¿Cómo rediseña el país sus fronteras a costa del aislamiento y el desequilibrio regional?

Nicaragua
Vista del río San Juan. AFP/Getty Images


Las diferencias limítrofes en la cuenca del Caribe lejos de ser agua pasada, son una nueva fuente de disputa que crea una profunda distorsión de las relaciones entre los países de esta zona, cuyo equilibrio estratégico y económico podría cambiar y verse, profundamente, alterado.

El pasado mes de septiembre los mandatarios de Costa Rica, Panamá y Colombia presentaron una misiva conjunta al Secretario General de la ONU con el fin de denunciar los planes expansionistas de Nicaragua. Jamaica, por su parte, formuló también una objeción a la Comisión de Límites de la Convención del Mar de Naciones Unidas. Un ambiente tan tenso entre los países de la cuenca caribeña es, sin duda, una novedad y cabe preguntarse: ¿qué es exactamente lo que impulsa al Gobierno nicaragüense a generar tanta molestia entre sus vecinos y entre otros Estados no tan cercanos?

La respuesta a esta pregunta tiene dos aristas. Por un lado, se revelan importantes intereses económicos, como la exploración petrolera y la posible apertura de un canal interoceánico. Por el otro, un uso político de las disputas territoriales para fortalecer la figura del presidente, Daniel Ortega, cuya estrategia de poder combina un fuerte populismo junto con una estrecha cercanía a la clase empresarial del país.

De cualquier forma, los diferendos limítrofes de Nicaragua con Costa Rica y Colombia no son recientes. De hecho, el de Bogotá, se remonta a 1838, ante la necesidad de la recién creada República de Nicaragua de hacerse con una salida al Atlántico. Una pretensión que parecía zanjada en 1928 con la firma de un tratado en el que Colombia cedió a Nicaragua la Costa de Mosquitos. En 1980, el Gobierno nicaragüense denuncia dicho acuerdo iniciando un largo periplo por las instancias judiciales internacionales, que tuvo como resultado el fallo de la Corte Penal Internacional de La Haya. En 2012 esta institución dio a Nicaragua derechos sobre un área marítima de 90 mil kilómetros cuadrados (75 mil según Colombia), en los que no ejerce soberanía, pero puede explotar los recursos. Aunque le obliga a conservar sus aguas, suelo y subsuelo. A su vez, el fallo reconoce a Colombia la pertenencia de las islas del archipiélago de San Andrés y Providencia; así como un mar territorial de 12 millas náuticas, donde cuenta con plena soberanía.

Los intereses económicos nicaragüenses sobre esta zona salieron a la luz cuando el presidente Ortega anunció que su país habría otorgado una concesión de exploración de petróleo y gas a China en el territorio marítimo sobre el que la Corte Internacional de Justicia le otorgó derechos. El acuerdo que había permanecido oculto se ratificó este año en la Asamblea Nacional. En este caso, el fallo de La Haya sobre la frontera marítima con Colombia, más que solucionar un asunto jurídico ha abierto una disputa política. Y es que, además de las implicaciones ecológicas de ...