Las inminentes citas electorales, con legislativas previstas para marzo y presidenciales para mayo, miden la situación del conflicto colombiano, cinco años después de los Acuerdos de paz y con un país acostumbrado a las agresiones como “mecanismo de competencia política”.
Colombia firmó la paz en 2016. La violencia sigue definiendo la realidad política y social del país. Solo en los primeros 45 días de 2022, al menos 22 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, además de tres excombatientes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), firmantes de los Acuerdos de Paz. Los datos los recopila Indepaz, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, que también cifra en 19 las masacres (acto violento en el que mueren al menos tres personas) ocurridas en apenas mes y medio de año, con 82 víctimas mortales.
Con la histórica rúbrica entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la principal guerrilla como telón de fondo, el conflicto armado ha cambiado de formas. Pero continúa existiendo. Con la mayoría de las FARC desmovilizadas (aunque algunos grupos han vuelto a la senda armada) y gran parte de sus integrantes tratando de insertarse en la vida civil, hoy los actores son otros. “Las masacres son una clara evidencia de que el conflicto armado se está reconfigurando en los territorios. Con el Acuerdo de paz de 2016, las FARC abandonaron la gran mayoría de las zonas donde operaba, generando una cruenta disputa entre distintos grupos armados por el control territorial. En estas zonas donde el Estado no ejerce presencia alguna, las masacres han venido en aumento constante”, recoge el medio independiente Rutas del conflicto, que se dedica precisamente a documentar las matanzas.
Una opinión compartida por Human Rights Watch que, en su Informe mundial 2022, indica que la violencia relacionada con el conflicto “ha adoptado nuevas formas” y que, el año pasado, “aumentaron los abusos por parte de grupos armados, incluyendo asesinatos, masacres y desplazamiento forzado masivo”.
Hay muchas cifras, pero tal vez pocos nombres para describir la situación colombiana. “La mortandad parece invisible”, escribe el periodista y analista Ariel Ávila, en el libro ¿Por qué los matan?, en el que concluye que “la victimización a un líder social es una herida profunda para la democracia. Es como si la estuviéramos matando”. El ahora candidato al Senado por Coalición Centro Esperanza también ha subrayado que los homicidios de líderes sociales “pueden considerarse como casos ejemplarizantes”.
Dura respuesta a la protesta social
Luz Marina Bernal cabe en la definición de lideresa social. No ha parado de luchar desde que en 2008 asesinaron a su hijo Fair Leonardo Porras Bernal, haciéndolo pasar por un guerrillero. Su lucha no se queda solo en los tribunales, sino que se extiende a las calles y a las instituciones, aunque aquí de manera simbólica. Ocupa el puesto número 100 en la lista al Senado del Pacto Histórico, plataforma de izquierdas liderada por Gustavo Petro, quien ya disputó la presidencia del país en las anteriores elecciones. “Lo que nos dejan en este momento es un país totalmente herido y con un cúmulo de víctimas demasiado grande”, afirma Bernal a esglobal. Las personas desaparecidas en Colombia se cuentan por miles y continúan reclamando justicia.
Tiene la mirada triste, ni siquiera sonríe cuando su hijo pequeño, que levanta tres palmos del suelo y está disfrazado con una careta, trata de jugar con él. Ha venido a exigir justicia y hacer memoria. “Mi sobrino fue asesinado en el marco de la protesta social el 5 de junio [de 2021] aquí, en Bogotá”, arranca Edison Salazar, tío de Duban Barros, un joven de 17 años. Tras un mes desaparecido, se constató que su cuerpo sin vida llevaba en Medicina Legal prácticamente desde que se le perdió la pista. “La Fiscalía ha tratado de decir que no fue en el marco de la protesta donde fue asesinado. Y fue torturado, golpeado y arrojado. Lo detuvieron y lo subieron en un camión con dos muchachos más y no llegó a la casa ese día y al día siguiente lo sacaron y ya. Y Medicina Legal lo ocultó”, continúa Salazar, en un acto de memoria organizado en un parque bogotano.
La fuerza policial e incluso militar con la que el Ejecutivo del presidente Iván Duque ha respondido a quienes han participado en las protestas sociales, sobre todo a partir del paro nacional que arrancó el 28 de abril de 2021, describe la Colombia actual, esa que firmó la paz pero continúa desangrándose. La campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas realiza monitoreos y verificaciones de las agresiones y violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la protesta social: pues bien, en 2021 registró 7.620 agresiones, entre ellas 89 homicidios; uno de ellos, el de Duban Barros. También monitorizó a casi 2.000 personas heridas, además de casos de violencia sexual y de detenciones arbitrarias e ilegales. “No hubo un día en que las organizaciones que salían a las calles no fueran agredidas por la policía. Todos los días del paro nacional registramos todo tipo de agresiones”, explica a esglobal Luis Carlos Montenegro, del área de Democracia y Protesta de la citada campaña.
El factor electoral
Aunque las cifras de violencia abruman, sí que es cierto que desde 2016 los números han dejado de ser tan rojos. De nuevo según Indepaz, el promedio anual y general de víctimas fue de 430.000 personas entre 2003 y 2008, de 200.000 personas entre 2009 y 2015, y de menos de 100.000 entre 2016 y 2021. Son muchas, pero son menos. Aunque siempre con matices. “La violencia generalizada disminuyó como consecuencia del Acuerdo de Paz y todo parece indicar que la violencia selectiva tendió a aumentar”, escribe Ariel Ávila. Otro detalle: el número de personas desplazadas se incrementó considerablemente en 2021. La variable electoral añade otro punto y aparte más.
