¿Aprender de los errores pasados?

 

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Cómo y cuándo liberar a los presos. La excarcelación este mes de octubre del segundo contingente de esos 104 presos palestinos que aún cumplen sentencia en cárceles israelíes por delitos cometidos antes de los Acuerdos de Oslo constituye un paso más en la ronda de negociaciones entre palestinos e israelíes, impulsadas por el Secretario de Estado estadounidense, John Kerry, el pasado mes de julio.

Dos meses después se cumplía el vigésimo aniversario de la Declaración de Principios entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina (OLP) que supuso el pistoletazo de salida del Proceso de paz. Cuando entonces la mayoría de los actores implicados y de los analistas externos pensaban que esta iniciativa presentaba un carácter irreversible, el estallido de la segunda Intifada a finales de septiembre de 2000 hizo que el marco de Oslo se desplomara como un castillo de naipes.

A día de hoy las cárceles israelíes albergan a unos 5.000 presos palestinos y su excarcelación progresiva y condicionada a la evolución de los acontecimientos políticos será un requisito imprescindible para que la Autoridad Nacional Palestina (ANP), con un apoyo menguante entre la población, reciba el espaldarazo mayoritario de sus ciudadanos. En el caso de Israel supondrá un mal trago difícil de digerir –sobre todo en el caso de los reos con crímenes de sangre– pero factible, tal como demuestran el apoyo parlamentario y social a la excarcelación de un millar de presos a finales de 2011 en canje por el soldado Gilad Shalit y, más recientemente, a la liberación del mencionado centenar de presos con condenas previas a Oslo.

Discreción indispensable. En el marco de las actuales negociaciones se hace necesario continuar con la discreción de la que en las últimas semanas han hecho gala tanto israelíes como palestinos. La experiencia demuestra que la filtración prematura de los acuerdos parciales podría dar al traste con la negociación final, dado que las respectivas opiniones públicas de las partes reaccionarían probablemente en contra. Eso mismo ocurrió poco después del arranque de la cumbre de Camp David en julio del 2000 cuando las filtraciones realizadas por uno de los socios del entonces Primer Ministro laborista israelí, Ehud Barak, dieron al traste con su coalición de gobierno.

Uno de sus socios en el Ejecutivo de aquel momento, el partido Gesher de base social sefardí conservadora que dirigía David Levy, abandonó la coalición como consecuencia de dichas filtraciones. En el contexto actual, la publicación de los eventuales acuerdos podría hacer peligrar la estabilidad de la coalición liderada por Benjamín Netanyahu, especialmente por parte del partido HaBayit HaYehudi de extrema derecha que lidera Naftali Bennett, contrario a la evacuación de Cisjordania y a la creación de un Estado palestino viable.

Factor tiempo. La experiencia demuestra también que los tiempos en los que se desarrollen las negociaciones no han de ser ni muy cortos –para no dejar asuntos ni flecos sin resolver– ni muy largos, con objeto de no eternizarse y terminar encallando. Aunque el marco de Oslo establecía un plazo de cinco años para aplicación de las cuestiones interinas y la negociación de las definitivas –demarcación de fronteras, futuro de los asentamientos, gestión del agua y recursos naturales, retorno de los refugiados y capitalidad de Jerusalén– la superación de este plazo sin acuerdo en relación con este Estatuto Definitivo generó una ansiedad colectiva entre los palestinos que a la postre se convertiría en uno de los catalizadores del estallido de la segunda Intifada. Expertos en negociación como el fundador de la Iniciativa de Ginebra y ex-ministro de Justicia Yossi Beilin han recomendado establecer un límite máximo de un año, aunque interpretándolo con flexibilidad a la hora de conseguir sus objetivos intermedios.

