Una multitud de ciudadanos normales y corrientes irrumpió en la residencia presidencial, lo que obligó al presidente Gotabaya Rajapaksa a huir del país. He aquí las causas de estos sucesos y lo que puede deparar el futuro inmediato.
El 9 de julio, en una asombrosa exhibición de poder popular, una enorme multitud desbordó el gran despliegue de policías y soldados y otros obstáculos y consiguió irrumpir en la residencia oficial y las oficinas del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, en Colombo; como consecuencia, el primero huyó del país y ambos aceptaron dimitir. La dimisión de Gotabaya, el 14 de julio, constituye una importante victoria para un movimiento de protesta sin precedentes en toda la isla. Pero los sucesos han dejado una economía en caída libre y un sistema político disfuncional en el que la familia Rajapaksa conserva considerable influencia. Es de prever que habrá más disturbios políticos.
Los ciudadanos llevaban más de cuatro meses organizando protestas constantes, casi siempre pacíficas, para exigir que Rajapaksa y su círculo íntimo, que dominan la política de Sri Lanka desde hace décadas, dimitieran por la mala gestión de la economía y por presunta corrupción. En abril y mayo consiguieron que el sobrino y tres hermanos de Gotabaya —entre ellos Mahinda Rajapaksa, entonces primer ministro, y Basil Rajapaksa, ministro de Finanzas— dejaran sus cargos oficiales. El 9 de julio se congregaron cientos de miles de personas procedentes de todo Sri Lanka, que habían llegado a pie desde muy lejos, ocupando trenes y en autobuses gratuitos, para lo que los organizadores habían prometido que sería el “empujón final”. Por lo visto, Gotabaya y Basil huyeron de la secretaría presidencial minutos antes de que entrara la muchedumbre.
La toma de la residencia y la oficina presidencial produjo escenas sorprendentes, muy difundidas en las redes sociales y en la televisión, de enormes multitudes festivas de ciudadanos de Sri Lanka que exploraban unos espacios lujosos que hasta hace poco estaban fuera de su alcance. Su comportamiento lúdico y a veces burlón se vio atenuado, en general, por el respeto a las propiedades como algo perteneciente al propio pueblo.
No obstante, en la fase final de la revuelta aumentaron las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y hubo algunos actos de violencia. En las últimas horas del 9 de julio, alguien incendió la residencia privada de Wickremesinghe y la destruyó en gran parte. La policía responsabilizó a los manifestantes, pero los informes contradictorios del lugar de los hechos hacen que sea difícil determinar el origen del incendio. Éste se provocó poco después de que se filmara a los policías golpeando brutalmente a los periodistas que cubrían las protestas en el entorno de la casa del primer ministro.
Los manifestantes llevaban tiempo dirigiendo su ira contra Wickremesinghe. El 11 de mayo, cuando todos los demás candidatos habían rechazado el puesto de primer ministro tras la dimisión de Mahinda, Wickremesinghe lo aceptó, un paso que muchos consideraron que tendía un salvavidas a Gotabaya. Criticado por haber saboteado la exigencia popular de que se destituyera a Gotabaya y se llevara a cabo un profundo cambio constitucional, el nuevo primer ministro no ha cumplido su promesa de proporcionar estabilidad política y una administración económica eficaz.
Tras la toma de su oficina y su residencia, Gotabaya fue perdiendo el control del poder, pero no estaba claro en qué iba a desembocar la situación. En la noche del 9 de julio, Mahinda Yapa Abeywardena, presidente del Parlamento y aliado de Rajapaksa, anunció que el presidente había accedido a dimitir cuatro días después y lo justificó por la necesidad de un breve periodo de transición. Mientras tanto, se mantuvo en secreto el paradero de Gotabaya. Algunos observadores locales creen que él y otros miembros de su familia se refugiaron en varias bases militares mientras planeaban su salida del país. Intentaron partir en avión el 12 de julio, pero renunciaron cuando los funcionarios de inmigración se negaron a permitir que Gotabaya, Basil y los miembros de su familia utilizaran una entrada VIP privada en el aeropuerto principal de Colombo. Al final, Gotabaya y su esposa salieron en un avión de las fuerzas aéreas de Sri Lanka a primera hora del 13 de julio, hicieron una breve escala en Maldivas (donde su llegada provocó manifestaciones) y al día siguiente se dirigieron a Singapur. Desde allí, Gotabaya envió por fin su carta de dimisión al presidente del Parlamento.
