Cómo la persecución a los islamistas en el norte de África está sembrando las semillas de la futura inestabilidad.

En febrero, una lluviosa mañana de martes, un grupo de unas veinte mujeres con velo –la mayoría vestidas con niqabs negros, las prendas de cuerpo entero que utilizan las musulmanas más conservadoras– permanecen en silencio en la calle, frente al tribunal administrativo de Rabat. Estas esposas, madres y hermanas de supuestos terroristas detenidos por Marruecos han llegado de todos los puntos del país para mostrar su apoyo a una de las suyas, Fatiha Mejjati. Dentro de la sala del tribunal, ésta pleitea contra el Gobierno marroquí por la detención ilegal de ella y de su hijo, entonces de once años, durante nueve meses en 2003.

Desde los atentados de Casablanca, el 16 de mayo de 2003, cuando 14 terroristas lanzaron una serie de ataques suicidas en los que murieron 45 personas, el país magrebí ha adoptado su propia versión de la Ley Patriótica estadounidense. La nueva ley incrementaba la pena para las actividades relacionadas con el terrorismo y, lo que es más importante, criminalizaba el “propósito de cometer un acto terrorista”, un delito que el Ejecutivo interpretó en sentido amplio, usándolo para condenar a cientos de personas.

El Gobierno de Estados Unidos ha acogido a Marruecos como un país “moderado”, aliado en la región, multiplicando por más de tres su ayuda económica desde 2003. “Marruecos es un líder en la lucha contra el terrorismo”, afirmó el embajador estadounidense Samuel Kaplan, en una entrevista televisada a comienzos de febrero. Kaplan insistió en que los esfuerzos realizados por la Administración marroquí eran “fuertes, claros y directos”.

La organización Human Rights Watch, por otro lado, declara en su informe anual de 2010 que “las condiciones respecto a los derechos humanos en Marruecos se deterioraron en general en 2009”. En el mismo cita la detención injusta de supuestos terroristas entre las razones para este retroceso.

Tras los atentados terroristas de 2003, más de 2.000 partidarios de una interpretación conservadora del islam conocida como salafismo fueron detenidos y sentenciados a penas que iban de los 30 años de cárcel a la cadena perpetua. En la actualidad, la población salafista de Marruecos todavía trabaja bajo la sospecha del Gobierno y ha sido objeto de medidas de represión, que incluyen juicios por cuestiones insignificantes, secuestros y detenciones arbitrarias. Estas políticas han afectado en particular a las familias de los presuntos terroristas. Muchos recuerdan muy bien las detenciones de sus padres y ellos mismos han sido sometidos a investigación. Los propios padres advierten de que sus hijos pueden ser bombas listas para explotar.

En el interior del tribunal, Mejjati, vestida de negro y sujetando un maletín Samsonite que contiene fotografías de su hijo, expone sus acusaciones contra la Administración marroquí. Es la viuda de Karim Mejjati, el fallecido miembro de Al Qaeda que estuvo supuestamente implicado en la planificación del ataque de Casablanca, así como de los atentados contra los trenes en Madrid en 2004, que se cobraron 191 vidas. Murió en un tiroteo con fuerzas saudíes en 2005.

En 2001 y 2002, Karim Mejjati se llevó a su familia a vivir a Afganistán y después a Pakistán, con el objetivo confeso de encontrarse con Osama bin Laden, antes de establecerse en Arabia Saudí como operativo de campo de nivel medio para la organización. Fatiha Mejjati afirma que una mañana de marzo de 2003, mientras ella y su hijo Elias iban al médico, fueron arrestados y enviados en un jet privado de la CIA a la prisión marroquí de Temara, donde permanecieron nueve meses detenidos. Fatiha Mejjati asegura que fue interrogada sobre las actividades terroristas de su marido sólo en relación con Estados Unidos. Sostiene que fue sometida a toda clase de torturas, incluida la privación del sueño. Rabat niega que Elias y su madre fueran nunca detenidos.

En la actualidad Elias tiene graves problemas físicos y mentales: depresión, paranoia, disfunciones hormonales y obesidad. Es propenso a arrebatos violentos. No asiste al colegio y sólo sale de casa para ir al médico. “Han arruinado la infancia de Elias; tienen que pagar por ello”, dice su madre.

Las mujeres apenas pueden contener su indignación. “¿Por qué están en la cárcel? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están las bombas?…

Mientras Mejjati está en el interior de la sala esperando a que los jueces decidan su caso, el grupo que la apoya aguarda fuera. Manifestaciones como éstas, un suceso frecuente, están organizadas por An Nassir, una organización que ayuda a las familias de los salafistas detenidos. Estas mujeres tienen un hijo, un hermano o un marido en prisión. Todas tienen una historia que contar: las terribles condiciones de detención, la represión diaria por parte de las autoridades locales, la negación de sus derechos como ciudadanas, la discriminación en sus lugares de trabajo y la marginación de sus hijos en el colegio.

Las mujeres apenas pueden contener su indignación. “¿Por qué están en la cárcel? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Dónde están las bombas que justifican meter a mi hermano en prisión durante 30 años?”, demanda Khamissa Rtimi, hermana de Abderazak Karaoui. Su hermano es inocente, afirma, y fue arrestado únicamente porque vivía en la casa de al lado de uno de los terroristas que llevaron a cabo los atentados de Casablanca.

