Un colombiano pasa en frente de un grafiti que hace alusión a las FARC en Cauca, Colombia, diciembre 2013. Luis Robayo/AFP/Getty Images
Un colombiano pasa en frente de un grafiti que hace alusión a las FARC en Cauca, Colombia, diciembre 2013. Luis Robayo/AFP/Getty Images

El fin del proceso de paz ya no es una opción, es tiempo de prudencia y responsabilidad histórica.

Las negociaciones de paz en Colombia se vienen ahogando desde hace unos meses a raíz de errores estratégicos tanto del Gobierno como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero la irresponsable captura de un general las puso al borde del fracaso –con el futuro de 47 millones de personas en juego.

La liberación del general del Ejército Rubén Darío Alzate y otros cuatro en poder de las FARC –tres de ellos militares y una civil–, ya está en proceso con la mediación de la Cruz Roja Internacional, Noruega y Cuba. El presidente Juan Manual Santos anunció además que una vez liberados, reestablecerá el proceso de paz.

Esta crisis no debe ser en vano y mucho menos sumarse a una larga lista de embarradas. En esta coyuntura y tras dos años cumplidos desde el inicio del proceso, las FARC y el Gobierno deben saber que este desenlace es inaceptable. Solo queda una opción que exige la máxima valentía y responsabilidad histórica por parte de la guerrilla: declarar una tregua unilateral incondicional para demostrar su voluntad de paz.

La guerrilla arguye que Alzate, el militar de más alto rango capturado en más de medio siglo de guerra, era un objetivo legítimo, y además recuerdan que el último líder máximo de las FARC, Alfonso Cano, fue abatido por las fuerzas del Estado cuando éste ya había iniciado contactos con el gobierno de Santos, sin que ellos hayan renunciado a negociar.

Puede parecer banal o retórica la diferencia entre captura y secuestro, pero tiene implicaciones significativas. Las FARC y el Ejecutivo acordaron negociar en medio de la guerra, sobre todo porque ni los colombianos ni los militares habrían aceptado que se hiciera en medio de una tregua que la guerrilla podría utilizar para fortalecerse, como lo han hecho en otros intentos de paz fallidos.

Desde el punto de vista más técnico, Alzate es combatiente activo de un conflicto armado y por tanto un prisionero de guerra, y no un secuestrado, de acuerdo no solo a las condiciones que acordaron ambas partes para negociar, sino también al derecho internacional humanitario y las convenciones internacionales de la guerra. Este punto es fundamental y explica a medias las reacciones contradictorias del Gobierno.

Pero el revuelo en Colombia tras su captura obliga a las FARC a entender que el debate sobre la legitimidad de su operativo es irrelevante. Los colombianos exigen –y punto–que las FARC dejen de atacar (amparados o no por el derecho internacional humanitario), lo cual la guerrilla debería entender como una negociación paralela con la sociedad civil, no con el Estado.

Antes de la captura, numerosos encuestas sugerían que solo en torno al 40% de los colombianos pensaban que la paz se acordaría, aunque más de 70% apoya a Santos en su intentona ...