Cómo la persecución a los islamistas en el norte de África está sembrando las semillas de la futura inestabilidad.

En febrero, una lluviosa mañana de martes, un grupo de unas veinte mujeres con velo –la mayoría vestidas con niqabs negros, las prendas de cuerpo entero que utilizan las musulmanas más conservadoras– permanecen en silencio en la calle, frente al tribunal administrativo de Rabat. Estas esposas, madres y hermanas de supuestos terroristas detenidos por Marruecos han llegado de todos los puntos del país para mostrar su apoyo a una de las suyas, Fatiha Mejjati. Dentro de la sala del tribunal, ésta pleitea contra el Gobierno marroquí por la detención ilegal de ella y de su hijo, entonces de once años, durante nueve meses en 2003.

Desde los atentados de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, cuando 14 terroristas lanzaron una serie de ataques suicidas en los que murieron 45 personas, el país magrebí ha adoptado su propia versión de la Ley Patriótica estadounidense. La nueva ley incrementaba la pena para las actividades relacionadas con el terrorismo y, lo que es más importante, criminalizaba el “propósito de cometer un acto terrorista”, un delito que el Ejecutivo interpretó en sentido amplio, usándolo para condenar a cientos de personas.

El Gobierno de Estados Unidos ha acogido a Marruecos como un país “moderado”, aliado en la región, multiplicando por más de tres su ayuda económica desde 2003. “Marruecos es un líder en la lucha contra el terrorismo”, afirmó el embajador estadounidense Samuel Kaplan, en una entrevista televisada a comienzos de febrero. Kaplan insistió en que los esfuerzos realizados por la Administración marroquí eran “fuertes, claros y directos”.

La organización Human Rights Watch, por otro lado, declara en su informe anual de 2010 que “las condiciones respecto a los derechos humanos en Marruecos se deterioraron en general en 2009”. En el mismo cita la detención injusta de supuestos terroristas entre las razones para este retroceso.

Tras los atentados terroristas de 2003, más de 2.000 partidarios de una interpretación conservadora del islam conocida como salafismo fueron detenidos y sentenciados a penas que iban de los 30 años de cárcel a la cadena perpetua. En la actualidad, la población salafista de Marruecos todavía trabaja bajo la sospecha del Gobierno y ha sido objeto de medidas de represión, que incluyen juicios por cuestiones insignificantes, secuestros y detenciones arbitrarias. Estas políticas han afectado en particular a las familias de los presuntos terroristas. Muchos recuerdan muy bien las detenciones de sus padres y ellos mismos han sido sometidos a investigación. Los propios padres advierten de que sus hijos pueden ser bombas listas para explotar.

En el interior del tribunal, Mejjati, vestida de negro y sujetando un maletín Samsonite que contiene fotografías de su hijo, expone sus acusaciones contra la Administración marroquí. Es la viuda de Karim Mejjati, el fallecido miembro de Al Qaeda que estuvo supuestamente implicado en la planificación del ataque de Casablanca, así como ...