Campesinos y miembros de sindicatos marchan en Asunción, capital de Paraguay, durante una huelga general en la que demandan derechos sindicales y una reforma agraria, entre otras reivindicaciones, marzo de 2014. AFP/Getty ImagesEl país está militarizado y en manos del monocultivo transgénico.


Ha ejercido el cargo de una manera impropia, negligente e irresponsable, trayendo el caos y la inestabilidad”. Éstos fueron los argumentos esgrimidos el 22 de junio de 2012 por los diputados de la oposición para expulsar al entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, a través de un controvertido juicio político, calificado por analistas y parte de la ciudadanía como "golpe de Estado parlamentario". Siete días antes, el violento desalojo de unos campesinos que ocupaban unas tierras terminó en masacre: murieron once agricultores y seis policías. Se cumplen 24 meses de todo aquello.


Aquellas horas, que supusieron la expulsión de Paraguay de varios organismos supranacionales de América Latina,“marcaron un antes y un después en el país”, subraya Cristina Coronel, del movimiento Servicio Paz y Justicia. La efeméride coincide con el juicio oral a los 12 campesinos imputados por la masacre. A partir del 26 de junio, sólo ellos responderán por lo sucedido en el sangriento desalojo. Ningún policía ha sido siquiera imputado.


La tragedia de Curuguaty fue la excusa perfecta para acabar con el Gobierno del ex obispo que, en 2008, había protagonizado la primera alternancia democrática tras los 61 años de poder del Partido Colorado, 35 de ellos bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, a quien apoyaban. La salida de Lugo impulsó al poder al Partido Liberal (la otra formación tradicional del país) hasta las elecciones de abril del año pasado, cuando los colorados volvieron a tomar las riendas, esta vez, de la mano de Horacio Cartes, uno de los empresarios más ricos de Paraguay y a quien se ha relacionado con el narcotráfico y el contrabando.


“Todo proceso político que, dentro de los cauces institucionales o no, cuestione el control de la tierra es destruido en su fase embrionaria. Para la elite terrateniente es vital dar un castigo desproporcionado para evitar que a cualquier otro grupo campesino se le ocurra recuperar un latifundio ilegal resistiendo al desalojo. Y esto justificó hasta el golpe de Estado que destituyó ilegalmente a un presidente”, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente.



Desigualdad en la distribución de tierra


Dentro de unos márgenes estrechos y en coalición con los liberales, Lugo había logrado al menos cuestionar la expansión de los monocultivos y los transgénicos en el país de América Latina con mayor desigualdad en la distribución de la tierra: el 85% del territorio está en manos del 2,6% de los propietarios, la gran mayoría extranjeros. La tendencia arranca en la época de la dictadura y aún hoy sigue sin resolverse: de los 12 millones de hectáreas que Stroessner iba a dedicar a la reforma agraria, ocho fueron repartidos entre sus amigos. Esas tierras, conocidas como "mal habidas", son un problema “estructural y sobre el que no hay interés de solucionar”, incide Coronel.


Los conflictos por la tierra son una constante que desangra las zonas rurales de Paraguay, el sexto productor y el cuarto exportador de soja del mundo. ...