Weibo, el popular servicio similar a Twitter de China, ahora requiere que los usuarios se registren con sus nombres reales, un movimiento visto por muchos como un intento del gobierno de controlar el servicio de Internet.(In Pictures Ltd./Corbis via Getty Images)

Dictaduras como Myanmar, Vietnam o Tailandia, pero también democracias débiles como Filipinas o Indonesia están llevando a cabo prácticas autoritarias digitales, alentadas por la pandemia, el modelo chino o la competición geopolítica regional.

Cuando se habla de autoritarismo digital, el caso paradigmático y más presente en los medios de comunicación es China. Pekín ha establecido fuertes sistemas de control de los datos de sus ciudadanos, que le sirven tanto para sus políticas públicas como para controlar a la población y posibles muestras de desorden o protestas. A la vez, lleva ya tiempo restringiendo las fuentes de información online a las que tienen acceso sus ciudadanos. También es capaz de vetar la capacidad de la población china de publicar mensajes en redes sociales o comunicarse digitalmente. Es un control que parece solo al alcance de países muy desarrollados en materia tecnológica. Sin embargo, este autoritarismo digital se está extendiendo a otros Estados de la periferia de China, en especial a los del Sureste Asiático. Tanto países autoritarios como democracias frágiles de la región -incluidos aliados de Occidente en su choque geopolítico con Pekín- están aplicando estas prácticas en el ámbito digital.

Las políticas autoritarias que están llevando a cabo estos Estados del Sureste Asiático pueden dividirse en tres tipos. En primer lugar, se encuentran las prácticas que atentan contra la privacidad de los datos de los ciudadanos, recolectando de manera masiva esta información para ejercer un mayor control sobre la población sin que ésta pueda limitar o dominar su uso y recolección. Es la medida que genera menos fricción, ya que no supone una restricción directa y el ciudadano muchas veces desconoce que está sometido a este proceso. En segundo lugar, están las políticas de autoritarismo digital que limitan la libertad de información, restringiendo las webs o medios de comunicación a los que los ciudadanos tienen acceso. Los gobiernos suelen argumentar que, de esta manera, los protegen de influencias o informaciones malignas o falsas. En tercer lugar, existen medidas que restringen la libertad de expresión y comunicación: vetar el uso de redes sociales, borrar publicaciones de los usuarios, impedir el uso de canales de comunicación o, directamente, cortar Internet a poblaciones enteras.

Estas prácticas autoritarias ya habían empezado hace años en el Sureste Asiático, pero un factor ha hecho que se acelerasen: la pandemia de la Covid19. Diversos análisis apuntan a que múltiples países de la región han usado esta crisis como justificación para incrementar su control digital. Por ejemplo, han crecido las llamadas “leyes de emergencia” que dan todavía más poderes extraordinarios a los Estados para recabar datos o limitar el uso de Internet a sus ciudadanos. Bajo el mantra pretendidamente positivo de combatir las noticias falsas relacionadas con la pandemia, diversos gobiernos han bloqueado todavía más fuentes de información, limitado los mensajes en redes sociales o incluso detenido a activistas o periodistas críticos.

El control de este autoritarismo digital varía según el nivel de libertades de cada régimen. Pero, aunque en diferentes grados, estas prácticas se han extendido ya a nivel regional. El caso más extremo es Myanmar. Después del golpe militar de 2021 contra el gobierno democrático de Aung San Suu Kyi, la Junta Militar sacó un proyecto de ley que implantaría nacionalmente un modelo de control similar al “Gran Cortafuegos” de China. Además, prohibió el uso de Whatsapp o Facebook, a lo que después siguió un veto de Twitter e Instragram, y una prohibición de centenares de webs. También ha habido bloqueos al acceso a Internet en regiones enteras. Los militares birmanos no sólo han restringido el uso de la Red entre la población, sino que anteriormente habían utilizado las redes sociales como instrumento de difusión de noticias falsas y mensajes de odio para alentar a la violencia contra la minoría musulmana rohingya, sometida a una de las peores limpiezas étnicas de los últimos tiempos.

