La propuesta de un gobierno de transición llevada a cabo por las FARC genera divisiones entre la izquierda parlamentaria en Colombia.

Tras un accidentado proceso de refrendación, en el que los acuerdos de paz fueron rechazados por un mínimo margen en un plebiscito nacional en septiembre y renegociados de manera exprés, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron finalmente su desarme el pasado 1 de marzo. Repartidas por 26 zonas de concentración, donde los guerrilleros entregarán la totalidad de su armamento en los próximos meses, las FARC ya preparan su tránsito a la política legal. Se espera que, a finales de mayo, la guerrilla más longeva de América Latina organice el congreso fundacional de su partido político, con el que participarán en las elecciones legislativas y presidenciales de 2018.

El precedente más cercano se dio a principios de los 90 tras la última gran desmovilización guerrillera en un país que lleva más de medio siglo inmerso en una guerra interna. El Movimiento 19 de abril (M19), la guerrilla responsable del famoso robo de la espada de Simón Bolívar, entregó las armas y fundó el partido con el mismo nombre que irrumpió con fuerza en la política parlamentaria colombiana. Tras imponerse en las elecciones constituyentes de 1991, el líder de la guerrilla y candidato electoral Carlos Pizarro fue asesinado por sicarios contratados por el paramilitarismo y el proyecto del M19 acabó por diluirse en los años posteriores.

25 años después, nadie espera que las FARC logren el apoyo electoral con el que contó entonces el M19. “[Las FARC] desaprovecharon su momento estelar de fuerza, en 1998, en las negociaciones de paz donde hubieran podido obtener muchísimo, una transformación estructural de Colombia”, opina Gustavo Petro, antiguo guerrillero del M19 y ex alcalde de Bogotá, en referencia a las fallidas negociaciones entre FARC y Gobierno desarrolladas durante cuatro años en San Vicente del Caguán. Inmediatamente después, en 2002, llegó al poder Álvaro Uribe y el conflicto alcanzó sus cotas más violentas, dejando a la guerrilla en un estado crítico.

“En esa debilidad militar iniciaron su nueva negociación, en mi opinión con muy pocos resultados. Y con una apatía muy grande de la población”, continua Petro y añade: “Este proceso de paz no desencadena en la actualidad una oleada democrática como si lo logró el M19 en el 1991. No ya por culpa de las FARC ni de sus dirigentes actuales, sino porque es el resultado histórico: la lucha armada había perdido su razón de ser hace más de una década”.

 

Del ‘uribismo’ al ‘santismo’

Una mujer protestaba contra las conversaciones del Gobierno con las FARC.
Luis Robayo/AFP/Getty Images

La llegada al poder de Uribe no supuso simplemente un giro en las políticas gubernamentales en torno al conflicto armado, apostando por una línea dura de guerra sin cuartel contra las FARC, sino la ruptura del tradicional sistema de partidos colombianos. El partido liberal (con el que Uribe rompió 2002 para iniciar su proyecto político personal) y conservador, que habían dominado el panorama político casi desde la independencia, perdieron su hegemonía en un Congreso que se ha fragmentado sustancialmente en los últimos años. Tras cumplir ocho años en la presidencia, el tiempo máximo estipulado por la legislación actual colombiana, Uribe cedió en 2010 el mando de su proyecto al que había sido su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. A pesar de haberse presentado como un candidato teóricamente continuista, Santos decidió dar un giro radical a la política interior, iniciando una negociación de paz con una guerrilla a la que hasta entonces el discurso oficial tachaba de narco-terrorista y negaba un estatus político.

La política colombiana giró desde entonces en torno al eje de la negociación con las FARC. El santismo y el urbismo pasaron a ser las dos grandes tendencias, discrepando en torno al conflicto interno y coincidiendo en sus inclinaciones neoliberales en lo económico. Por su parte, las fuerzas abiertamente de izquierdas, concentradas a nivel nacional en el Polo Democrático Alternativo y en corrientes minoritarias de los partidos verde y liberal, se mantuvieron en una posición marginal. Los partidos de ambas corrientes, la Unidad Nacional santista y el Centro Democrático uribista, buscaron atraer a las viejas y nuevas formaciones políticas que completaban el dividido arco parlamentario en las elecciones de 2014. Con la negociación con las FARC en punto muerto, la izquierda decidió dar su apoyo a la variopinta coalición que integraba la candidatura de Unidad Nacional en torno al presidente Santos. Gracias en gran parte a este apoyo contra natura de la izquierda, Santos se impuso en segunda vuelta al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga y logró una segunda y última legislatura presidencial con el mandato claro de culminar el proceso de paz y acabar por fin con la guerra.

 

El proyecto político de las FARC

El ajustado resultado del plebiscito de septiembre, no hizo sino mostrar que el país seguía claramente polarizado en torno a la paz, y las FARC son conscientes de que necesitarán alianzas que blinden el proceso en los próximos años. Timoleón Jiménez, alias Timochenko, el líder de las FARC durante esta última negociación, lanzó una propuesta tras la firma definitiva del acuerdo sobre un gobierno de transición destinado a “consolidar la paz” y que incluya a los partidos de la actual coalición santista. La propuesta, sin embargo, no ha contado con el beneplácito de la mayor parte de las disgregadas fuerzas de la izquierda parlamentaria, que no ven con buenos ojos aliarse con las élites políticas del país.

