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Activistas protestan contra la compañía petrolera estadounidense Chevron en el centro de Quito, Ecuador, junio de 2014. AFP/Getty Images


 

¿Saldrá adelante un tratado auspiciado por Naciones Unidas que garantice el respeto a los derechos humanos por parte de las multinacionales?

Amenazas de muerte, persecución judicial de sindicalistas, vínculos con grupos paramilitares, implicación en el asesinato de 10 trabajadores, saqueo de recursos naturales y uso irracional del agua. Son las duras acusaciones que el sindicato Sinaltrainal, de la mano de Javier Correa, profirió en Ginebra contra la multinacional Coca-Cola. No era la primera vez: en 2008, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ya dictaminó en contra del comportamiento de la transnacional estadounidense en Colombia. Seis años después, la firma líder en refrescos no asumió ningún tipo de responsabilidad. Tampoco lo hicieron otras corporaciones cuyos impactos fueron estudiados en el TPP celebrado el 23 de junio en Ginebra: Chevron, Shell, Glencore o la española Hidralia.


El juicio popular era una de las iniciativas preparadas por la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad (en inglés, Global Campaign to Dismantle Corporate Power & Stop Impunity), creada en junio de 2012 con el apoyo de más de 600 movimientos sociales y redes de 95 países. Los movimientos sociales habían preparado una semana de movilizaciones para acompañar la propuesta que llevaron Ecuador y Suráfrica ante el Consejo General de Naciones Unidas: estaba en juego la elaboración de un tratado internacional que supervise el respeto de los derechos humanos por parte de las compañías multinacionales. Con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones, la resolución salió adelante y los Estados se comprometieron a crear un grupo intergubernamental en lo que queda de año.


No será fácil: el tratado ...