El país que desató las Primaveras árabes ha visto sus ambiciones democráticas hipotecadas por un adverso contexto económico. Para el FMI la sostenibilidad del Estado, cada vez más endeudado, pasa por el reequilibrio de las finanzas públicas y la lucha contra la corrupción, impeliendo a las autoridades a adoptar “medidas valientes” en un marco de precariedad y acentuada contestación social.
“Las perspectivas de la economía tunecina mejoran lentamente pero los desafíos persisten”, ha indicado el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un comunicado difundido al término de la misión de observación llevada a cabo en el país entre el 26 de julio y el 3 de agosto pasados. “El crecimiento está en vías de alcanzar el 2,3% en 2017 sostenido por la recuperación de los fosfatos, la agricultura y el turismo. No obstante, los obstáculos estructurales de la economía continúan lastrando la situación”, precisa. La neutralidad retórica empleada apenas oculta las inquietudes de la institución financiera internacional con relación a la delicada coyuntura económica que atraviesa Túnez. Unas dudas corroboradas por el jefe de misión del FMI en Túnez, Björn Rother, quien mientras públicamente dice confiar en la “fortaleza” tunecina, enfatizando que el crecimiento ha aumentado en un punto con respecto a 2016, en privado arremete contra la ausencia de voluntad reformadora del Gobierno. Supeditando, así, a la implementación de “medidas valientes” el desbloqueo progresivo de fondos del préstamo acordado por la institución financiera internacional en mayo de 2016, por valor total de 2,9 mil millones de dólares y de los cuales 630 millones de dólares ya han sido desbloqueados. Entre otros, apunta Rother a la necesidad de disminuir la masa funcionarial y recortar los gastos públicos en aras de la sostenibilidad del Estado, y luchar de forma decidida, y eficaz, contra la corrupción. En ausencia de esta voluntad, el FMI teme un “escenario a la griega” susceptible de hipotecar las esperanzas de cambio democrático en el país.
El panorama es poco halagüeño. La tasa de crecimiento actual es aledaña al 2%, el desempleo medio es del 15%, si bien se eleva al 35% entre jóvenes y mujeres, y es muy superior en el interior que en la costa; la inflación subyacente en junio se ha situado en el 5,5% y el dinar ha perdido más del 25% de su valor frente a las divisas internacionales desde 2016, incidiendo en la pérdida de poder adquisitivo y nivel de vida de los tunecinos, y fomentando los déficits, dilatando una deuda internacional cada vez más insostenible. Con todas las presiones que esto genera sobre el margen de maniobra presupuestaria del Estado. El FMI nota de forma particularizada el crecimiento “demasiado rápido” del endeudamiento, necesario para financiar el agujero presupuestario persistente, pero paliado por el recurso a créditos cuyos efectos negativos se harán patentes a medio plazo. Comparado con otros países árabes (Egipto, Jordania y Marruecos), Túnez ha acumulado una deuda internacional mucho más importante, que era del 35,6% del PIB en 2010 y que a finales de 2017 se estima se sitúe en el 62,1%. Una deuda que representa un “peligro mortal”, en palabras de Rother, ya que, en un primer momento, su amortización más intereses devorará partes cada vez más importantes de ingresos públicos para, ulteriormente, derivar en una situación en la que el Estado se vea amenazado de insolvencia. Y todo ello sin tomar en consideración una eventual alza de las tasas de interés mundiales, que sería letal para un país donde dos tercios de la deuda se ha contraído en divisas extranjeras.
