Solo apostando por una sociedad de propietarios, configurada por ciudadanos libres y no dependientes del Estado y de las grandes corporaciones, puede hacerse frente a los males surgidos del capitalismo.

En enero 2015 entrará en vigor la reforma fiscal aprobada por el Gobierno español, que supondrá una ligera disminución de la tributación de las rentas del trabajo y, al mismo tiempo, un nuevo ataque a las ganancias patrimoniales. Esto último se debe a que, a partir del año próximo, en el cálculo de las plusvalías obtenidas en una venta dejará de aplicarse un coeficiente de actualización que compense la devaluación sufrida por el dinero desde el momento en que se compró lo vendido y también a que, progresivamente, dejará de aplicarse el coeficiente de abatimiento. Dicho de otra manera, la reforma del Ejecutivo da algo de aire a los asalariados a cambio de infligir un nuevo golpe a una institución que en España y en buena parte del planeta no goza de buena salud: la propiedad.

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Puede resultar sorprendente que en el mundo surgido de la desaparición del bloque comunista y el triunfo del capitalismo nos atrevamos a decir que la propiedad privada no pasa por buenos momentos, pero lo cierto es que hay muchas y buenas razones para hacerlo.

A la siempre creciente cantidad de impuestos y tasas que los ciudadanos se ven obligados a pagar por los conceptos más inverosímiles y que a menudo impiden la conservación de la propiedad si no se cuenta con ingresos muy importantes, podríamos sumar las enormes limitaciones para disfrutar y gestionar las propiedades, el grave peligro que entraña defenderlas –habitualmente mucho mayor que el que entraña robarlas o violarlas–, las siempre inadecuadas compensaciones por expropiación o la proliferación de figuras con efectos similares a la expropiación que directamente evitan todo deber ...