La Unión Europea, como principal donante de ayuda al desarrollo con que cuenta Honduras, podría jugar un papel mucho más relevante y activo en la búsqueda de una salida para la crisis que atraviesa el país centroamericano.

 

En breve podría quedar libre el puesto de mediador en Honduras. Aumenta el descontento con la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del presidente costarricense, Óscar Arias, que diseñó el Acuerdo de San José para conformar un gobierno de reconciliación. La pregunta es si la salida al golpe de Estado debe ser una reconciliación o si lo que está en juego es la democracia en la región, muchas veces hipotecada por los pactos entre las élites para crear una paz ficticia. Un candidato ideal para promover la institucionalidad democrática sería la Unión Europea, con un papel destacado de España como principal socio latinoamericano.

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¿Es posible el retorno? El presidente Manuel Zelaya, en la frontera entre Honduras y Guatemala.

Sería una oportunidad para retomar el histórico rol de la UE en Centroamérica y de hacer valer su influencia como donante en Honduras, país al que en 2006 destinó 173 millones de dólares (unos 121 millones de euros), una cantidad nada desdeñable en la segunda nación más pobre de América Latina. Es cierto que la Unión ha congelado sus fondos y sus contactos diplomáticos, pero ni se ha producido ninguna respuesta política europea ni una condena clara tanto del golpe de Estado como de las aparentes violaciones de los derechos humanos del ilegítimo gobierno de Micheletti.

El conflicto centroamericano en los 80 dio lugar al proceso de San José -las conferencias entre Centroamérica, la UE y el Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela)- que inauguró una intensa relación entre Europa y el conjunto de América Latina. La mediación de la Unión en esta zona, su firme apoyo a la paz y el diseño de una política neutral sigue siendo considerando como uno de los pocos ejemplos de una exitosa actuación conjunta de Europa.

En el caso de Honduras, la política europea se tradujo en la Declaración de Estocolmo, que guió la reconstrucción y transformación del país después del huracán Mitch en 1998. Enfocada en el desarrollo humano y la consolidación democrática, fue impulsada por Alemania, España y Suecia, y supuso el pistoletazo de salida para la coordinación de la ayuda bajo un ambicioso paraguas de metas políticas, sociales y económicas. Viendo esta larga trayectoria, ¿cómo se puede explicar que la UE no tome cartas en el asunto y sólo se limite a apoyar los esfuerzos de otros actores que aportan poco al refuerzo de la institucionalidad? A pesar de que Honduras no tiene gran relevancia para la UE, ha recibido mucha ayuda durante bastante tiempo, aunque parece que ésta no ha contribuido ni a desarrollar ni a estabilizar el país centroamericano.

Suecia, que actualmente preside la UE, ha sido uno de los principales donantes de América Central. A finales de 2010, Honduras y Nicaragua ya no contarán con la cooperación sueca ni con su excelente interlocución política. España está empezando a reemplazar al país nórdico como principal donante europeo y, con menor clarividencia, como socio político. En el primer semestre de 2010, España asumirá la presidencia europea y organizará la próxima Cumbre entre la UE y América Latina que, entre otros asuntos, prevé la conclusión de un acuerdo de asociación con Centroamérica.

El gobierno español ha dado algunos pasos firmes frente a la crisis en Honduras. Madrid sugirió y consiguió que la UE retirara sus embajadores en Tegucigalpa como respuesta al golpe de Estado, aunque ni Estados Unidos ni España se atrevieron a llamarlo de ese modo. No condenar el golpe contra un gobierno democráticamente elegido, aunque Manuel Zelaya tampoco destacara por su respeto institucional, crea un peligroso precedente en una región cuya historia está plagada de intervenciones y amenazas militares.

Sin duda, el panorama se complica por la crispación generada alrededor del presidente venezolano, Hugo Chávez, que movilizó desde el principio su maquinaría política regional a favor del depuesto presidente y aliado Zelaya. Pero haya o no interferido Chávez en Honduras, la intervención del Ejército representa un suicidio democrático inaceptable que la UE debería condenar firmemente.

Teniendo en cuenta que un 70% de los hondureños son pobres, parte de la ayuda ha sido despilfarrada por unas élites poco interesadas en la lucha contra la pobreza

Casi treinta años después del conflicto centroamericano, ha llegado el momento de reenfocar el camino de paz y diálogo que la UE emprendió junto con Óscar Arias y otros. Los altos niveles de pobreza, la injusticia social, la violencia diaria y la influencia del narcotráfico en unos Estados cada vez más débiles señalan que algo ha fallado en este proceso que la Unión apoyó mediante el diálogo y recursos masivos. Teniendo en cuenta que un 70% de los hondureños son pobres, parte de la ayuda ha sido despilfarrada por unas élites poco interesadas en la lucha contra la pobreza.

La UE se encuentra con algunas barreras para su candidatura. Un problema que se repite en muchas otras crisis es la diversidad de posiciones en el seno de la Unión. Hasta ahora, Francia, junto a Brasil, ha sido el único país europeo que condenó claramente el golpe y pidió la restitución de Zelaya en el poder. Alemania no dijo nada. Cabe recordar que el proceso de San José se basó en el consenso del tándem Alemania-Francia que hoy es mucho menos visible. Esto, junto a la reducida influencia que ejerce España en la Europa de los 27, limita las posibilidades de una actuación común.

Negociar una salida del laberinto hondureño es complicado. En estos momentos, el retorno pacífico de Zelaya parece imposible y su terquedad no ayuda. El actual Gobierno no parece dispuesto a renunciar y tampoco surge un tercer actor que pueda ofrecer una salida. De este modo, los dos implicados están condenados a negociar una solución en el marco del Acuerdo de San José, recientemente apoyada por el Ejército. La alternativa sería el imperio de la inercia, es decir, aceptar la situación de facto hasta las próximas elecciones presidenciales previstas para el 29 de noviembre.

Este intermedio es breve pero decisivo. Sería un mensaje equivocado si EE UU y la UE llegaran a reconocer el nuevo Ejecutivo, porque los militares de cualquier país latinoamericano se sentirían llamados a intervenir contra gobiernos electos que consideran políticamente inoportunos.  Sin duda, la reciente visita oficial a Honduras de varios senadores republicanos estadounidenses abre graves interrogantes sobre la capacidad de la Administración Obama de intervenir en el conflicto.

En este sentido, Honduras ofrece una excelente oportunidad para reafirmar aquellos valores que la UE ofreció y que sirvieron para poner en marcha un proceso de paz que condujo a los acuerdos Esquipulas I y II. Junto con sus socios latinoamericanos, la Unión Europea debería construir un Esquipulas III para emprender las reformas estructurales pendientes y reforzar las instituciones. La crisis en el país centroamericano es emblemática para señalar los graves problemas de una subregión (con la excepción de Costa Rica) que no ha sabido construir sociedades postconflicto sostenibles, sino que transformó las guerras políticas en una espiral de violencia generalizada fruto de unas estructuras políticas, sociales y económicas muy débiles. Siendo la UE su principal donante, Honduras y su vulnerable democracia es también su fracaso.

 

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