¿Es posible acabar con la impunidad de los crímenes de guerra contra el patrimonio?
En una decisión unánime por parte de sus jueces, la Corte Penal Internacional condenó a finales del mes pasado a Ahmad al-Faqi al-Mahdi, miembro del grupo tuareg islamista Ansar Dine, a nueve años de prisión por su papel como instigador y ejecutor en 2012 de la destrucción de edificios históricos en Tombuctú.
Los monumentos atacados datan de la época en la que esta ciudad maliense era un centro del sufismo, considerado blasfemo por la ortodoxia islámica. Tras el acto físico de su destrucción había un trasfondo religioso, una intención de purga y de combate frente al hereje similar a la que sufren distintas comunidades que profesan credos diferentes al de la rama mayoritaria del islam. En aquella ocasión, sin embargo, lo que corrió fue el polvo centenario de la piedra quebrada y no la sangre de personas inocentes.
La noticia fue recibida como un hito del creciente alcance del tribunal y también de su flexibilidad conceptual para juzgar delitos distintos de aquéllos sobre los que ha dictado sentencia hasta ahora. Al considerar la destrucción sistemática de bienes culturales como un crimen de guerra, la Corte llevó a su realización más práctica y visible la legislación internacional en la materia promovida por la Unesco, cuya piedra angular es la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado.
Tombuctú, sólo un símbolo
No es casualidad que este veredicto sin precedentes tuviera lugar a causa de unos actos perpetrados en Malí, ya que el país es un laboratorio ...
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