Este 2022, Colombia celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo y, antes, para el 13 de marzo, están reservadas las legislativas, en las que la ciudadanía elige a quienes integran el Senado y la Cámara de Representantes. Dos citas con mucho peso, también en cuando a las agresiones se refiere. Ávila ha estudiado lo sucedido en las elecciones locales de 2019, en las que la violencia selectiva aumentó: “Se puede concluir que la violencia electoral fue ejercida como mecanismo de competencia política”. Este analista recuerda también que los meses previos al plebiscito sobre el Acuerdo de Paz fueron particularmente violentos.
Una opinión similar mantienen Juan Guillermo Albarracín y Juan Pablo Milanese, profesores de Ciencia Política en la Universidad Icesi: “Del mismo modo que sucediera con la anterior etapa del calendario electoral, la proximidad de una nueva elección en Colombia ha recrudecido el escenario de violencia política. Hechos recientes nos hacen prever que el próximo ciclo electoral estará acompañado de un visible aumento en la violencia”, han escrito en El País.
En ¿Por qué los matan?, Ávila desarrolla la teoría de que la violencia es utilizada como un mecanismo de competencia política. Narra que centenares de alcaldes, diputados, concejales y demás candidaturas a cargos públicos fueron asesinados, secuestrados u obligados a renunciar. Entre otras estrategias, desgrana cómo los grupos paramilitares han obligado a la población a votar por determinados candidatos y han prohibido a otros presentarse. En el caso de los comicios regionales de 2019, explica que “a medida que se acerca el día de las votaciones se intensifican los ataques, se hacen más álgidas las disputas y sube el riesgo para distintos actores relacionados con el desarrollo del proceso electoral”. Insiste además en que “el Estado es responsable no solo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer”.
Desde el último piso de un centro bloque de Bogotá que ofrece una imagen panorámica de la ciudad, Montenegro no duda en ofrecer un análisis análogo: “El año electoral o preelectoral siempre está marcado por un ambiente de mayores violencias, que luego legitiman discursos del tipo ‘nosotros somos los salvadores que vamos a venir a luchar contra el terrorismo de la guerrilla’. Ese mismo discurso, que es la teoría del enemigo interno, nunca cambió en los últimos 50 años; siempre encontraron a quién atribuirle ser el enemigo interno y colocar a los medios de comunicación a favor de crear un discurso estigmatizaste. Como las guerrillas de las FARC entraron en un acuerdo de paz, ese enemigo interno ya no son las FARC”, sostiene, incidiendo en los datos de violencia en el marco de la protesta social generalizada que vivió el país el año pasado.
“¿Y no teme alguna interferencia violenta en el proceso electoral? ¿Algún atentado o magnicidio?”, preguntó recientemente el periodista de El País Jan Martínez Ahrens al presidente Duque. “El terrorismo trata de buscar espacios para generar zozobra, pero el Estado es ahora más fuerte y tiene más capacidad para prevenir actos criminales. Si el terrorismo pretende manchar la elección, será primero golpeado contundentemente”, respondió el mandatario. Si bien las FARC ya no son ese “enemigo interno”, en sus discursos, Duque menciona una y otra vez a las disidencias que han cogido las armas y a las que tacha de “terroristas”.
Firmantes de paz asesinados
Los exguerrilleros desmovilizados, una de las partes firmantes de la paz, son otro de los factores clave a la hora de analizar la violencia cotidiana de la actual Colombia. Desde la terraza de Frutos de Paz, una pequeña tiendita de café, miel, panela, verduras, huevos o botas regentada por excombatientes en un barrio tranquilo de Bogotá, el exmiliciano Arturo Zamora lamenta la actuación del Ejecutivo: “El proceso [de implementación de los Acuerdos de Paz] lo torpedeó este Gobierno. Vamos casi en 280 los asesinados ya [ahora mismo, según Indepaz, el número se eleva por encima de los 300] más los desplazamientos de los compañeros de los ETCRs [Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación], cuando se supone que tienen cordones de seguridad. Los cumplimientos por parte del Estado están en un 20% apenas de todo lo que se firmó en La Habana. La situación es muy compleja”.
Indepaz ha realizado un análisis de los cinco años de implementación del Acuerdo y considera que las garantías de seguridad para el ejercicio político no han contado con la capacidad suficiente como para proteger a los líderes sociales y a los excombatientes en proceso de reincorporación. Colombia firmó la paz en 2016. La violencia sigue definiendo la realidad política y social del país. Los Acuerdos de Paz siguen sin implementarse de forma íntegra. “Es un fracaso, pero no del acuerdo, sino de un Gobierno hostil con los derechos humanos. Pero hay una línea muy fuerte de resistencia de la sociedad civil, de las mujeres, de las comunidades, exigiendo a este Gobierno y al que venga una ruta para pasar la página y que se cumpla y se implemente el Acuerdo”, explica Adriana Benjumea, abogada feminista y directora de la Corporación Humanas Colombia.
Mientras el país camina hacia una doble cita electoral (triple en el caso de que haya segunda vuelta en las elecciones presidenciales), Indepaz continúa sumando víctimas semana tras semana.