Aunque de manera menos extrema, otros países autoritarios de la región como Tailandia, Vietnam, Camboya o Laos también están usando la vigilancia digital para reprimir expresiones críticas o de oposición contra sus gobiernos. En Tailandia, por ejemplo, ha habido detenciones por mensajes relacionados con la monarquía o las protestas contra el Ejército tailandés. Como en Birmania, desde el golpe militar de 2014 el Gobierno ha aumentado su control sobre Internet a través de nuevos y avanzados métodos, construyendo un sistema de vigilancia que algunos consideran uno de los más sofisticados del Sureste Asiático.

Los manifestantes realizan una manifestación para conmemorar la protesta mundial "El día en que luchamos" contra la vigilancia masiva frente a la Corte Suprema en Manila, Filipinas. (NurPhoto/Corbis via Getty Images)

Tanto en Vietnam, como en Camboya y en Laos, se han producido detenciones de activistas después de que publicaran mensajes críticos en redes sociales. Algunos de estos arrestos se han ejecutado bajo el argumento de luchar contra las noticias falsas. Esto ha sido posible gracias a unidades de vigilancia especiales que estos gobiernos han creado para controlar el espacio digital. Por ejemplo, el Gobierno de Vietnam tiene un equipo de 10.000 empleados rastreando Internet en busca de opiniones “equivocadas”. Laos ha implantado recientemente una unidad de cibervigilancia similar para controlar las redes sociales. Por su parte, el caso camboyano sirve de ejemplo de que el control tecnológico no sólo se restringe al ámbito digital, sino también a la infraestructura física: en Camboya, las proveedoras de telecomunicaciones son empresas chinas, vietnamitas y singapurenses, todas ellas dispuestas a ceder datos al autoritario gobierno camboyano, algo que sería más difícil con empresas de telecomunicaciones occidentales, sometidas a presiones de sus consumidores y Estados nacionales.

Finalmente, nos encontramos con países de la región que, aunque celebran elecciones democráticas y tienen más libertades que los anteriormente mencionados, también han llevado a cabo prácticas autoritarias en el ámbito digital. Por ejemplo, en Filipinas el gobierno de Duterte fue acusado de haber utilizado un ejército de trols virtuales pagados para atacar a la oposición, a medios de comunicación críticos o a instituciones filipinas, además de inundar las redes sociales con noticias favorables a su persona en momentos claves. Por su parte, en Malasia los policías han empezado a usar cámaras de reconocimiento facial de empresas chinas para captar datos en sus operaciones, aunque sin una idea clara de sus límites de uso e implicaciones. Finalmente, en Indonesia el Gobierno ha recurrido en distintas ocasiones a apagones locales de Internet en momentos de violencia, disturbios o protestas. Aunque en algunos casos eso se ha usado para limitar la extensión de mensajes de odio durante ataques contra grupos étnicos, ha habido críticas por lo que estos apagones suponen a la libertad de comunicación e información.

Todos estos casos de autoritarismo digital están ligados a un contexto internacional y regional que, en los pasados años, ha favorecido su proliferación en el Sureste Asiático. Por un lado, diversos regímenes autoritarios de la zona se han dado apoyo público, y organizaciones como la ASEAN no se han pronunciado respecto a estas medidas, que consideran un asunto interno de cada país. Por otro lado, tanto China como Rusia son potencias del autoritarismo digital que han inspirado e incluso apoyado a diversos Estados de la región. Pekín, por ejemplo, ha proveído de tecnologías de control a varios de estos países e incluso ha ofrecido formación en esta materia. Además, Pekín está promoviendo el concepto de “cibersoberanía”, según el cual cada Estado tiene derecho a imponer sus propios límites sobre el nivel de libertad, censura o restricciones en la Red a nivel nacional, en oposición al tradicional “Internet abierto”, donde las limitaciones serían mínimas y existirían parámetros de libertad amplios de carácter universal.

Finalmente, este aumento de prácticas autoritarias digitales se produce en medio de una competición geopolítica entre Estados Unidos, China y, en menor parte, la Unión Europea. Esta cierta política de bloques puede hacer que, por un lado, los países cercanos a China como Myanmar o Camboya redoblen su apuesta de control digital al tener menos influencia en ellos los Estados liberales. Por otro lado, países aliados geopolíticamente con Occidente como Vietnam pueden aprovechar su posición geoestratégica para, a cambio de mantener una postura dura contra Pekín, evitar recibir críticas en sus restricciones de libertades o vulneraciones de los derechos humanos en el ámbito digital.