Contener la hemorragia
Junto con la tímida recuperación industrial, la nota que más llama al optimismo es la evolución del sector turístico, que ha retomado los valores positivos desde el comienzo del año. Según la Oficina Nacional Tunecina del Turismo (ONTT), se registraron 1.725.891 llegadas entre enero y mayo de 2017, cifra que implica una progresión del 46,2% con respecto al mismo periodo del pasado ejercicio, si bien el 60,2% de turistas provienen de otros países magrebíes mientras que apenas un 17% son europeos, destacando la presencia de franceses, rusos, alemanes, italianos y, en menor medida, británicos. “Incluso si las previsiones del verano son buenas para los mercados tradicionales, sobre todo el mercado interno y el argelino, lo cual llama al optimismo, hay que ser muy prudente habida cuenta que la imagen de Túnez sigue siendo frágil y la visibilidad a la medio y largo plazo no es del todo clara”, expone Afif Kchuk, presidente de la ONTT. Los avances operados en la lucha antiterrorista y contra la inseguridad ciudadana han redundado en la recuperación de la confianza de los turistas e inversores, según el Gobierno, que ha querido ver en la redención de tan fundamental pilar de la economía local, que representa el 7% del PIB, un síntoma sin paliativos de la anhelada recuperación económica. El optimismo del Ejecutivo encabezado por Yusef Chahed contrasta con la visión del FMI, para quien la acción gubernamental se antoja “incapaz” de hacer frente a la depresión o, al menos, de estabilizar la situación, adoleciendo el país de una “fragilidad estructural”, llamando a ajustes “urgentes” y “valientes” para “contener la hemorragia” y “evitar lo peor”, invitando al Gobierno a repensar su estrategia económica, renovar sus instrumentos de intervención y clarificar sus paradigmas.
El talón de Aquiles de la reforma son las finanzas públicas. Desde 2011, año en que se desató la ‘revolución jazmín’, los gastos del Estado han crecido el doble que sus ingresos, una tendencia que se ha acentuado a partir de 2016, ejercicio durante el cual la recaudación impositiva sobre beneficios se redujo un 3% y la de tasas sobre el comercio exterior en un 10%, lo cual ha hecho saltar todas las alarmas sobre la evasión fiscal y el recurso cada vez más acentuado al sector informal. El FMI se ha mostrado particularmente crítico con el doble lenguaje del Gobierno, que prometió reducir su masa funcionarial pero que, en paralelo, para alcanzar un clima de paz social y estabilidad, acordó con la principal central sindical del país, la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT) un aumento de las remuneraciones de los empleados del sector público que el ministerio de Finanzas situó en un 16,6% en 2016. A esto hay que añadir el alza de los intereses de la deuda (20,4%), que ha supuesto un incremento de un 9,3% del diferencial entre ingresos y gastos, ahondando el déficit presupuestario de 2016 en 5,5 mil millones de dinares, monto que representa un 6,2% del PIB tunecino. “Vivimos a crédito muy por encima de nuestros medios, dejándonos llevar por la embriaguez del consumo y de las importaciones sin discernimiento alguno en detrimento de cualquier forma de racionalidad económica”, condena Jedi Mexri, periodista de L’Économiste Maghrébin, soporte económico de referencia en Túnez. Según éste, “sin la avalancha de créditos exteriores, que no sabemos cómo vamos a devolver sin hipotecar aún más nuestro futuro, nuestras finanzas públicas, nuestras reservas de cambio, nuestro nivel de consumo, nuestras cajas sociales estarían en un estado desastroso”. Para el FMI, Túnez no tiene otra alternativa que la de contener y frenar la hemorragia de sus déficits en aras de la estabilidad económica, la paz social e impulsar, en último término, la anhelada transición democrática.