La necesidad de un tercero. Tal y como ocurrió en el Proceso de Oslo –sobre todo a partir del Acuerdo de Wye Plantation de octubre de 1998, que confirió a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) un papel de árbitro y mediador en la cooperación de seguridad– el proceso negociador necesitará de la participación de una tercera parte para que pueda ser llevado a buen término. Estados Unidos son a día de hoy el único actor con capacidad de influencia sobre ambas partes y que dispone de todos los recursos –militares, políticos y económicos– para avalar las negociaciones. Por ejemplo, la capacidad de desplegar un contingente militar fiable en el Valle del Jordán en el caso de que Israel aceptara retirarse de éste y demandara garantías de seguridad. Además, EE UU es el depositario de los compromisos no escritos y de los mapas no mostrados que se barajaron en las negociaciones de Camp David de julio de 2000, cuando las partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo definitivo.

Carácter vinculante. Otra de las claves para que las actuales negociaciones den fruto es el carácter vinculante, desde el punto de vista legal, que habría de tener cualquier posible acuerdo entre palestinos e israelíes para que el pacto resultante no quedase supeditado a los vaivenes políticos del momento, tal y como ocurrió en 2003. Así quedó demostrado cuando a raíz del estallido de la segunda Intifada fue interrumpido el safe passage entre Cisjordania y la Franja de Gaza, que durante apenas un año permitió la libre circulación de palestinos entre ambos territorios. Legalmente tendría que haber continuado en funcionamiento, pero fue clausurado por los acontecimientos políticos. Otro ejemplo de la supeditación de la legalidad a la política fue el segundo capítulo del Acuerdo de Movimiento y Acceso de noviembre de 2005, que contemplaba la puesta en marcha de convoyes que transitaran de un territorio a otro vigilados por el Ejército israelí, pero que luego nunca llegó a aplicarse en la práctica como medida punitiva tras registrarse un atentado terrorista en diciembre de 2005 y como consecuencia de que Hamás ganara contra pronóstico las elecciones legislativas en enero de 2006 (sólo se aplicó el primer capítulo, relativo al tránsito de pasajeros a través del paso de Rafah).

Independencia económica. Las dinámicas económicas y financieras creadas por el Proceso de Oslo no fueron capaces de proporcionar autonomía a los palestinos, sino que incluso incrementaron su dependencia respecto de Israel. Hoy los fondos aportados por los donantes extranjeros suponen el 40% del presupuesto de la ANP. Al no poder disfrutar de la gestión de sus propios recursos naturales (el agua, por ejemplo, está en manos de la empresa pública israelí Mekorot, y luego es vendida a los palestinos, al igual que la electricidad) ni poder gestionar sus propias fronteras (sino que éstas son gestionadas por Israel en nombre de la ANP, tal como quedó normado por Oslo), la economía palestina continúa en manos de Israel. También los bienes de consumo israelíes –de mayor calidad– inundan el mercado palestino, en ocasiones aplicando incluso técnicas de dumping, lo que limita el desarrollo de las empresas palestinas. Aunque según Oslo la ANP pudo crear su propia Autoridad Monetaria, la moneda palestina sigue siendo hoy una entelequia, el shequel israelí continúa en circulación.

Capitalidad de Jerusalén. La capitalidad compartida de Jerusalén continúa siendo uno de los principales escollos a resolver en el actual proceso negociador, tal y como ya lo fue en Oslo. Los palestinos, que reclaman la parte oriental de la ciudad como la capital de su futuro Estado, siguen siendo mayoría en este área, a pesar de la constante transferencia de población y establecimiento de nuevas colonias por parte de Israel desde 1967, fenómeno que se multiplicó a partir de 1993 gracias al Proceso de Oslo. Al relegar su capitalidad al Estatuto Definitivo y, sobre todo, al seguir repitiendo el mantra de que Jerusalén es la “capital única, eterna e indivisible del Estado de Israel”, el debate desde el punto de vista político y religioso sobre esta compleja cuestión continúa abierto. Así como el Plan de Partición de la ONU de noviembre de 1947 creó el llamado Corpus Separatum para determinar equitativamente los derechos de unos y otros, los negociadores palestinos e israelíes deberán llegar a algún tipo de acuerdo no para dividir, sino para compartir Jerusalén.

 

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