Todavía no está claro cuál será el destino definitivo de Gotabaya y su séquito. Al parecer, Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos han rechazado sus solicitudes de entrada. No se sabe dónde acabará instalándose, aunque parece estar buscando un refugio en el que tenga la seguridad de que no van a extraditarlo ni procesarlo ahora que ha perdido la inmunidad asociada a la jefatura del Estado. El expresidente y primer ministro Mahinda Rajapaksa, su hijo Namal y su hermano Basil siguen en Sri Lanka. El 15 de julio, el Tribunal Supremo prohibió a Mahinda y a Basil salir del país, mientras se tramita una querella civil contra ellos.
La salida de Gotabaya deja detrás una situación política complicada, con interrogantes sin resolver sobre el proceso de sucesión. Al principio, esas dudas se agudizaron por el hecho de que huyera del país sin que ni él ni Wickremesinghe hubieran presentado su dimisión formal. Las tensiones aumentaron enormemente el 13 de julio, cuando el presidente del Parlamento —que se había convertido en el portavoz de facto de Gotabaya— anunció que Rajapaksa había designado a Wickremesinghe como presidente en funciones durante su ausencia de Sri Lanka. Los manifestantes y los partidos de la oposición denunciaron la decisión como una forma ilegítima de aprovechar una laguna constitucional.
Ya antes de que se hiciera público el nombramiento oficial, Wickremesinghe había adoptado una actitud intransigente. Proclamó el estado de emergencia y el toque de queda. También anunció su intención de “eliminar la amenaza fascista” que constituían los manifestantes y más tarde dijo que los militares debían hacer "lo que sea necesario para restablecer el orden” tras la ocupación de la oficina del primer ministro. Con la situación de seguridad cada vez más tensa y los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes delante del Parlamento, hubo informaciones creíbles de que el Gobierno había autorizado a los militares a utilizar munición real para sofocar las protestas. Aunque daba la impresión de que los militares —que hasta la fecha se han mostrado extraordinariamente comedidos— eran reacios a cruzar esa línea, Sri Lanka parecía estar al borde de una drástica escalada de la violencia.
Por suerte, con la dimisión de Gotabaya el 14 de julio, desapareció el peligro de una crisis de liderazgo prolongada. Los manifestantes pusieron fin a la ocupación de edificios oficiales y en todo Sri Lanka las muchedumbres celebraron el éxito de la aragalaya, la lucha del pueblo. El 15 de julio, Wickremesinghe tomó posesión como presidente en funciones, un cargo que solo puede ocupar hasta que el Parlamento apruebe un sustituto. Esa votación debe producirse en el plazo de 30 días y está prevista para el 20 de julio.
El Parlamento sigue dominado por miembros del partido de Rajapaksa, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), y Wickremesinghe, del que muchos piensan que está protegiendo los intereses de la familia Rajapaksa, va a presentarse y cuenta con el apoyo del partido. Si gana, es dudoso que cualquier gobierno nuevo que forme tenga la credibilidad suficiente entre la población y el movimiento de protesta como para restablecer una calma duradera.
¿Qué ha impulsado el movimiento de protesta?
El movimiento de protesta es una reacción directa a lo que Wickremesinghe ha calificado de “colapso” económico, causado por unos recortes fiscales sin precedentes, una repentina prohibición de los fertilizantes químicos que destruyó la producción agrícola y una corrupción generalizada, todo ello agravado por la pérdida de turismo debido a la COVID-19 y por el aumento del precio de los combustibles tras la invasión de Ucrania. Con las reservas de divisas casi en cero a mediados de abril, el Gobierno anunció que suspendía el pago de la deuda externa, que asciende a más de 50.000 millones de dólares. Desde este impago, el primero de la historia de Sri Lanka, la economía se ha paralizado casi por completo. La falta de divisas ha provocado una grave escasez de gasolina, gas para uso doméstico y otros suministros esenciales; las colas de coches, motocicletas y taxis de tres ruedas que esperan dos o tres días para conseguir combustible se han convertido en una imagen habitual en toda la isla. La inflación supera el 50% y los elevados precios de los alimentos están haciendo que el 70 % de los hogares de Sri Lanka haya reducido el consumo y que casi la mitad de los niños del país necesiten ayuda de emergencia. Las medicinas y los suministros médicos se están agotando, y hay enfermos que mueren por causas fáciles de tratar. Con la escasez de fertilizantes importados, se espera que la próxima cosecha de arroz y hortalizas, además del té, que es la principal fuente de divisas, se reduzca a la mitad. Tanto la ONU como la Cruz Roja han hecho llamamientos urgentes en busca de dinero para alimentos y ayuda humanitaria en general, y UNICEF ha advertido de una “emergencia humanitaria en toda regla”.