Transición en riesgo
Desde la insurrección popular de 2011, los diferentes gobiernos al frente del país han estado conformados por amplias coaliciones que integraban a los principales actores de la escena política y partisana, sindicatos, elites económicas y tecnócratas. Las políticas desplegadas son debedoras de mínimos consensos que impiden acometer reformas en profundidad, ya que podrían tener un pernicioso impacto electoral o derivar en la aversión de amplias franjas de la población. El riesgo terrorista no ha dado tregua al Gobierno, al igual que la contestación social, particularmente en las regiones mineras al sur del país. Un ejemplo de lo delicado de la situación social lo encontramos el 10 de mayo de 2017 en la pequeña localidad de Teburba, 35 kilómetros al oeste de la capital, en la prefectura de La Manuba, que se convirtió en teatro de violentos enfrentamientos entre cientos de jóvenes y las fuerzas de seguridad. En el origen de la contestación: la tentativa de inmolación de un vendedor ambulantes de frutas al que la policía le impidió trabajar. La situación inmediatamente evocó el acontecimiento fundador de la revolución tunecina de finales de diciembre de 2010, cuando las fuerzas del orden confiscaron la mercancía de Mohamed Buazizi, quien terminó por quemarse a lo bonzo ante la residencia del gobernador de Sidi Buzid, también en el interior del país. “El drama de Teburta no es un hecho aislado. Los suicidios y automutilaciones son frecuentes en el seno de una juventud abandonada a su suerte y en constante rebelión, que mantiene elevado el clima de tensión social y hace que el país se interrogue constantemente sobre sus posibilidades de futuro en un contexto de crisis multiforme”, enfatiza el periodista e investigador argelino Akram Belkaid.
Elecciones libres, formación de una asamblea constituyente, adopción de una constitución ejemplar en su contexto, en un momento en que los levantamientos en otros países árabes degeneraban en guerras civiles, étnicas y tribales; Túnez representaba un halo de esperanza para todos aquellos que creían en el cambio democrático. Cuando en 2013 el país estuvo a punto de sucumbir a la violencia tras el asesinado de dos líderes políticos a manos de elementos islamistas, de nuevo la madurez del pueblo tunecino prevaleció, poniéndose en marcha el Cuarteto por el diálogo nacional. En 2015 se produjeron los atentados contra el Museo de El Bardo, en Túnez, y en un hotel de Susa, que se saldaron con decenas de víctimas, despertando el fantasma del terrorismo. Las complejidades geopolíticas del entorno regional, sumido en el caos y la violencia, incide de forma negativa en la imagen del país. La concesión en 2015 del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto no logró hacer salir completamente a Túnez del aislamiento político, mediático y económico, que era el objetivo último pretendido por las huestes terroristas, junto con el entierro del proyecto democrático tunecino. El actual Gobierno no lo ha hecho mejor que sus predecesores. A pesar de su juventud y dinamismo, Chahed no ha logrado granjearse la confianza de parados y atenuar el bloqueo industrial, el cierre de pozos petrolíferos y la obstrucción de carreteras. Sí, es cierto que su popularidad ha aumentado desde que declaró la guerra a la corrupción que mina la economía y la confianza de los actores económicos.
El pasado 23 de mayo las autoridades pusieron en marcha una vasta operación que se venía gestando desde varios meses atrás. En apenas unas semanas desde su lanzamiento se produjeron más de una decena de arrestos de conocidos operadores económicos acusados de contrabando y comercio informal, destacando la detención de Chafik Larraya, personaje conocido por su proximidad con los Trabelsi, la familia política del depuesto presidente Zine el Abidine Ben Alí. Más allá de la voluntad manifestada y de gestos como el lanzamiento de esta “guerra contra la corrupción”, como la bautizó el propio Chahed, el polo financiero encargado de orquestar y coordinar las acciones en tan particular lucha, instaurado en 2011 pero no oficializado hasta diciembre de 2016, se enfrenta a día de hoy al tratamiento de más de 1.300 dossiers con apenas media docena de jueces. “A pesar de sus promesas, el presidente sigue actuando de forma inconsistente, aleatoria y en muchos casos discrecional, sin duda debido a la falta de medios, de capacidades y de ausencia de visión estratégica”, estima Asef Ben Ammar, profesor de origen tunecino de economía política en la Universidad de Quebec. La transición política hacia un régimen democrático permanece supeditada a la morosidad económica y social del país, seis años después del inicio de la revolución. “Túnez no tiene otra opción que avanzar, reformar su administración pública, acabar con la corrupción y promover la inversión, lo cual pasa por acometer dolorosas reformas económicas”, sentencia Ben Ammar.
