
¿Se traduce una mayor participación de las mujeres en la vida política del África Subsahariana en una igualdad real?
El porcentaje de mujeres miembros de parlamentos sitúa a muchos países de África Subsahariana entre los primeros puestos de participación según la clasificación mundial realizada por la Unión Interparlamentaria, por encima incluso de países europeos y Estados Unidos. Siguiendo la comparación entre medias regionales, aquélla es superior también a la de Asia, Pacífico y los Países Árabes. No obstante, ninguno de estos países está dentro de las clasificaciones que el Foro Mundial de Desarrollo elabora en relación a la igualdad entre hombres y mujeres.
Además, siguiendo los datos de Enterprise Surveys (perteneciente al Banco Mundial), los porcentajes de mujeres que detentan capital empresarial u ocupan puestos de responsabilidad en las empresas están bastante alejados de estas cuotas parlamentarias. En unos casos, éstas se deben a imposiciones legislativas y se quedan muy lejos de la realidad del país; en otros, se ven superadas por una participación mayor de la mujer en los asuntos públicos y privados. Muchos de los sectores productivos de estos países se caracterizan por una potente economía informal en la que las mujeres juegan un papel clave pues tras los múltiples conflictos civiles ha dependido de ellas, en muchas ocasiones, el sustento económico de las familias.
Por tanto sería muy aventurado decir que el hecho de que haya mujeres en los órganos legislativos de los Estados es un síntoma, y menos aún una prueba, de que las mujeres gozan de la participación en la sociedad que las cifras pretenden.
Ruanda
En la República de Ruanda, el país que ocupa el primer puesto en el ranking de mujeres parlamentarias (constituyen un 63,8% de la Cámara Baja y un 38,5% en la Alta) hay 10 carteras ministeriales detentadas por mujeres, entre ellas la de Relaciones Exteriores, Recursos Naturales y Minería, Agricultura y Salud.
En este país, tras el genocidio, las mujeres constituían el 70% de la población. Así, su inclusión en las labores comunitarias de todo tipo se hizo de manera “repentina”, es decir, sin procesos previos de alfabetización o educación superior. Como consecuencia, en este país la participación del sector femenino de la población se ha considerado parte del proceso de reconstrucción del país y la Constitución recoge una disposición por la que las Cámaras Legislativas y todos los órganos de decisión deben contar con un mínimo de un 30% de hombres y mujeres. Asimismo, las mujeres son mayoría en los tribunales populares, llamados Gacaca, que llevan a cabo los procesos de enjuiciamiento de los perpetradores del genocidio.
Sin embargo, las mujeres participan solo en un 42,7% en la propiedad de las empresas y la tasa en puestos de gestión y dirección no alcanza el 20%. Si bien estas cifras no son bajas y, de hecho, son muy superiores a las que tenía países como España en 2005, sí es cierto ...
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