Es evidente que la situación económica y humanitaria va a empeorar antes de mejorar. El país está en bancarrota y las principales actividades económicas necesarias para generar divisas, como el turismo, la producción de té y las remesas extranjeras, están prácticamente desaparecidas o muy reducidas. Desde que el Gobierno invitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a prestarle ayuda, ha celebrado numerosas rondas de negociaciones para obtener un Servicio Ampliado de Fondos. En las últimas conversaciones, celebradas en Colombo a finales de junio, el FMI anunció “avances significativos”, pero no se alcanzó el llamado “acuerdo entre equipos”.
Probablemente la agitación política de julio retrasará aún más las cosas. Incluso si el FMI convence al nuevo gobierno de que haga las reformas necesarias para obtener el rescate solicitado de 3.000 millones de dólares, no desembolsará fondos hasta que considere que la deuda externa de Sri Lanka es “sostenible”. Eso quiere decir que Sri Lanka debe llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda de los acreedores internacionales, que tendrán que aceptar un rendimiento menor de los bonos, tipos de interés más bajos o una ampliación de los plazos de pago. La primera fecha probable para que el FMI libere los fondos sería a principios de 2023. Mientras tanto, Sri Lanka busca urgentemente una “financiación puente” que le permita pagar el combustible y otros suministros esenciales necesarios para volver a poner en marcha la economía y evitar una catástrofe humanitaria. En junio, Wickremesinghe propuso la idea de celebrar una conferencia de donantes en la que India, China y Japón, además de otros países, se comprometieran a ayudar. Será necesaria una inyección masiva de ayuda humanitaria para evitar una ola masiva de desesperación que amenazaría con empeorar la inestabilidad política y la violencia.
¿Qué hay que hacer para instaurar un nuevo gobierno y restablecer el orden político?
La salida y la dimisión forzosas de Gotabaya Rajapaksa podrían ser el preludio de un cambio político radical para Sri Lanka, pero, dado que los leales a Rajapaksa parecen seguir controlando el Parlamento y su aliado, Wickremesinghe, tiene muchas posibilidades de ser elegido para terminar de cumplir el mandato de Gotabaya, no está claro hasta qué punto será profundo el cambio. Las esperanzas defraudadas, en plena penuria económica extrema, podrían derivar en más inestabilidad. Los próximos días y semanas pondrán a prueba la capacidad de la clase política de Sri Lanka para actuar por el bien de la población, no por intereses partidistas o personales, y adoptar las reformas políticas esenciales para satisfacer las aspiraciones populares.
La toma de posesión de Wickremesinghe como presidente en funciones el 15 de julio marca el inicio del proceso previsto por la Constitución para elegir al sucesor de Gotabaya. El Parlamento tiene 30 días para elegir, de entre sus propias filas, a alguien que asuma la presidencia durante el resto del mandato del presidente actual, lo que en este caso quiere decir hasta noviembre de 2024, salvo que haya un acuerdo para celebrar elecciones antes. Ese presidente, a su vez, deberá nombrar un primer ministro y un gabinete que cuente con la confianza del Parlamento. Todo el mundo detesta al Parlamento actual, pero no hay forma constitucional de evitar que sean los 225 diputados actuales quienes decidan el próximo grupo que va a dirigir el país.
En la actualidad, Wickremesinghe es el favorito para ocupar la presidencia. El SLPP ha sufrido deserciones desde marzo, pero parece que sigue teniendo mayoría parlamentaria, y el 15 de julio el secretario general del partido anunció que apoyaba a Wickremesinghe. Conmocionados por los incendios provocados en las casas de miembros del gobierno los días 9 y 10 de mayo, sintiéndose vulnerables sin los Rajapaksa en el poder y conscientes de que son terriblemente impopulares, muchos miembros del SLPP creen que Wickremesinghe, que ha demostrado su lealtad a la familia, es su mejor protección. Contra él se presentan el desertor del SLPP y antiguo aliado de Rajapaksa Dullas Alahapperuma, Sajith Premadasa, líder del principal partido de la oposición Samagi Jana Balawegaya, y Anura Kumara Dassanayake, líder del izquierdista Janatha Vimukthi Peramuna. Dado que para ganar se necesita mayoría absoluta, es poco probable que haya un vencedor en la primera ronda, y se cree que Alahapperuma está mejor situado para recoger apoyos adicionales en las vueltas de votación posteriores que la mayoría espera ver. El hecho de que la votación sea secreta, cosa nada frecuente, añade un elemento adicional de imprevisibilidad.
