¿Cómo rediseña el país sus fronteras a costa del aislamiento y el desequilibrio regional?

Nicaragua
Vista del río San Juan. AFP/Getty Images

Las diferencias limítrofes en la cuenca del Caribe lejos de ser agua pasada, son una nueva fuente de disputa que crea una profunda distorsión de las relaciones entre los países de esta zona, cuyo equilibrio estratégico y económico podría cambiar y verse, profundamente, alterado.

El pasado mes de septiembre los mandatarios de Costa Rica, Panamá y Colombia presentaron una misiva conjunta al Secretario General de la ONU con el fin de denunciar los planes expansionistas de Nicaragua. Jamaica, por su parte, formuló también una objeción a la Comisión de Límites de la Convención del Mar de Naciones Unidas. Un ambiente tan tenso entre los países de la cuenca caribeña es, sin duda, una novedad y cabe preguntarse: ¿qué es exactamente lo que impulsa al Gobierno nicaragüense a generar tanta molestia entre sus vecinos y entre otros Estados no tan cercanos?

La respuesta a esta pregunta tiene dos aristas. Por un lado, se revelan importantes intereses económicos, como la exploración petrolera y la posible apertura de un canal interoceánico. Por el otro, un uso político de las disputas territoriales para fortalecer la figura del presidente, Daniel Ortega, cuya estrategia de poder combina un fuerte populismo junto con una estrecha cercanía a la clase empresarial del país.

De cualquier forma, los diferendos limítrofes de Nicaragua con Costa Rica y Colombia no son recientes. De hecho, el de Bogotá, se remonta a 1838, ante la necesidad de la recién creada República de Nicaragua de hacerse con una salida al Atlántico. Una pretensión que parecía zanjada en 1928 con la firma de un tratado en el que Colombia cedió a Nicaragua la Costa de Mosquitos. En 1980, el Gobierno nicaragüense denuncia dicho acuerdo iniciando un largo periplo por las instancias judiciales internacionales, que tuvo como resultado el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya. En 2012 esta institución dio a Nicaragua derechos sobre un área marítima de 90 mil kilómetros cuadrados (75 mil según Colombia), en los que no ejerce soberanía, pero puede explotar los recursos. Aunque le obliga a conservar sus aguas, suelo y subsuelo. A su vez, el fallo reconoce a Colombia la pertenencia de las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia; así como un mar territorial de 12 millas náuticas, donde cuenta con plena soberanía.

Los intereses económicos nicaragüenses sobre esta zona salieron a la luz cuando el presidente Ortega anunció que su país habría otorgado una concesión de exploración de petróleo y gas a China en el territorio marítimo sobre el que la Corte Internacional de Justicia le otorgó derechos. El acuerdo que había permanecido oculto se ratificó este año en la Asamblea Nacional. En este caso, el fallo de La Haya sobre la frontera marítima con Colombia, más que solucionar un asunto jurídico ha abierto una disputa política. Y es que, además de las implicaciones ecológicas de este tipo de acciones en una zona protegida, ha alentado una nueva ofensiva nicaragüense para reclamar derechos ante la CIJ sobre la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Esta pretensión, a su vez, incide de forma directa en la frontera marítima con Panamá, Jamaica y Costa Rica y en menor medida con Republica Dominicana y Haití.

Esta ampliación del conflicto con Colombia hacia otros países se une a las diferencias limítrofes con Costa Rica, sobre el río San Juan. En 1858 se suscribió el Tratado de Cañas-Jerez que establecía los límites entre los dos países: a Nicaragua le daba la soberanía sobre el cauce del río y a Costa Rica los derechos de navegación con fines comerciales. La disputa volvió a surgir en 1998 por divergencias en la interpretación de los derechos de los dos países. Aunque el capítulo más reciente de esta historia ha tenido lugar en 2009 cuando el presidente Ortega inició trabajos de dragado en el río “para mejorar su navegabilidad”. Esto llevó al Estado costarricense a establecer varias demandas, entre ellas, una por el impacto ambiental. La relación se ha tensado, aún más, desde 2010, cuando Costa Rica acusó a Nicaragua de haber invadido un enclave de unos 2,5 kilómetros cuadrados y de abrir una brecha en un una zona de ciénaga para desviar las aguas. Managua recibió orden de suspender las obras.

Los trabajos nicaragüenses sobre la cuenca del río parecen ser los primeros avances de un proyecto del nuevo canal interoceánico. Lo que también explicaría buena parte del interés por ampliar la plataforma continental que le corresponde.

