Con la economía de su país hecha trizas por la crisis financiera, los islandeses están recurriendo a métodos extraños para reformar su Gobierno.

 

Me encuentro en una enorme sala que parece más un salón de bodas que un local para celebrar cumbres de ámbito nacional, con un escenario, una mesa de buffet y 1.500 islandeses sentados en torno a mesas redondas y hablando excitados. Los asistentes se denominan a sí mismos "hormigas", y en los distintivos que llevamos no figuran más que nuestros nombres de pila. Por surrealista que parezca el acto, los islandeses están convencidos de que es la única forma de enderezar su atribulada economía. En esta pequeña y aislada nación isleña, mientras crecen las crisis políticas, las soluciones a los problemas económicos vienen de direcciones inesperadas.














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Manifestación contra el Gobierno en las calles de Reikiavik cuando estalló la crisis económica.

Hace más o menos un año, días después de que la quiebra de los tres bancos principales de Islandia hiciera entrar al país en bancarrota, los islandeses llevaron a cabo una manifestación pacífica para pedir la dimisión del entonces presidente de la junta de gobernadores del banco central del país, David Oddsson. A principios de 2009, mientras las protestas aumentaban de tamaño y a veces se volvían violentas, cayó el Gobierno.

Ahora, la situación política se ha estabilizado, pero los islandeses siguen mirando con escepticismo el Ejecutivo actual y la economía no se ha recuperado. El paro ha alcanzado el 8%, una cifra alarmante en un Estado de 300.000 habitantes en el que, antes de la crisis, la tasa era del 1%.

Mientras tanto, el país intenta pagar como sea la deuda que contrajo el año pasado durante las quiebras de los bancos. En diciembre, el Parlamento aprobó por escaso margen un proyecto de ley para devolver a Reino Unido y Holanda más de 5.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) por las pérdidas que los inversores de dichos países sufrieron en la crisis de Islandia. Pero el proyecto de ley es muy impopular por la carga que supone para los contribuyentes, a quienes no les gusta tener que pagar los errores de unas empresas financieras privadas supervisadas por reguladores de otro país. El presidente Olafur Grimsson lo vetó el 5 de enero y, con ello, volvió a crear el caos en el Gobierno. Grimsson dice que deberían someter la ley a referéndum, pero los partidarios de ella temen que, si fracasa, corran peligro los 10.000 millones de dólares de ayuda prometidos por el FMI al país tras las bancarrotas y las posibilidades de Islandia de entrar en la Unión Europea.

Como reacción frente a estas crisis, en Reikiavik ha surgido una especie de movimiento económico de base en el que los ciudadanos intentan ofrecer soluciones por y para el pueblo. Una de las organizaciones que tiene ...