es “un primer paso para cambiar la distribución de fuerzas” entre las multinacionales y los pueblos afectados por sus inversiones, recuerda el Transnational Institute (TNI), y para “desmantelar la idea de que los gobiernos deben defender a las empresas”, subraya en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Frente a estos argumentos, la representante de Reino Unido afirmó que semejante tratado podría “restar valor” a los inversionistas para ir a los países del Sur. El ministro de Exteriores español, José García-Margallo, resumió así su postura: “Las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse”. La pregunta es si éstas pueden vulnerar los derechos humanos de los pueblos donde operan.


La campaña Stop Impunity se articula sobre la idea de que las transnacionales disfrutan de una suerte de arquitectura legal de la impunidad: el caso de Texaco-Chevron ilustra esa realidad. En el TPP de Ginebra, el líder comunitario indígena Pablo Fajardo responsabilizó a la firma estadounidense de la “contaminación sistemática de la Amazonia ecuatoriana, que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer ...