El Ejecutivo italiano ofrece un discurso y acciones políticas moderadas, aunque algunas persiguen eliminar derechos, de cara a los socios europeos, mientras mantiene la narrativa que les llevó al gobierno.
El gobierno de Giorgia Meloni ha vuelto a ocupar portadas internacionales tras la reciente declaración del estado de emergencia para hacer frente a la llegada de inmigrantes. Para algunos analistas, la medida, cuyo objetivo principal es acelerar las deportaciones de inmigrantes, supone cruzar una línea roja que debería reavivar los justos recelos y temores que despertó su elección, que cuenta entre sus filas con neofascistas, como la propia Meloni o el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y ultraderechistas como Matteo Salvini.
Una parte significativa del atractivo electoral de Giorgia Meloni para muchos votantes fue la promesa de que, si ganaba, el nuevo Gobierno ultraderechista iba a imponer límites estrictos a la inmigración. En los primeros meses de mandato, se promulgaron de hecho nuevas medidas que complicaron el rescate de los migrantes por parte de las ONG, obligando a los barcos de rescate a recorrer, en ocasiones, cientos de kilómetros para poder desembarcarlos. De poco sirvieron las protestas de las propias ONG o del Consejo de Europa contra el decreto gubernamental. En ese contexto de tensión se inició 2023, que está registrando un número de llegadas de inmigrantes altísimo. Algo más de 30.000 por mar hasta las costas italianas en los primeros tres meses del año –un 300% respecto a 2022–, de las que 13.000 se produjeron solo en marzo (con fecha de 16 de marzo, habían llegado a España por mar en estos primeros meses de 2023 algo menos de 4.000 inmigrantes). A finales de febrero tuvo lugar uno de los naufragios más graves de la historia reciente, con casi 100 inmigrantes muertos tras el hundimiento de la nave precaria que les llevaba hasta las costas de Calabria (la mayoría de migrantes suelen dirigirse hacia Sicilia). Sólo la presión mediática hizo que el Gobierno enviase a representantes de alto rango al entierro, incluida la propia Meloni. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, el primer trimestre del año ha sido el más mortífero desde 2017 en la ruta migratoria Mediterránea, con 441 muertes de inmigrantes documentadas. Si en 2022 ya se registraron en todas las fronteras europeas las cifras más altas de llegadas de inmigrantes desde 2016, de seguir así la tendencia, en este 2023 podrían alcanzarse cifras inéditas.
Los países del sur de Europa llevan años exigiendo a la UE que se implemente un programa de migración y asilo en el flanco sur con responsabilidades compartidas entre todos los países de la Unión (en la reciente visita del presidente español, Pedro Sánchez, a Roma ambos mandatarios coincidieron en eso).
La UE, por su parte, se defiende diciendo que Italia es de los mayores receptores de ayuda económica y logística –de Frontex y Europol, por ejemplo– para la gestión y control de la inmigración irregular. Las políticas europeas son, sin embargo, claramente insuficientes, y el consenso en el Consejo para mejorarlas, algo improbable hasta la fecha. El mecanismo voluntario de reubicación de inmigrantes entre los Estados miembro es apenas testimonial y las negociaciones para un Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo permanecen estancadas.
La última respuesta del Gobierno Meloni ha sido decretar un estado de emergencia migratoria durante seis meses. Una figura legal ya usada por el Gobierno Berlusconi en 2011. A falta de saber en qué se concretará ese estado de emergencia –prorrogable–, la medida permitirá a las autoridades una mayor flexibilidad a la hora de usar fondos públicos. El temor justificado de las ONG es que en los próximos meses se incumplan las obligaciones internacionales de Italia respecto a los solicitantes de asilo. Lo que parece casi seguro es que la medida tiene como objetivo principal acelerar las deportaciones de inmigrantes. La propia Meloni ha señalado ya que quieren eliminar la protección especial a los solicitantes de asilo, argumentando que sólo existe en Italia, cuando la realidad es que la hay en otros 11 países de la UE y, en muchos de ellos, como Alemania, España o Irlanda se aplica más generosamente que en el país transalpino. Unos días después de decretar la emergencia, la Primera Ministra italiana viajó a Etiopía –donde se reunió también con el Presidente de Somalia– para reforzar la cooperación en asuntos migratorios. Unos meses antes, en enero, había viajado ya a Argelia y a Libia para asegurarse dos cosas: suministro energético y control migratorio. En este sentido, el Gobierno Italiano sigue el manual de otros países de la vecindad sur, como España. También de la UE que lleva años financiando –directa e indirectamente– el control migratorio en los países del norteafricanos y del Sahel, además de con Turquía. La cuestión será ver cómo gestiona Roma ese estado de emergencia: si respetará los tratados internacionales en materia de derechos humanos o si se cometerán excesos, como los ya documentados en las fronteras de Croacia –que el pasado enero se integró en Schengen– y Grecia o en los fríos bosques polacos y húngaros donde se lleva tiempo documentando devoluciones en caliente (Frontex llegó a suspender en 2021 su misión en Hungría por esta causa).
El temor de que Italia opte por la estrategia de Visegrado es fundado. En los próximos meses veremos por qué hoja de ruta opta. De momento, se sitúa a medio camino entre Visegrado y Bruselas, y no sólo en las cuestiones migratorias.
¿Euros domesticadores?
La UE, en especial desde el inicio de la guerra en Ucrania, no ha podido enfrentarse a las derivas antidemocráticas en Hungría y Polonia de un modo ni rápido ni eficiente. La única herramienta de negociación ha sido la económica. Las amenazas de congelación de fondos europeos han logrado cambios recientes de rumbo político en Polonia, en buena medida gracias a que estamos en año electoral y a que la oposición se ha reunificado con ciertas opciones de disputar el poder. El húngaro Viktor Orban, por su parte, ha jugado bien sus bazas de negociación a cambio de facilitar la gestión de la guerra ucraniana tras la invasión rusa. El conflicto entre Budapest y Bruselas no se ha resuelto, pero está menos enconado. Dinero y geopolítica acercan posiciones hasta hace no mucho irreconciliables.
Meloni parece haber aprendido de los casos polaco y húngaro. Su Gobierno necesita dinero y Bruselas es el único agente capaz de entregárselo. ¿Qué sentido tendría emprender una confrontación ideológica antes de cobrarlo? Así que, de momento, y ya desde su primer viaje a Bruselas, la Primera Ministra italiana se ha mostrado conciliadora, más allá de exabruptos puntuales como algunas declaraciones institucionales promovidas por su partido en el Senado y Parlamento, que no afectan a asuntos claves, o al menos no de un modo abiertamente radical en comparación con acciones de otros gobiernos europeos.
A punto de cumplir seis meses en el cargo, el Gobierno de Meloni está teniendo serias dificultades para gestionar una economía que no termina de encontrar el buen ritmo deseado tras el parón de la pandemia. El Ejecutivo italiano presentó la semana pasada su programa económico para este año. Sigue una línea continuista de austeridad respecto a los anteriores gobiernos: aparte de reducir cotizaciones sociales para poner más dinero en los bolsillos de los trabajadores, no hay mucho margen de maniobra con una deuda pública que supera el 140% (en España, uno de los países UE más endeudados, ronda el 115%) y unas previsiones de crecimiento económico raquíticas. El mayor obstáculo para aprovecharse de dichos fondos es, de momento, la falta de coordinación entre los miembros del gobierno de coalición. A pesar de necesitar urgentemente los fondos europeos para obtener dinero para inversiones, la coalición –conformada, además de por el partido de Meloni, Fratelli d’Italia, por Forza Italia de Berlusconi y la Lega dirigida por Matteo Salvini– no se termina de ponerse de acuerdo sobre el plan de gasto de los fondos. Unas discrepancias que, además de percibirse como una debilidad del Ejecutivo, se han sumado a problemas de evaluación por parte de Bruselas de medidas presentadas por el Gobierno de Mario Draghi, lo que ha motivado una prórroga pactada con la UE para presentar nuevas medidas que reciban el visto bueno europeo. No hay hasta la fecha ningún argumento que permita intuir que el acuerdo entre Roma y Bruselas para el desembolso de la próxima remesa económica no se vaya a producir más temprano que tarde.
El interés económico de Italia no es la única motivación de Meloni. Con elecciones europeas en 2024, y con los dos grandes bloques políticos –Partido Popular Europeo y los Socialistas– con escasa diferencia de votos en las pasadas elecciones, el líder de los Populares Europeos, el conservador bávaro Manfred Weber, lleva meses cortejando a Meloni con encuentros, declaraciones y abstenciones de voto en el Parlamento europeo favorables a al Gobierno italiano. No sólo están en juego los escaños en el europarlamento sino la reconfiguración postelectoral de la UE con la atribución de altos cargos claves en el complejo engranaje de los asuntos bruselenses. Este acercamiento, sin embargo, dependerá de que el Gobierno de Meloni se mantenga dentro de unos parámetros políticos que no resulten aberrantes a la mayoría de los populares europeos. No parece algo demasiado difícil, considerando que Forza Italia, de Silvio Berlusconi –quien ejerció como eurodiputado recientemente entre 2019 y 2022–, ha sido un partido clave dentro de los populares europeos (el Fidesz de Orban lo fue hasta 2021). El margen de maniobra de Meloni, por tanto, para seguir siendo electoralmente atractiva para los conservadores europeos, a pesar de políticas cuestionables, es aún bastante amplio.
Acuerdos y desacuerdos
El juego que el Gobierno Meloni parece dispuesto a llevar a cabo –y de momento lo está sabiendo hacer– es el de ofrecer un discurso y unas acciones políticas moderadas de cara a los socios europeos –con algunos matices, porque algunas persiguen y están consiguiendo eliminar derechos–, al tiempo que mantiene el discurso que les permitió alcanzar el poder. Por ejemplo, cuando esta misma semana el ministro de Agricultura deslizó en su discurso la expresión “sustitución étnica”, argumentando que las italianas deberían tener más hijos para evitar la sustitución demográfica por inmigrantes. Jerga ultraderechista ejemplar. Difícilmente se escuchará esa expresión a Meloni, pero hay margen para que miembros de su partido y de la coalición campen verbalmente a sus anchas (en diciembre el propio Tajani, Vicepresidente del Gobierno, tuvo que salir a cuestionar a su líder, Berlusconi, tras sus declaraciones en favor de Vladímir Putin). A fin de cuentas, muchos votantes eligieron con todas las consecuencias a esos gobernantes, y hay que evitar que se desconecten alimentando las guerras culturales y mostrando toda la firmeza retórica y parlamentaria que sea posible sin incendiar con ello los puentes con Bruselas.
Otro ejemplo más se produjo a cuenta de los derechos de filiación de los hijos de parejas homosexuales. En diciembre de 2002, la Comisión Europea presentó una propuesta para acordar una Reglamento europeo que garantice el reconocimiento de la filiación de los padres del mismo sexo en toda la Unión. El objetivo es armonizar los derechos de las parejas homosexuales con hijos para facilitar el reconocimiento de derechos transfronterizos, ahora dispares. El pasado marzo, sin embargo, el partido de Meloni, Fratelli d’Italia promovió una votación en el Senado para rechazar expresamente esa futura regulación tal y como está planteada por la Comisión. Entre los motivos esgrimidos está el de evitar que se recurra a la gestación subrogada. Poco después, los Prefectos –figura similar a la de los Delegados del Gobierno en España– enviaron cartas a los Ayuntamientos pidiéndoles que dejen de inscribir la filiación de los hijos nacidos fuera del territorio italiano, añadiendo que tampoco se deberán inscribir los hijos de parejas de lesbianas nacidos en territorio italiano. Para la comunidad LGTBI esta medida supone una ataque a sus derechos y ya se han manifestado en las calles de varias ciudades. Algunos de los alcaldes de las principales urbes del país han pedido al Gobierno que reconsidere su negativa, para evitar la desprotección de los hijos. También se ha manifestado en este sentido el Parlamento Europeo. Todo lo relacionado con la gestación subrogada –cuyo contrato es ilegal en Italia, España y otros países– no deja de ser un tema polémico, pero que no cruza una línea roja absoluta.
El Gobierno italiano tampoco acepta la Agenda 2030 europea. Pero hasta la fecha, además de prohibir la comercialización de carne sintética y de sustituir el nombre del antiguo Ministerio de la Transición Ecológica por el del Ministerio del ambiente y la seguridad energética, tampoco ha buscado el enfrentamiento directo con Bruselas. Meloni ha declarado en los foros internacionales sobre el clima que Italia cuenta con cumplir sus compromisos de reducción de emisiones. Las organizaciones ecologistas lo dudan, y señalan que el Ejecutivo está más centrado en llevar a cabo políticas energéticas que medioambientales. Sí se ha entablado, sin embargo, una guerra abierta con las nuevas organizaciones ecologistas que llevan a cabo acciones espectaculares –desde bloqueos de carreteras a arrojar pintura sobre edificios y bienes culturales públicos–. Así, a comienzos de este mes, se presentó en el Senado por parte de un senador de Fratelli d’Italia una propuesta de ley que busca condenar a elevadas penas de cárcel a aquellos que utilicen total o parcialmente edificios públicos. Pero, de nuevo, ese abordaje de un problema de desobediencia civil usando el código penal no es inédito ni exclusivo de la ultraderecha. Además, esas acciones de protesta son rechazadas por la gran mayoría de partidos políticos italianos –y europeos– así como por buena parte del electorado.
Líneas rojas menos difuminadas
Más delicada resulta la actitud de algunos miembros del Gobierno respecto a los medios de comunicación. De momento, no hay leyes previstas para controlarlos –tampoco es urgente, considerando que el socio de Gobierno Berlusconi controla ya unos cuantos– pero sí se han presentado querellas contra algunos medios (una de ellas la presentó la propia Meloni cuando aún era candidata).
Recientemente europarlamentarios de varios grupos políticos –salvo del Partido Popular europeo, controlado por el alemán Manfred Webber– pidieron a la Comisión que intervenga ante lo que consideran un comportamiento inaceptable del Ejecutivo italiano respecto a los medios de comunicación.
Los motivos de la queja tienen que ver con esas querellas interpuestas por varios miembros del Gobierno contra medios. No es algo nuevo en Italia, Berlusconi ya las usó en su lucha contra aquellos que no pertenecían a su imperio mediático. Lo que ha cambiado esta vez es la participación de las fuerzas del orden. Una querella interpuesta contra el diario Domani por el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Claudio Durigon, motivó que la policía judicial entrase hace unas semanas en la redacción para secuestrar un artículo que publicaba una información sobre la condena a un extorsionador con relaciones con clanes mafiosos. El condenado, indicaba la noticia, había sido en el pasado colaborador del actual senador y subsecretario de Trabajo (obligado a dimitir en 2021 durante el Gobierno Draghi, cuando era subsecretario del Ministerio de Economía por proponer cambiar el nombre de un parque dedicado a los jueces asesinados por la mafia, Falcone y Borsellino, para que pasase a llevar el nombre del hermano de Benito Mussolini, Arnaldo Mussolini). Una acción policial que, tratándose de un medio con página web que ya había publicado el artículo a finales de enero, se considera –además de absurda desde el punto de vista de su efectividad–, como una acción de advertencia para otros medios.
