¿Cuánta fuerza tienen un tratado sin la firma de Estados Unidos? Aunque Barack Obama se haya mostrado más sensible sobre los daños que causan las bombas de racimo a los civiles, todavía está por verse si su país se sumará en el futuro al acuerdo que prohíbe su uso. España, desde la presidencia europea, puede trabajar para que las relaciones transatlánticas se centren en asumir de manera conjunta los desafíos en seguridad internacional.

 

THOMAS COEX/AFP/GettyImages
Sembrado de peligro: un soldado español de la FINUL quita minas en el sur de Líbano tras el ataque de Israel, que usó bombas de racimo, en el verano de 2006.

Recientemente se ha cumplido un año de las negociaciones en Dublín que prohibieron las bombas de racimo, un arma que planteaba contradicciones profundas con el derecho internacional humanitario, debido a sus efectos indiscriminados y desproporcionados.

El acuerdo, refrendado con su firma en Oslo el pasado diciembre, supuso un hito histórico en los tratados de desarme, comparable a lo que representó el que prohibió las minas antipersona hace ya una década y que mereció el premio Nobel de la Paz para la coalición de ONG que lo promovió. En ambos casos, Estado Unidos se abstuvo de firmarlos. Y, pese a ello, ambos salieron adelante.

Sin embargo, estos acuerdos tendrían un alcance y una legitimidad mayores si EE UU formase parte de los países firmantes. De hecho, un punto controvertido del tratado contra las bombas de racimo es aquel que permite a los Estados que se han sumado a él participar en operaciones militares con países no miembros de la convención. En otras palabras, según una interpretación posible, no prohibiría que Estados firmantes, como España o el Reino Unido, participasen en operaciones de la OTAN donde EE UU vaya a hacer un uso extensivo de este tipo de armamento, como ya ocurriese en Serbia hace casi una década. Otras interpretaciones señalan que esta colaboración no sería aceptable, puesto que sería contraria al espíritu del tratado.

En cualquier caso, este asunto arroja interrogantes cuyas respuestas trascienden el ámbito de las bombas de racimo. ¿Qué tiene pensado hacer Barack Obama al respecto? ¿Decidirá cambiar la política unilateralista de la anterior Administración estadounidense también en este tema? ¿Qué tiene que ganar y qué puede perder? ¿Cuál debería ser el papel de sus aliados europeos, la mayoría de los cuales firmaron el acuerdo? ¿Podrá España desde la presidencia europea de 2010 desempeñar un papel importante en este asunto?

El presidente estadounidense se ha declarado partidario del multilateralismo como manera de afrontar problemas internacionales como el cambio climático, la crisis financiera, el control de las armas nucleares o la pacificación de regiones inestables, especialmente en Oriente Medio. En este sentido, a nadie se le escapa que las prioridades en política exterior para Obama se sitúan en lugares como Irak, Palestina, Siria, Irán, Afganistán y Pakistán. En todos ellos, la proliferación de armas convencionales (entre ellas las bombas de racimo), supone un desafío añadido a la gestión de los conflictos.

En febrero, 67 asociaciones humanitarias, médicas y religiosas enviaron una carta a Obama pidiéndole que prohibiese las bombas de racimo y las minas antipersona. Un mes más tarde, el presidente estadounidense firmaba una prohibición permanente de todas las exportaciones de bombas de racimo que tienen una tasa de error mayor del 1% en situación de combate. En otras palabras, la gran mayoría del este tipo de armas fabricadas en EE UU ya no puede venderse en el exterior, hecho que acerca más a este país a la opinión pública internacional respecto a este asunto. Sin embargo, esta medida no impide al Ejército estadounidense seguir usando esta clase de armamento en situación de combate.

Lo cierto es que la relación de la actual Administración de EE UU con las bombas de racimo no está exenta de contradicciones. Obama fue uno de los 30 senadores que en 2006 votaron a favor de la enmienda de la senadora de California  Dianne Feinstein al proyecto de ley de Presupuesto de Defensa en la que se incluía un modesto compromiso sobre el uso de este armamento cerca de lugares con alta concentración de población civil. Por el contrario, tanto Hillary Clinton como Joe Biden formaron parte de la mayoría de 70 senadores que rechazó la enmienda. ¿Primará la sensibilidad del presidente en este tema sobre la opinión más pragmática de sus colaboradores en política exterior?

Los países europeos podrían utilizar el asunto de las bombas de racimo para cimentar una embrionaria política exterior

Tras su elección y coincidiendo con la firma del tratado de Oslo, un portavoz de Obama señalaba que el presidente revisaría el nuevo acuerdo y trabajaría con sus aliados para asegurarse de que EE UU hacía todo lo posible para proteger a los civiles, especialmente a los niños, en situación de conflicto armado. No es una declaración concreta de apoyo a la convención, pero deja espacio de maniobra a países que quieran fortalecer el acuerdo con la inclusión de EE UU.

Dada esta coyuntura, los países europeos, a los que frecuentemente se les acusa de no tener una política de seguridad clara y común, podrían utilizar el asunto de las bombas de racimo para cimentar una embrionaria política exterior basada en el marco de la seguridad humana. Además, una estrategia de presión sobre EE UU en este aspecto reforzaría un enfoque de las relaciones transatlánticas centrado en asumir conjuntamente los retos de la seguridad internacional. Hay que tener en cuenta que la opinión pública del Viejo Continente ha sido particularmente sensible a los efectos del uso de bombas de racimo en conflictos internacionales, como en Líbano en el verano de 2006 o en Georgia en agosto de 2008.

Por su parte, España asumirá la presidencia europea durante la primera mitad de 2010 y tendrá, por lo tanto, un papel clave a la hora de fijar las prioridades de la UE en política exterior durante ese semestre. Se trata de una oportunidad de oro para reforzar el rol de España en política internacional y conseguir un protagonismo en un asunto que podría conllevar consecuencias de mayor alcance para el multilateralismo en numerosos temas, desde el cambio climático, hasta la corte penal internacional o las mismas negociaciones de desarme.

Apoyando el tratado, Obama saldría legitimado internacionalmente y lanzaría una señal clara de su compromiso con la política multilateral, aunque domésticamente debería afrontar tensiones con miembros del estamento militar y con los lobbies de defensa. Por otro lado, le permitiría afrontar posibles derrotas en otros asuntos más complicados en los que previsiblemente no podrá contentar a todas las partes, como el enquistado conflicto palestino-israelí o la revisión del tratado de no proliferación nuclear, prevista para 2010.

 

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