¿Se podrá poner fin a una gestión desastrosa de los recursos pesqueros del continente?

 

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La Unión Europea trabaja a marchas forzadas para sacar adelante antes de que acabe el año su nueva política pesquera común, que deberá cubrir el período 2014-2020, una reforma sobre la que pende no sólo el futuro de la pesca en Europa sino también el futuro de los recursos pesqueros del continente, de ahí que los colectivos ecologistas hayan centrado toda su atención sobre ella. Son ya 30 años de política pesquera común (la primera data de 1983) y los resultados son desastrosos. Sin embargo, se trata de un asunto sobre el que hay enormes tensiones e intereses políticos mezclados (entre países y entre las propias instituciones de la UE), y éste es, sin duda, el elemento clave que puede frustrar cualquier intento de reformar en profundidad el sector y garantizar su sostenibilidad futura, la de los mares europeos y también la de sus recursos pesqueros.

Estamos en un “punto de no retorno”. Así es como han definido la situación más de 150 científicos en una carta que enviaron el pasado mes de julio al Parlamento Europeo (PE), a quien reclamaron un papel más activo y decisivo en las negociaciones, sobre todo, en detrimento del Consejo Europeo, órgano que reúne a los 28 jefes de Estados de la Unión y que, según estableció el Tratado de Lisboa de 2008, tiene las competencias sobre el sector pesquero.

La situación es crítica por tres motivos: la flota pesquera está sobredimensionada, la mayoría de los caladeros están sobreexplotados y el volumen de descartes (pesca que se devuelve de nuevo al mar) es cada vez mayor y ha alcanzado unos niveles intolerables, especialmente en un continente en el que existen países, como España, en los que la mitad y hasta más de la mitad del pescado que se consume acaba siendo importado de otros continentes.

En la misiva, los científicos no pudieron ser más rotundos. “Los ecosistemas marinos se hallan en una situación de no retorno”, alertaban. “En sólo unas décadas, debido al desarrollo de las tecnologías pesqueras, los buques han pasado a capturar cantidades que han dejado de ser sostenibles y reducido la cuantía de muchas especies a apenas una fracción de sus niveles históricos. La flota pesquera, denunciaba la carta, “es dos o tres veces mayor de lo que permitiría un nivel de pesca sostenible”.

Según estudios de la propia UE, el 39% de las existencias pesqueras en el Atlántico sufre sobrepesca, un porcentaje que se eleva hasta el 88% en el Mediterráneo; junto a esto, la flota europea descarta de media cada año en torno al 10% de lo que pesca, cerca de 500.000 toneladas de pescado, una cantidad que la FAO, en un estudio en el que incluye también a las flotas de países externos a la UE, ha aumentado a 1,3 millones de toneladas sólo en el Noroeste Atlántico.

Y entretanto, el Consejo Europeo sigue abortando cualquier cambio decisivo en este sentido y aplicando criterios eminentemente políticos. “Las decisiones adoptadas por el Consejo han estado centradas en el corto plazo y anteponen las razones políticas a las recomendaciones de los informes científicos”, denuncia sin ambages un reciente informe del Parlamento Europeo sobre el sector.

Este aspecto ha sido criticado también con severidad por colectivos ecologistas. Javier López, científico de la ONG Oceana, lo explica de este modo: “Los científicos proponen un límite (cinco toneladas) que no es respetado por los políticos, que aprueban otra cantidad (siete toneladas) que finalmente no es respetada tampoco por la flota, que pesca más de lo acordado (nueve toneladas)”.

Supuestamente, hay multas por pescar más de lo que la UE concede a través de sus “permisos”, el sistema conocido como TAC y cuotas, es decir, la cantidad que se puede pescar y las zonas establecidas para ello. Sin embargo, como asegura López, tampoco el régimen de multas ha funcionado bien hasta ahora. “Los Estados son los encargados de garantizar que sus flotas no pescan más de lo acordado”, explica, si bien “tristemente, la Unión sanciona anualmente a los Estados por sobrepasar sus cuotas, pero esto lo hace en los casos evidentes y que puede probar”, lamenta López, quien asegura que, a pesar del sistema de multas, España rebasó la cuota en más de un 300% en 2009 y 70% en 2010. “España lleva años sobrepasando la cuota de merluza y todavía no ha habido sanciones porque la Comisión no se ha decidido a investigarlo”, sentencia el científico de Oceana.