Otra mujer, Rachida Baroudi, permanece sola. No lleva la cabeza cubierta y viste pantalones y una chaqueta. Su hijo fue arrestado y encarcelado por un comentario que escribió en un blog en el que expresaba sus sentimientos antioccidentales. “Es un preso de opinión. No ha hecho nada y no tiene tendencias violentas”, dice su madre. “Yo tengo que mantener económicamente a su mujer y a sus dos hijos. Uno de ellos nació cuando él ya estaba en la cárcel. Sólo conoce a su padre dentro de la prisión”.
La palabra"salafista" es muy a menudo incomprendida y confundida con terrorismo. Es así porque la ideología religiosa de Al Qaeda está basada en una rama yihadista concreta del salafismo que promueve la violencia. Sin embargo, los yihadistas son minoría entre los seguidores de esta corriente fundamentalista del islam. La mayoría no cree en el uso de la violencia para propagar sus creencias. Su característica vestimenta –las mujeres van cubiertas por completo y los hombres tienen barba y llevan largas chilabas– puede hacer que sean fáciles de distinguir entre una multitud, pero su ideología es poco entendida por la mayoría.

De hecho, existe una rama apartada de la política en muchos movimientos salafistas. El académico francés Gilles Kepel, profesor visitante en el centro IDEAS de la London School of Economics y experto en el islam político, describe las tendencias salafistas originales como no violentas. “No están propugnando la rebelión contra quien ocupa el poder, contra los que mandan”, afirmó en una entrevista para el programa Frontline de la PBS.  “Hacen un llamamiento a la reislamización en la vida diaria”.

En Marruecos, no obstante, todos los salafistas son tratados como una amenaza potencial a la seguridad nacional. Se ha encarcelado a muchos durante los últimos años. Abderrahim Mouhtad, que dirige An Nassir, afirma que el número de presos se calcula en la actualidad en unos mil. El informe anual de Human Rights Watch denuncia las condiciones de los sospechosos de ser extremistas islámicos responsables de los atentados de 2003, que hoy siguen cumpliendo penas de cárcel. “Muchos fueron condenados en juicios injustos tras haber sido retenidos en secreto ese año durante días o semanas, y sujetos a malos tratos y en ocasiones torturas mientras eran interrogados”, afirma el estudio.

Los salafistas han intentado realizar unas cuantas huelgas de hambre para protestar contra su detención, pero con escaso efecto. “Hay un gran número de salafistas inocentes en las prisiones marroquíes”, dice Mohamed Darif, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hassan II de Mohamedia. “No había pruebas suficientes contra la mayoría. Fueron condenados incluso aunque no quedara claro que estuvieran implicados en ningún tipo de actividad terrorista”.

Muchos regímenes norteafricanos en un intento por consolidar su poder, han usado la guerra contra el terror como una excusa para actuar contra sus poblaciones salafistas

Según Darif, el ejemplo de Marruecos no es único. Muchos regímenes norteafricanos, como los de Argelia y Mauritania, en un intento por consolidar su poder, han usado la guerra contra el terror, impulsada por Estados Unidos, como una excusa para actuar contra sus poblaciones salafistas. “Tras el 11-S el Gobierno estadounidense ha empujado a muchos Estados a combatir el extremismo religioso. El Ejecutivo marroquí instrumentalizó los atentados del 16 de mayo para aprobar una ley antiterrorista”, afirma.

El rey Mohamed VI ha intentado limar las aristas del duro tratamiento de su país a los salafistas. En una entrevista con el periódico El País en 2005, admitió que las medidas que se habían tomado en el pasado podían haber sido “exageradas”. “No hay dudas de que se han cometido abusos”, dijo el monarca, asegurando que “es necesario que estos sucesos nunca vuelven a ocurrir”. En 2006 perdonó a unos cuantos salafistas como gesto de buena voluntad.

Según Selma Belaala, que estudia los movimientos islámicos del norte de África en el Centre d’Études et de Recherches Internationales de París, el Gobierno marroquí ha presentado con éxito sus acciones contraterroristas como un conjunto de políticas, que no sólo han empleado los servicios de seguridad, sino que también estaban destinadas a reformar las normas legales y culturales del país. “El Rey no sólo se embarcó en una amplia represión; también reformó las leyes y la sociedad con un nuevo código de la  familia”, dice. “Las mujeres lograron más derechos, y la población tiene una mejor educación. Éste es un esfuerzo para combatir culturalmente el radicalismo”.

Desde la sala del tribunal de Rabat, Fatiha Mejjati tiene una perspectiva distinta. Está esperando impaciente a que los jueces comuniquen su decisión. Pasea entrando y saliendo del tribunal, agradeciendo a sus hermanas el haber venido hasta la capital del país para apoyarle. Discute incluso con los guardias de seguridad, pidiéndoles que permitan a las otras mujeres entrar en la sala del juzgado para que no tengan que permanecer bajo la lluvia. Cerca del mediodía, los jueces finalmente leen su veredicto: su petición es denegada.

“Este tribunal es una farsa. Dios nos dará nuestra retribución”, grita Mejjati. Después sale de la sala y entrega a las mujeres reunidas fuera fotografías de su hijo, Elias, que le muestran antes y después de su detención. Un niño normal de 11 años se ha transformado en un adolescente obeso, enfermizo y plagado de acné. Las mujeres comienzan, en protesta, a marchar de modo pacífico bajo la lluvia por las calles de Rabat, seguidas de cerca por la policía.

 

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