La revolución en Sudán tuvo rostro de mujer, pero su transición lo está perdiendo. ¿Por qué ellas están quedándose al margen?
Cargando pancartas con el lema "nuestros plenos derechos" y entonando eslóganes como "la mujer es una socia, no decoración", centenares de sudanesas se manifestaron el 26 de julio por las calles de Jartum en dirección a la sede del Consejo de Ministros para reclamar su completa participación en las estructuras de la transición democrática del país.
El detonante de la protesta, convocada por una sesentena de grupos de la sociedad civil, fue la presentación, cuatros días antes, de los gobernadores civiles de las 18 provincias de Sudán, entre los que solo figuraban dos mujeres: Amal Mohamed, en el Estado Norte, y Amina Ahmed, en el del Río Nilo. Pese a tratarse de una de las medidas más esperadas de la transición, el medio Sudan Tribune recogió que incluso su nominación resultó ser complicada por el recelo de algunas formaciones políticas y circunscripciones a apuntalar mujeres en el cargo. Dos días antes se había producido una escena similar cuando 12 embajadores, todos hombres, fueron presentados para renovar misiones en el exterior.
Las mujeres de Sudán se situaron en la primera línea de las masivas movilizaciones que condujeron al derrocamiento del dictador islamista Omar al Bashir en abril de 2019. Su implicación, a menudo mayoritaria en la calle, fue crucial para articular los comités y las asociaciones profesionales que se encontraron en el corazón de la revuelta. Y más allá de las grandes ciudades, la acción de las sudanesas en las castigadas zonas periféricas y áreas rurales del país fue igualmente providencial para forzar la caída del autócrata.
Su situación durante el régimen de Al Bashir venía de ser una de las peores en la región. En 2013, una encuesta de la Fundación Thomas Reuters sobre los derechos de la mujer en el mundo árabe dejó a Sudán en la 17 peor posición de un total de 22. El informe tenía en cuenta seis factores como son la violencia contra mujeres, los derechos reproductivos, y su participación en la familia, economía, sociedad y política. En Sudán, el resultado subrayó que era el único país sin firmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Asimismo, señaló que la estricta interpretación del islam curva sus libertades y que los matrimonios infantiles y la mutilación genital femenina, al igual que las violaciones, son prácticas muy extendidas.
La salida de Al Bashir del trono dio paso a una convulsa y violenta fase marcada por la continuación de masivas movilizaciones y negociaciones entre líderes civiles opositores y el consejo militar que asumió las riendas del poder. Estas conversaciones desembocaron en agosto, ahora hace un año, en un acuerdo de transición recibido como un hito histórico.
Pero una vez atreguó la tormenta, la participación de las mujeres en las incipientes instituciones de la transición ha vuelto a quedar relegada a un segundo plano.
Las estructuras de la transición
Como si fuera una involuntaria declaración de intenciones, la ceremonia para rubricar el anterior acuerdo solo contó con una mujer, la presentadora, y pocas más atendieron al acto. Asimismo, en las críticas negociaciones previas al pacto una sola mujer, Ibtisam al Sanhouri, figuró entre la quincena de representantes civiles –liderando las conversaciones sobre los asuntos jurídicos–, y solo tres, frente a 26 hombres, lo hicieron en el comité de comunicación de las opositoras Fuerzas de la Libertad y el Cambio.
Desde entonces, y a pesar de las promesas de líderes como el primer ministro, Abdalá Hamdok, que ha señalado en repetidas ocasiones que la participación de las mujeres debe ser prioritaria, la unión entre uniformados, por un lado, y trajeados y encorbatados, por el otro, se ha convertido en la estampa habitual a la hora de decidir el rumbo de Sudán.
