Manifestación de la CTA contra las medidas económicas tomadas por el Gobierno de Mauricio Macri, en Buenos Aires, Argentina. (Eitan Abramovich/AFP/Getty Images)

El próximo 6 de abril, los sindicatos argentinos han llamado a la huelga para reivindicar que la negociación colectiva permita a los distintos gremios obtener mejoras salariales que compensen la elevada inflación. Pero no son sólo los sindicatos: los argentinos han tomado las calles con demandas muy diversas frente al Gobierno de Mauricio Macri.

1. Frenar la devaluación salarial

Tras asumir la presidencia en diciembre de 2015, una de las primeras medidas que adoptó Mauricio Macri fue levantar el cepo cambiario para poner fin a la brecha que se había abierto entre el cambio oficial y el mercado ilegal de divisas; otra de sus primeras medidas fue aumentar las tarifas de la luz y el gas en torno a un 500%. En consecuencia, la inflación, que llevaba años en torno al 30% anual, trepó en 2016 hasta el 40%, la más alta en 14 años.

Durante los doce años de gobiernos kirchneristas, la capacidad adquisitiva de los trabajadores había sido preservada a través de las subidas salariales que, cada año, los diferentes gremios sindicales acuerdan en las llamadas paritarias o mesas de negociación. Sin embargo, para el Gobierno macrista la corrección de la inflación debe hacerse a través de la contención salarial, con lo que ello implica de pérdida adquisitiva para los trabajadores.

Por ello, los sindicatos están en pie de guerra. El pasado 30 de marzo, más de 100.000 personas marcharon en Buenos Aires con la consigna “Por el trabajo, la educación y paritarias libres: basta de ajuste y despidos”. La Confederación General del Trabajo (CGT), una de las centrales sindicales más poderosas del país – donde los sindicatos siguen siendo fuertes-, ha programado una jornada de huelga para el 6 de abril.

Los defensores de Macri también se disputan las calles. El sábado pasado, cientos de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo porteña bajo la consigna de apoyar la democracia, y con explícitos mensajes a favor de la gestión de Macri. El presidente evaluó así la jornada a través de su cuenta de Twitter: "Qué lindo lo que acaba de pasar en todo el país. Que creamos que tenemos un futuro por construir. Que juntos vamos a generar las oportunidades de progreso para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Lo expresamos desde el corazón, espontáneamente, sin que haya habido colectivos ni choripán”, en referencia al típico bocadillo de chorizo que con frecuencia se ve en las manifestaciones populares.

2. El decreto de migraciones

En pleno verano, Macri firmó un decreto que endurece la ley migratoria, hasta ahora bastante aperturista, sobre todo para los países del Mercosur ampliado. El Gobierno oficializó el cambio de la ley migratoria a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), lo que ha sido muy cuestionado. No sólo se ha criticado la forma, sino el contenido del decreto, que, de ser aprobado por las cámaras legislativas, aceleraría los procesos de deportación de extranjeros. El colectivo de migrantes, para mostrar su repudio, realizó un paro inédito y llamó a movilizarse el 30 de marzo.

El Decreto 70/2017 reglamenta “un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo” que se aplicaría en dos casos: “a quienes hubieran ingresado en forma clandestina al territorio nacional” y a personas que, pese a contar con residencia legal, “se encontraran involucradas en hechos delictivos”. En el primer caso, preocupa que en Argentina terminen instalándose centros de detención para extranjeros que, como sucede en otros países -inclusive España-, se convierten en cárceles opacas que vulneran los derechos humanos. En el segundo caso, se teme que la nueva ley se utilice para reprimir la protesta social. “Hace unos días, una militante de la organización La Poderosa, un movimiento de base de las villas miseria, fue detenida por intentar grabar la actuación de un policía. Tememos que, si se aprueba el decreto, a cualquiera de nosotros nos puedan deportar por algo así”, explica Natalia, una de las personas involucradas en la organización del paro.

El colectivo migrante realizó una campaña, incluyendo un vídeo, en que se pregunta: “ ¿Qué pasaría si las y los migrantes demostramos todo lo que aportamos a este país?” Y responden: “Somos quienes cosen tu ropa, quienes cosechan tu verdura, quienes lavan tu auto, quienes atienden en los hospitales, quienes construyen tu casa, quienes limpian tus veredas, quienes cuidan a tus hijos… quienes aportamos con nuestros impuestos. ¡Basta de decir que soy un/a delincuente!”.

3. Las afrentas a la memoria

Las alarmas saltaron al día siguiente de la victoria en las urnas de Macri, en noviembre de 2015, cuando el diario conservador La Nación publicó un polémico editorial que, bajo el título de “No más venganza”, revivía la teoría de los dos demonios, esto es, la idea de que durante la dictadura militar de 1973-1983 hubo dos bandos sangrientos por igual. Durante los gobiernos kirchneristas, en cambio, se había articulado la política de derechos humanos en torno al proceso de esclarecimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades penales de la dictadura cívico-militar.