Así como, en mayo, mucha gente —incluidos gobiernos occidentales— creyó que el nombramiento de Wickremesinghe como primer ministro sería un posible factor de estabilidad, ahora algunos pueden pesar que, si se convirtiera en presidente, se abriría una oportunidad similar para volver a empezar desde cero. Pero su presidencia también entrañaría grandes riesgos: Wickremesinghe, el político de carrera por antonomasia, con la publicidad que tuvieron los casos de presunta corrupción de colaboradores cercanos durante su mandato como primer ministro entre 2015 y 2019 y cuya estrecha relación con la familia Rajapaksa es bien conocida, no es el mejor vehículo para un cambio como el que exigen los manifestantes y gran parte de la población. El hecho de que asuma la presidencia puede empañar para muchos la sensación de victoria producida por la dimisión de Gotabaya y podría suscitar dudas sobre si el cambio que se necesita es posible dentro del sistema político actual.
Para reducir el riesgo de que se reproduzca la inestabilidad, el gobierno de Wickremesinghe —o de cualquier otro— debe abordar las causas políticas del hundimiento económico y responder a la población que exige una reforma significativa. En particular, hay tres medidas que servirían para demostrar que el nuevo gobierno ha escuchado a la gente y se toma en serio el cambio.
En primer lugar, el nuevo Ejecutivo debe aceptar desde el principio que está en funciones, de forma interina, y comprometerse a celebrar nuevas elecciones antes de finales de 2022, como han pedido muchos en la oposición y en el movimiento de protesta. Parece fundamental que haya nuevas elecciones, relativamente rápidas, para restaurar la legitimidad de la presidencia, el Parlamento y el orden político en su conjunto. Existe un riesgo considerable de que el nuevo presidente y el nuevo primer ministro no acepten convocar esos comicios y, por el contrario, traten de mantenerse en el poder durante todo el resto de la legislatura, aunque también es posible que a ese deseo se contraponga el hecho de que cualquier gobierno que confíe en gobernar durante mucho tiempo tendrá que asumir la responsabilidad de unas reformas económicas muy difíciles y probablemente impopulares.
En segundo lugar, para atender las demandas populares de cambio, el próximo gobierno también debería comprometerse a modificar la constitución para abolir la presidencia ejecutiva, en vigor desde 1978 y que concentra un poder extraordinario en manos del presidente, debilita todas las demás instituciones gubernamentales y causa un enorme daño a la democracia y el bienestar del país. La 20ª enmienda, impulsada por Gotabaya y el SLPP en octubre de 2020, reforzó todavía más los poderes presidenciales. Según una sentencia dictada en junio por el Tribunal Supremo, cualquier enmienda que devuelva poder ejecutivo al primer ministro y el gobierno deberá ser aprobada en un referéndum. Éste podría celebrarse en la misma fecha que unas elecciones generales; lo idóneo sería a finales de 2022. En el momento de tomar posesión como presidente interino, Wickremesinghe prometió volver a la situación anterior y recuperar la 19ª enmienda, que reducía —aunque no eliminaba— los poderes ejecutivos del presidente, antes de la aprobación de la 20ª enmienda la derogara.
En tercer lugar, el gobierno entrante debe demostrar que se toma en serio las investigaciones penales sobre la presunta corrupción de los regímenes anteriores. Debe restablecer las unidades de investigación policial especializadas que funcionaron entre 2015 y 2019, dar pleno apoyo a una comisión independiente de lucha contra los sobornos, cooperar plenamente con los comités de supervisión parlamentaria, avalar una ley para crear una fiscalía independiente dentro de la Fiscalía General y renovar la cooperación anterior con el programa de recuperación de activos robados de la ONU y el Banco Mundial, que investiga los grandes casos de corrupción.