López apunta aquí al dudoso papel de los Estados en cuanto a la política pesquera común, el cumplimiento de sus normas y la puesta en práctica de sus estrategias. Y esto mismo fue denunciado en el citado informe del Parlamento Europeo, que denunció “problemas institucionales, como las reticencias del Consejo y de los Estados miembros a las medidas de gestión de la flota e incluso una deficiente colaboración en la transmisión de las informaciones demandadas para recopilar datos [sobre el estado de las explotaciones] o sobre de la gestión de la flota”.

Sin embargo, el foco principal recae sobre el Consejo, que “para maximizar su poder, intenta extender en lo posible la asignación de las posibilidades de pesca, con objeto de maximizar el poder exclusivo que en este ámbito le otorga el Tratado.

Son conocidas las limitaciones establecidas por los TAC y cuotas, pero el Consejo no ha dudado en bloquear desde 2009 los planes plurianuales para la gestión sostenible de determinadas especies en zonas concretas, como los propuestos para el jurel, la anchoa y el salmón, y, de hecho, esta institución europea “fija posibilidades de pesca superiores a las recomendaciones científicas con cierta frecuencia”, según explica una fuente del PE.

Entre unos (la UE, sobre todo el Consejo) y otros (los Estados) se ha ido produciendo un vacío, una tierra de nadie, o un mar de nadie, que ha vuelto ineficaz sucesivamente una tras otra política pesquera común. Y esto es también lo que ha hecho que herramientas que deberían ser útiles para resolver los problemas que afrontan el sector pesquero y los océanos europeos hayan quedado en poco o nada. Y así ha ocurrido con los TAC y las cuotas. Como apunta López, “existen deficiencias en la implementación de los TAC, debido a su aplicación pero no tanto al sistema en sí”.

De hecho, como apunta el informe del PE, “la política pesquera común no ha conseguido solucionar el problema crónico del exceso de capacidad pesquera. Los límites a las flotas no representan ninguna restricción real a su capacidad pesquera y nunca se había dado una utilización tan baja de los fondos estructurales para financiar la reducción de las flotas como en el período 2007-2013”.

La situación, por lo tanto, no es nueva, los fallos de la política pesquera común han estado ahí siempre y son los que ha provocado que la situación sea tan extrema que requiera una actuación urgente y contundente para revertir el panorama que existe en el sector y en los mares europeos en los próximos años.

Otra de las medidas recurrentemente empleadas por la UE para detener el expolio en los mares ha sido la de limitar el volumen y la potencia de los barcos pesqueros, mediante el llamado Régimen de Entrada y Salida, puesto en marcha en 2003. Sin embargo, los límites establecidos por este sistema han sido inoperantes y además no se contempla “el impacto que pueden tener los avances tecnológicos en el incremento de la capacidad pesquera de los barcos, un aspecto que los han llevado a mejorar muchísimo su efectividad”, asegura López. Otra herramienta más que ha sido pervertida en la práctica para hacerla ineficaz.

La solución, en cualquier caso, es política, y no son pocos los que, como los más de 150 científicos firmantes de la carta, apelan al papel del Parlamento Europeo para hacer cambiar las tornas. El pasado mes de mayo, la responsable de Políticas Pesqueras de Greenpace, Saskia Richartz, celebró que al menos “por primera vez el Parlamento y el Consejo han reconocido la importancia de la pesca de bajo impacto y resaltado la necesidad de introducir un criterio social y medioambiental al fijar las cuotas de pesca”.

“Urgimos”, señalaron los científicos en su misiva a los miembros del PE, “que usen su liderazgo y capacidades para logar un resultado exitoso en las negociaciones y demostrar al mundo que el Parlamento Europeo puede desempeñar un papel constructivo en resolver los problemas de consecuencias globales como éste”.

 

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