“La elección de un nuevo Gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos”, escribía el editorialista de La Nación. El pasado 24 de marzo, fecha de la conmemoración anual en homenaje a las víctimas de la dictadura y a las madres y abuelas de mayo, el mismo diario publicó otro editorial que, titulado “Víctimas invisibles”, reclamaba justicia para “los que fueron asesinados, mutilados, heridos, secuestrados y hasta torturados en las eufemísticamente llamadas cárceles del pueblo”. Es decir, de nuevo la teoría de los dos demonios: tan malo fue el Estado como lo fueron los insurgentes. Como si el terrorismo de Estado fuera asimilable a otro tipo de terrorismo o criminalidad.

La sangre derramada en aquellos años sigue siendo un asunto muy sensible para la población, y de ahí las ampollas que levantaron esos editoriales, la idea del Gobierno -después rectificada- de mover el festivo del 24 de marzo o las declaraciones de políticos próximos a Macri que pusieron en duda la cifra, ya consolidada, de 30.000 desaparecidos, con el argumento de que los casos probados no pasan de los 8.000.

Pero, ¿por qué se habla entonces de 30.000 desaparecidos? Una buena respuesta la dio el escritor Martín Kohan en un programa de radio: “La represión fue clandestina y fue ilegal, no pasó por ningún sistema judicial, fue tan clandestina como los centros clandestinos de represión y de tortura. Y la cifra de 30.000 expresa que no sabemos exactamente cuántos fueron porque el Estado ilegal, que reprimió clandestinamente, no abre los archivos, no da la información de dónde están los desaparecidos ni la de dónde están los nietos secuestrados”. Por eso, cree Kohan, “el que ajusta de 30.000 a 8.000 esa cifra, incurre en una canallada”.

4. Las condiciones de los docentes

Si, como dicen algunos, un país puede medirse por el trato que da a sus docentes, Argentina no saldría bien parada. Un buen número de docentes de primaria y secundaria reciben sueldos con los que, con la inflación galopante que sufre el país, es difícil sobrevivir. Por eso el inicio del curso estuvo marcado por huelgas que dejaron a los alumnos sin clase, y movilizaciones que resultaron masivas a lo largo de varias jornadas en marzo.

En medio de esa tensión, a través de su cuenta en Facebook, el presidente argentino avivó el fuego al destacar el ejemplo de los maestros japoneses que siguieron dando clases después de que la bomba atómica destruyera la ciudad de Hiroshima. “Para que un país pueda levantarse la escuela nunca debería parar”, afirmó Macri. Los docentes respondieron con un argumento que se convertiría en lema de las movilizaciones: “Luchar también es enseñar”.

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, añadió leña al fuego cuando declaró que, si ella fuera docente y cobrase 9.000 pesos (535 euros al cambio), como cobran la mayoría de aquellos que no tienen extras por antigüedad o labores de gestión, no habría paro, porque cobran ese sueldo “por un solo turno de cuatro horas”. La vicepresidenta obvió que a esas cuatro horas de clase habría que sumar el trabajo de preparar las clases, corregir tareas y otras funciones de los docentes. El sueldo de Michetti como vicepresidenta asciende a 121.000 pesos argentinos (7.200 euros).

Tras las movilizaciones, los docentes declararon que evalúan ir a la Justicia si Macri no reabre la paritaria nacional, es decir, si no permite que los docentes negocien al alza su salario. La respuesta del Ejecutivo sigue apuntando a la “herencia recibida” de los gobiernos kirchneristas: “No se puede pagar más porque estamos saliendo de una enorme ficción”, afirmó Michetti.

#NiUnaMenos reflejado en el palacio presidencial La Moneda, durante una protesta contra la violencia hacia las mujeres, en Buenos Aires, Argentina. (Claudio Reyes/AFP/Getty Images)

5. La violencia machista

Argentina se ha convertido en un referente para el movimiento internacional de mujeres, desde la masiva convocatoria de movilización frente al Congreso de la Nación, bajo el lema de Ni Una Menos el 3 de junio de 2015. Desde entonces, ha habido varias manifestaciones, siempre masivas; la última, el pasado 8 de marzo.

Lo que comenzó con una demanda inapelable -“dejen de matarnos”- fue evolucionando hacia la identificación del continuum de violencias que encadenan hechos como la interrupción a las mujeres en sus intervenciones, la desvalorización del trabajo doméstico que ellas realizan, la brecha salarial, el acoso callejero, las agresiones sexuales, el maltrato y el feminicidio como forma más extrema de la violencia machista. Ni Una Menos logró instalar el debate y corregir el tratamiento que se da en los medios a los casos de violencia de género, hasta entonces retratados como crímenes pasionales.

La violencia machista, que según la organización feminista MuMaLa mató a 322 mujeres en 2016 en Argentina, es un problema que viene de lejos y atraviesa colores políticos; pero muchas mujeres temen que el Ejecutivo macrista suponga un retroceso. “Este gobierno neoliberal está desarmando una serie de recursos en todos los frentes, y la violencia machista no es una excepción: estaban desarmando la Unidad Fiscal de Género el mismo día que marchábamos, el pasado 19 de octubre”, apunta la académica y militante feminista Verónica Gago.