La Vicepresidenta de la Comisión Europea Věra Jourová se hizo eco de la situación en Italia tras la protesta de los europarlamentarios y recordó que la Comisión propuso ya en 2021 una “Acción de la UE frente a los litigios abusivos (SLAPP) contra periodistas y activistas por los derechos humanos” que pretende evitar que los informadores y defensores de las libertades fundamentales vean obstaculizado su trabajo debido al uso abusivo de los procesos judiciales en su contra.
En paralelo, el Gobierno está batiendo récords de no comparecencia ante los medios (además de usar sobre todo decretos para impulsar sus políticas). Los Ministros evitan las ruedas de prensa y la Primera Ministra prefiere comunicarse con el electorado vía directos en su página de Facebook (Gliappunti di Meloni) que sustituyen, de facto, a las debidas ruedas de prensa. En la reciente presentación del programa económico del Ejecutivo, por ejemplo, la incomparecencia ante los medios de Meloni supuso la primera vez en 10 años que el jefe de gobierno no presentaba dicho plan ante los medios. Pero si la entrada de fuerzas del orden en un diario para secuestrar un artículo no mueve al Partido Popular europeo a censurar al Gobierno Italiano, es improbable que la falta de rendición de cuentas en las ruedas de prensa lo consiga.
Una línea roja que la propia Meloni se encargó de que su Ministro de Justicia no cruzaras en enero fue la de enfrentarse abiertamente con jueces y fiscales. La consigna: el Gobierno buscará aprobar sus reformas –algunas cuestionadas, como la reducción del valor probatorio de las escuchas policiales– pero siempre contemporizando y sin abrir un frente con la magistratura (como el que mantuvo Berlusconi abierto durante años).
Oposición interna
A nivel interno, la oposición a los impulsos ultras de la política del gobierno no termina de encontrar su némesis –más allá de las críticas de buena parte de la sociedad civil y de algunos medios críticos–. Lo más parecido a esa némesis podría ser la nueva dirigente del Partido Democrático (PD), Elly Schlein. Fue elegida a finales de febrero, contra pronóstico, en las primarias del Partido Democrático, en las que votaron tanto afiliados como simpatizantes. El efecto Schlein ha hecho mejorar a los ex socialistas (tal vez vuelvan a serlo) en las encuestas, pero aún tienen que consolidar, con una oposición activa, esa ventaja que siempre otorga la atención mediática generada por el proceso electoral interno. El PD supera al Movimiento 5 Estrellas por un pequeño porcentaje de intención de voto, aunque la nueva dirigente tendrá un trabajo complicado tratando de recuperar la frescura electoral del partido. Meloni ha reducido algo su popularidad, pero su partido se consolida en la derecha, ante la pérdida de atractivo electoral de la Lega. ¿Motivará el actual ecosistema político italiano que Meloni viré hacia el centro derecha? A tenor de estos primeros meses de gobierno es una opción. Dependerá de qué cartas políticas juegue la nueva cúpula dirigente del PD. El encargo recibido parece claro: ofrecer una alternativa de izquierdas que lidere una alternativa a la actual coalición de Gobierno. Las estrategias políticas no son fáciles con un panorama político hiperfragmentado, tanto a derecha como a izquierda .
Por lo que respecta al Presidente de la República, Sergio Mattarella, de momento no ha ejercido en esta legislatura las prerrogativas que le permiten rechazar alguna iniciativa de Gobierno si la considera inconstitucional (aunque ya se le pide que intervenga si termina aprobándose la reforma del delito de tortura que ha planteado Fratelli d’Italia y en trámite parlamentario). No sería inédito en el país que el Presidente se negase a firmar un decreto del Ejecutivo o devuelva a las cámaras legislativas una ley. Pero hasta la fecha, todas las informaciones que se han publicado hablan de una relación “cordial” y “constructiva” entre el Presidente y la Primera Ministra. Adjetivos que podrían también emplearse, como hemos visto, para definir las relaciones de Meloni con Bruselas.