Cuanto antes se establezca un Ejecutivo más o menos aceptable para sustituir al de Rajapaksa, más posibilidades habrá de que pueda iniciar la hercúlea tarea de encontrar soluciones a las acuciantes necesidades económicas y humanitarias del país. Para ello será necesario cerrar un paquete de reformas económicas aceptable para el FMI, lo que, a su vez, facilitará las negociaciones con los múltiples acreedores internacionales de Sri Lanka; es esencial que estos acepten pérdidas en sus inversiones para que la deuda de Sri Lanka sea declarada “sostenible”. Cuanto más consenso encuentren en el Parlamento las reformas políticas necesarias, más creíbles serán para la comunidad internacional. Por su parte, el FMI debe tener cuidado de no presionar para que se implanten unas medidas de austeridad que debiliten demasiado la aceptación popular y den pie a nuevas turbulencias políticas. Antes de concretar el rescate del FMI, el gobierno tendrá que ser capaz de colaborar con los donantes para encontrar de inmediato miles de millones de financiación, con el fin de pagar el combustible necesario para que la economía vuelva a funcionar, y tendrá que idear un plan para alimentar a su población ahora que la economía agraria está hundiéndose y las cosechas son cada vez menores.
¿Qué pueden hacer los socios internacionales para ayudar?
Una vez que el Parlamento elija un nuevo presidente y se instaure un nuevo gobierno, los donantes internacionales deberían ser generosos con la ayuda humanitaria y alimentaria a corto plazo pero más exigentes con respecto a las reformas en materia de gobernanza que deben acompañar a un rescate a largo plazo. En cuanto a la ayuda humanitaria, los donantes interesados en evitar que Sri Lanka se derrumbe aún más deberían facilitar fondos que no se limiten a las modestas cantidades generadas por los llamamientos de emergencia de la ONU y de la Cruz Roja.
Al mismo tiempo, los Estados influyentes tienen que instar al nuevo gobierno, directamente y a través del FMI, a que ponga en marcha el proceso de enmienda a la Constitución que acabamos de describir, para abolir la presidencia ejecutiva y establecer las instituciones independientes de supervisión que son necesarias para evitar la corrupción a gran escala y la pésima gestión económica. La crisis de Sri Lanka es, en gran medida, consecuencia de un sistema político sin controles significativos ni rendición de cuentas sobre las decisiones económicas. No hay que perder la oportunidad de superar los callejones sin salida de la presidencia ejecutiva y restablecer un sistema plenamente parlamentario. Y los socios extranjeros del país también deben animar al FMI a que insista en la necesidad de implantar políticas anticorrupción que tengan contenido y en el fortalecimiento de las instituciones del Estado de derecho como parte de las condiciones para aprobar un rescate.
La aparición de un amplio movimiento popular que exige reformas políticas profundas, el fin de la corrupción y la rendición de cuentas por los robos y demás presuntos delitos cometidos por los Rajapaksa y otros políticos han creado una oportunidad para que los gobiernos occidentales y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU reformulen sus antiguos llamamientos sobre la “rendición de cuentas” de manera que estén más claramente en sintonía con la opinión pública, especialmente entre la mayoría cingalesa. En su sentido más amplio, el principio de rendición de cuentas puede vincular las demandas más extendidas—entre todas las comunidades de Sri Lanka— de que se responda por la mala gestión económica, el robo y otros abusos de poder, con aspectos más difíciles del programa del Consejo de Derechos Humanos, que incluye la rendición de cuentas por los presuntos crímenes cometidos durante los 26 años de guerra civil del país, una idea que sigue siendo controvertida entre los cingaleses y políticamente complicada para los gobiernos de Sri Lanka.
Sea cual sea el gobierno que esté en funciones cuando se reúna de nuevo el Consejo en septiembre, será necesaria una nueva resolución que reafirme el ambicioso plan de reforma establecido en 2021 y amplíe el mandato, con la financiación adecuada, del importante Proyecto de Rendición de Cuentas de Sri Lanka, gestionado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En caso de que el futuro gobierno de Sri Lanka se comprometa con la lucha contra la impunidad, la recuperación de los bienes robados y el apoyo a un Estado reestructurado con una gobernanza más inclusiva, la ONU y los gobiernos extranjeros deben ofrecer formas concretas de apoyo. Por ejemplo, ayuda técnica para poner en marcha las iniciativas nacionales de lucha contra la corrupción y también para relanzar la campaña de recuperación de activos iniciada por el gobierno de coalición de 2015-2019, bajo los auspicios del programa dirigido por el Banco Mundial y la ONU. Un apoyo de esta naturaleza es el que más posibilidades tiene de encontrar aceptación nacional y podría ayudar al país a empezar a salir de la persistente crisis política y económica que tanto le cuesta dejar atrás.
La versión original de este artículo se publicó en International Crisis Group. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