La idea de un nuevo canal tampoco es nueva. Aunque si lo es el respaldo que China podría darle al proyecto. De hecho, este ambicioso plan es más que una buena excusa para embarcarse en una ofensiva de redefinición de fronteras. No obstante, muchos expertos ponen en duda su rentabilidad. Los 40.000 millones de dólares (cerca de 30.000 millones de euros) necesarios para su creación y la fuerte competencia del ampliado Canal de Panamá crean importantes dudas sobre la viabilidad del proyecto. Asimismo, no está muy claro que Pekín, a pesar de su nueva y creciente relación con América Latina tenga intenciones de jugarse un pulso con EE UU, estableciendo nuevos ejes de influencia geopolítica, más aún, el Gobierno de Costa Rica señala que el gigante asiático le ha comunicado que no tiene intención de construir dicho canal.

Acciones tan contundentes y con tanto riesgo político internacional también tienen que entenderse como mensajes políticos en clave interna. Daniel Ortega ha solicitado en noviembre una reforma constitucional que permita la reelección inmediata del presidente. También incluiría otras decenas de reformas entre las que destacan el poder de dictar decretos ejecutivos con fuerza de ley en materia administrativa y una reforma en la fórmula electoral. Así como consignar en la Carta Magna el territorio que le ha asignado el fallo de La Haya. Los grandes planes económicos, como el canal o la exploración petrolera, son cartas con las que juega el mandatario de cara a su reelección y que a su vez le permiten aprovechar el nacionalismo como aglutinador.

Esta postura expansionista nicaragüense, aunque se efectúe por vías de derecho, sumada a su papel hostil en otros foros, le ha supuesto el aislamiento diplomático. Lo que contrasta con su llamado a aumentar la integración regional efectuada en la reciente Cumbre Iberoamericana en Panamá.

Hasta ahora Nicaragua, como miembro del Alba, ha aprovechado la ayuda venezolana para limitar el impacto de sus graves problemas económicos y mantener la popularidad de su mandatario. Esta ayuda se materializa en especial a través de un acuerdo energético que le favorecía con crudo a cambio de alimentos para Venezuela. Pero Managua parece no haber cumplido cabalmente con sus cuotas de pago, lo que ha hecho que se genere una importante deuda a favor de Caracas. A su vez, las dificultades internas a las que se enfrenta el presidente, Nicolás Maduro, debido al desabastecimiento del país, ha limitado el apoyo que puede prestar a sus socios del Alba. Los demás países miembros de este grupo tampoco parecen querer tomar partido a favor de Nicaragua en las disputas de fronteras.

La apuesta de Ortega es por tanto arriesgada, no tiene apoyos políticos sólidos en la región, los intereses chinos no son muy claros y el aislamiento no juega a favor de mejorar la economía nicaragüense. Aunque también podría obtener sustanciosas ganancias y reconfigurar su importancia en la región. Si tuviera éxito en su empresa, Nicaragua podría acceder a recursos hasta ahora imposibles de alcanzar para un país pequeño que no se ha beneficiado del renovado auge de los recursos energéticos y minerales, tal como lo han hecho la mayoría de los Estados sudamericanos y cuya ubicación geoestratégica, hasta ahora, no ha sido aprovechada.

De esta forma, las ambiciones nicaragüenses y el mismo fallo de la CIJ han abierto un complejo frente de inestabilidad en el Caribe cuya superación va a requerir mucha diplomacia, habilidad que por ahora no es el fuerte de Nicaragua. El problema radica en que una ambición que puede ser legítima, significa una desestructuración de múltiples equilibrios políticos regionales. Sin olvidar, por supuesto, los ambientales que se pueden alterar  y que son  muy importantes en una de las regiones más biodiversas del mundo, pero también más vulnerables a los efectos del cambio climático.

El reto está en restablecer el derecho regional y buscar acuerdos que permitan controlar la ofensiva nicaragüense, a la vez que garanticen el acceso a los recursos marítimos a todos los países de forma sostenible tanto ecológica como políticamente.

Las acciones del Gobierno nicaragüense responden a un importante personalismo y centralización, lo cual hace que el escenario político sea muy volátil, más aún cuando los demás países parecen formar un bloque antinicaraguense con argumentos relevantes. La solución solo puede provenir de las instancias multilaterales (globales o regionales) competentes, dichas instancias tienen ante sí uno de los retos más relevantes del continente. De su actuación depende el fortalecimiento de las vías de derecho o el aumento de la tensión por las vías de hecho. Escenario que desde luego nadie desea contemplar.

 

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