El gran problema para el proyecto de las FARC es que pocos ven a la guerrilla como un activo político hoy en día, más aún después de la derrota en las urnas del acuerdo de paz, que muchos interpretaron como un voto de rechazo al grupo armado. “Casi nadie en los sectores de izquierda va a correr el riesgo de unificarse en torno a una propuesta de las FARC o del partido que surja de ahí, porque tienen poco respaldo de la opinión pública”, declara Fernando Giraldo, politólogo y profesor e investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla. “Entonces ese gobierno de transición lo van a tener que intentar implementar con el establishment, cuyos partidos tampoco creo que se arriesguen a perder votos con eso”, añade el académico.

 

Reacciones en la izquierda

Colombianos protestando contra la corrupción en Calí. Luis Robayo/AFP/Getty Images

Mientras el proceso de paz avanza accidentadamente, el intermitente goteo de casos de corrupción ha ido tomando un mayor protagonismo en el debate político y la lucha por combatirla se ha convertido en la bandera de una serie de candidaturas alternativas de cara a las elecciones del próximo año. Estas candidaturas, aún en construcción, están apostando por recoger el rechazo a las élites políticas tradicionales con una alianza anticorrupción en lugar de dar total prioridad al proceso de paz. Han rechazado por tanto la propuesta de las FARC, que incluiría una alianza pragmática con esas élites que hoy integran el Gobierno presidido por Juan Manuel Santos.

“No veo coincidiendo nuestro proyecto con el de las FARC”, declara Enrique Robledo, una de los que han abanderado estas propuestas anticorrupción y candidato electoral del Polo Democrático Alternativo, el único partido de izquierda con representación parlamentaria. “Ellos han venido planteando lo del gobierno de convergencia nacional, que eso incluye a las fuerzas de la Unidad Nacional, y ahí ya no hay ninguna posibilidad. Nosotros no haremos nada absolutamente ni con la Unidad Nacional [santista] ni con el Centro Democrático [uribista], porque nuestra diferencia programática es muy grande. El proceso de paz es importantísimo, pero no al coste de volvernos santistas”, añade el veterano político del Polo.

Es precisamente en el Polo donde se ha hecho más evidente la división que ha generado en la izquierda parlamentaria la llegada de las FARC y su propuesta de gobierno de transición. El partido está inmerso en una de sus frecuentes guerras internas, con un sector importante, encabezado por la actual ministra de Trabajo, Clara López, rechazando las tesis de Robledo y reclamando plantearse en un congreso la alianza política con las FARC.

“Nosotros no nos podemos privar de discutir cierto tipo de cuestiones porque consideramos que riñen abiertamente con nuestro canon. No, nosotros no somos una iglesia, somos un partido político”, opina sobre una hipotética alianza con las FARC y las actuales fuerzas de gobierno Iván Cepeda, senador del Polo y uno de los principales partidarios del gobierno de transición dentro del partido. “Si no defendemos el proceso de paz hoy, el proceso de paz se va a diluir. Los acuerdos se van a diluir. Van a ser inaplicados o sencillamente van a ser desconocidos o peor, pueden ser, desde un punto de vista legal, anulados”.

 

Un nuevo horizonte para Colombia

El debate político que vive Colombia apunta por tanto a tres grandes bloques de cara a las próximas elecciones. Previsiblemente, Uribe tratará de unificar a las fuerzas que hicieron campaña contra los acuerdos de paz en septiembre para tratar de revivir aquel inesperado éxito electoral, esta vez en 2018. Enfrente, el oficialismo y las FARC buscarán el máximo número de aliados posibles para conformar un bloque a favor de los acuerdos. Ante el escaso apoyo por la propuesta de gobierno de unidad nacional por parte de buena parte de la izquierda, la guerrilla tendrá que buscar alianzas en el Gobierno actual y su candidatura probablemente será encabezada por alguien cercano al Ejecutivo santista. Finalmente, la parte de la izquierda que opte por no apoyar esa candidatura, buscará unificar fuerzas en torno a otras formaciones con la bandera de la lucha contra la corrupción, con la senadora verde Claudia López como gran figura mediática en estos momentos.

El profesor Jaramillo se muestra escéptico tanto con las posibilidades de éxito de las candidaturas alternativas a estas elecciones como con las posibilidades futuras para la izquierda parlamentaria colombiana. “La izquierda lo tiene muy difícil en una sociedad como la colombiana, muy conservadora y antiizquierda. Es una sociedad muy ambigua, les gusta la democracia por la libertad y la igualdad, pero por el otro lado les gusta el autoritarismo porque estamos buscando quién es el caudillo que tenga los pantalones bien puestos para hacer lo que nos tocaría hacer a nosotros”, opina el académico. “Además, hay un problema adicional, los fenómenos de corrupción tan fuertes que ha habido en la política colombiana alejan cada vez más a los ciudadanos de la política electoral. Es muy probable que la gente no participe masivamente y los que lo hagan serán posiblemente los más implicados con los partidos y los partidos de izquierda no son los mayoritarios, sino los de la derecha. Esto no cambiará en el corto plazo ni en el mediano plazo”.

De esta forma, Colombia seguirá siendo uno de los pocos países de su entorno que no ha participado en las experiencias de la conocida como nueva izquierda latinoamericana, que ahora vive sus momentos más bajos. De concretarse la desmovilización de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en activo reconocida como tal por el Gobierno y que actualmente se encuentra en conversaciones de paz, se abriría un nuevo contexto en el que la izquierda podría liberarse del estigma de la violencia que le ha perseguido durante décadas en Colombia. Pero ese momento parece aún lejano y, en palabras de Jairo Rivera, miembro de Voces Paz (el partido que ha asumido la representación de las FARC en el Congreso hasta la creación de su partido en mayo), “la izquierda colombiana sigue siendo aún una izquierda prometida”.