“En los menos de tres meses que transcurrieron desde la firma del acuerdo de reparto de poder entre el Consejo Militar Transitorio y las Fuerzas de la Libertad y el Cambio, las mujeres fueron forzadas a tomar el asiento trasero”, alertaba un detallado informe elaborado por la rama sudanesa de la Iniciativa Estratégica para la Mujer en el Cuerno de África (SIHA) en marzo de 2020. “Esta exclusión no es nueva para las mujeres sudanesas, que han sido infrarrepresentadas desde la creación del Sudán moderno en 1956,” agregaba el informe, que señalaba cómo “las mujeres carecen a menudo de poderes ejecutivos en consonancia con los de sus colegas masculinos”.
El principal órgano surgido del anterior acuerdo entre militares y civiles fue el Consejo Soberano. Formado por seis miembros civiles y cinco castrenses, la junta tiene el encargo de asumir las funciones de jefe de Estado colectivo durante los 39 meses –arrancados al rubricarse el pacto– que está previsto que dure la transición. De sus 11 miembros, solo dos –ambas civiles– son mujeres, Aisha Musa el Said y Raja Nicola, por bien que la oposición civil solo propuso inicialmente a la primera de ellas.
El primer gobierno que tomó posesión en el país tras la caída de Al Bashir, en septiembre de 2019, ofreció una imagen similar. De los 18 miembros iniciales, solo cuatro fueron mujeres: Asma Mohamed Abdalla, titular de Asuntos Exteriores; Walaa Essam, de Juventud y Deporte; Lina El Sheikh, de Desarrollo Social y Trabajo; e Intisar El Zein, de Educación Superior. La primera de ellas abandonó el cargo el pasado 9 de julio.
“Como no es de extrañar, la representación de las mujeres en las estructuras de gobierno actuales cae muy por debajo de nuestra demanda de paridad del 50%, y somos escépticas de que la cuota del 40% del consejo legislativo sea respetada”, criticó la activista Alaa Salah, convertida en icono de la revolución durante las protestas, en el debate de apertura sobre Mujeres, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado en 2019.
En este sentido, entre las peticiones de la marcha de mujeres del 26 de julio frente al Consejo de Ministros figuró el respeto al 40% de asientos que, según los acuerdos de agosto de 2019, debe reservarse a las sudanesas en el parlamento transitorio, pendiente de constituirse próximamente y convertirse en otro órgano central de la transición.
En el terreno de la Justicia, el Consejo Soberano nombró en octubre de 2019 a Neimat Abdalá Khair presidenta del sistema judicial del país, lo que la convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo. Este ámbito es particularmente delicado debido a que tanto Al Bashir como su predecesor, Gaafar al Nimeiry, tejieron una legislación profundamente discriminatoria con las mujeres que se ha convertido en uno de sus principales blancos.
Aquí, el Gobierno anunció con pompa a finales del pasado junio una batería de esperadas enmiendas que empezó a revisar parte de esta herencia legal. Entre las reformas más significativas se encontraron la criminalización de la mutilación genital femenina, el reconocimiento del derecho de las mujeres a viajar con sus hijos sin requerir autorización de un tutor varón o la cancelación de un artículo del código penal que dictaba el código de vestimenta de las féminas. Aunque los cambios fueron bienvenidos como un positivo primer paso, el gesto fue también criticado porque mantiene en su lugar el marco legal articulado por Al Bashir en lugar de abolirlo, lo que limita el alcance de las medidas.
“Más allá de la presencia institucional, son determinantes los cambios legislativos que puedan implementarse de forma estructural en las nuevas instituciones democráticas para fortalecer la transición y avanzar en la igualdad de derechos en la sociedad sudanesa”, deslizó el investigador de la Escola de Cultura de Pau de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) Josep María Royo Aspa en un artículo publicado de marzo de 2020.
Otro de los aspectos cruciales de la transición en el que las mujeres están siendo también dejadas al margen, pese al compromiso recogido en el acuerdo de transición de asegurar su participación en dichos procesos, son las negociaciones de paz para poner fin a los conflictos que han minado Sudán durante décadas. En estas regiones, como Darfur, donde ellas han sobrevivido niveles de violencia y marginación muy superiores, las grandes prioridades son distintas a las del resto del país, e incluyen cuestiones como alcanzar la paz y ser representadas en las negociaciones.
