Un tanque de petróleo de PEMEX en Tula, estado de Hidalgo, México (Omar Torres/AFP/Getty Images).
Un tanque de petróleo de PEMEX en Tula, estado de Hidalgo, México (Omar Torres/AFP/Getty Images).

La reforma energética aprobada en México marca el fin de un ciclo de cambios que se supone llevarán a mayor crecimiento y desarrollo económico. Sin embargo, las continuas amenazas del crimen organizado representan uno de los mayores riesgos para el impulso de esta industria estratégica.

El proceso de reformas económicas que impulsó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto culminó en agosto con la promulgación de la reforma energética, la cual termina con el monopolio estatal que mantenía Petróleos Mexicanos (Pemex) desde 1938.

La nueva legislación abre las puertas para que empresas privadas nacionales e internacionales participen en el sector petrolero y de gas. Se espera que la inversión extranjera directa en el sector sea de unos 10.000 millones de pesos (unos 600 millones de euros) anuales a partir del 2016, lo cual añadiría un punto porcentual anual al crecimiento económico del país a largo plazo.

Las oportunidades son enormes, tanto para las empresas como para el desarrollo económico de México. Sin embargo, las expectativas de crecimiento de la industria pueden ser menores si se tienen en cuenta los riesgos adicionales que traen consigo la inseguridad.

Riesgos para la industria

La transformación del entorno criminal en México, de uno centrado en el tráfico transnacional de drogas ilegales a uno diversificado en crímenes de oportunidad y predatorios, ha tenido un efecto pernicioso tanto en los ciudadanos de a pie como en diversos sectores económicos. Los riesgos para varias industrias productivas se han exacerbado, particularmente en la forma de extorsión sistemática. El caso de los ganaderos y agricultores en el estado de Michoacán es notorio. Las pequeñas y medianas empresas también se han vuelto víctimas frecuentes de la extorsión, lo cual desincentiva la inversión y afecta al desarrollo económico.

Igualmente, los distintos sectores extractivos se han visto afectados por esta evolución criminal. Por un lado está la desenfrenada extorsión a empresas mineras en estados diferentes. Las fuerzas armadas incluso intervinieron en Michoacán para contener el contrabando de hierro en el puerto estratégico de Lázaro Cárdenas. En un estudio reciente sobre percepciones de empresas mineras a escala mundial, 42% de éstas ven a la inseguridad en México como un factor disuasivo leve a la inversión, mientras que 39% la consideran un factor disuasivo significativo.

Con la reforma energética las mineras también podrán participar en la explotación de gas. De acuerdo a la nueva legislación, los yacimientos de gas natural y de lutitas (shale) en minas podrán ser explotados por mineras concesionadas sin la necesidad de concursar en licitaciones. Éstos beneficios adicionales vendrán acompañados de riesgos, pues las oportunidades delictivas serán aún mayores.

El robo de hidrocarburos, uno de los crímenes más comunes que afecta al sector energético, también es un problema agravante. La gran mayoría del combustible robado, en forma de gas condensado, termina en el sur de Estados Unidos donde hay gran demanda en el mercado negro. A partir del 2006, Pemex ha visto como el ...