“Las conversaciones de paz en curso también carecen de representación femenina, y las mujeres en zonas en guerra se sienten aisladas de la discusión pese a ser las más afectadas por la guerra y los conflictos”, leía el anterior informe de SIHA. “Excluir a mujeres de las conversaciones de paz va a pasar por alto inevitablemente sus necesidades en los procesos de paz y agravar aún más su estado de abandono. Los grupos armados también comparten la culpa, ya que no incluyen a mujeres de sus grupos en las negociaciones y aquellas en campos de refugiados o desplazados raramente son consultadas”, observó.
A pesar de ello, la teoría parece estar en este caso de su parte. Según el libro Mujeres y poder en la África postconflicto, escrito por la politóloga Aili Mari Tripp en 2015, los países que salen de guerras son más rápidos a la hora de avanzar los derechos de las mujeres, elegirlas para cargos políticos, profundizar reformas legales y ofrecer mayores garantías en cuestiones familiares, de violencia o acceso a la tierra. En este sentido, Tripp observó en 2016 que la Liberia postconflicto se convirtió en 2006 en el primer país del continente en elegir a una mujer presidenta, que la Uganda postconflicto había tenido ya entonces una mujer vicepresidenta durante 10 años, y que Ruanda tenía los mayores índices del mundo de representación femenina en el parlamento (63,8%).
El futuro de la revolución
La discriminación positiva ha sido defendida en la fase actual por prominentes activistas como fórmula para superar las barreras que dificultan el acceso de las mujeres a algunos cargos. En esta línea, Samahir el Mubarak, portavoz de la Asociación de Profesionales Sudaneses, un sindicato clave en la articulación de las protestas contra Al Bashir, expresó en un artículo de 2019 de la agencia AFP que la ausencia de mujeres en las instituciones de la transición “no es aceptable, pero es de algún modo comprensible”. La activista, una de las voces más destacadas de las protestas, notó que “organizaciones y partidos políticos activos en la transición han existido durante mucho tiempo y han excluido a las mujeres”, por lo que “en condiciones actuales necesitamos algún tipo de discriminación positiva”.
Por ahora, la adopción de cuotas parece haber sido efectiva para aumentar la participación de mujeres en partidos políticos, que empiezan a contar también con secciones específicas al respecto. Aun así, todavía existe una barrera cuando se trata de acceder a puestos con poder de decisión. Además, aquellas que alcanzan estas posiciones han sido recibidas con escepticismo por parte de mujeres de clases populares y residentes en la castigada periferia del país, que las consideran parte de la élite y reclaman representación propia.
Mujeres activistas dentro y fuera de Sudán han insistido, además, en que su participación en las nacientes estructuras de la transición es clave no solo para asegurar su justa representación sino para evitar que descarrile la revolución y asegurar en última instancia su triunfo. En esta línea, la antigua presidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf escribió en una columna publicada en el diario The New York Times en octubre de 2019 que “para que las democracias estén a salvo, las mujeres deben ostentar poder. Eso significa más que el mero derecho a votar; las mujeres necesitan autoridad decisoria real. Sus voces deben ser escuchadas en las calles y en todas las ramas del gobierno”. “Elegir a más mujeres para estos cargos normaliza la idea de que las mujeres y otros grupos marginalizados pueden ejercer el poder de forma efectiva. También cambia las prioridades del gobierno y lo hace funcionar mejor”, agregó la también Premio Nobel de la Paz de 2011.
Sirleaf concluía su columna haciendo referencia a un estudio elaborado por Brookings en 2017 que encontró que “la igualdad de género y la democracia se fortalecen la una a la otra. Cuando hay una mayor igualdad a la hora de gobernar, el estado de paz relativo de una nación incrementa, la seguridad mejora y hay menos agresiones a otros países. A su vez, cuando una democracia es más fuerte, las mujeres tienen menos posibilidades de sufrir violencia y gozan de una mayor igualdad política y económica”.
