A raíz de la inestabilidad desatada con las Primaveras Árabes de 2011, los Estados del norte de África han pasado de una posición tolerante y laxa con sus fronteras conjuntas a una muy contundente y militarizada que pone contra las cuerdas y culpabiliza a las comunidades de la periferia históricamente marginada.

A principios del pasado mes de septiembre, mientras Trípoli sucumbía a la peor oleada de enfrentamientos entre milicias locales que ha vivido la ciudad desde el estallido de la guerra civil libia en 2014, la noticia de la reapertura de la aduana de Ras Ajdir, un paso fronterizo crucial que conecta Libia y Túnez, pasó prácticamente desapercibida.
El lado libio de Ras Ajdir había cerrado el 11 de julio anterior después de que ciudadanos de la ciudad tunecina de Ben Gardane, cercana a la aduana, cortaran las carreteras que conectan el paso con el resto de Túnez e intensificaran sus ataques contra los libios que entraban al país. Las contundentes acciones de los locales se producían en respuesta a la decisión tomada por las autoridades de Libia a principios de mes de adoptar nuevas medidas para intentar reducir el contrabando de gasolina y otros bienes subsidiados hacia Túnez.
La normalidad volvió finalmente a Ras Ajdir en septiembre después de que el Ministro del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) libio ordenara su reapertura. Las demandas de los tunecinos concentrados en Ben Gardane, no obstante, no habían sido atendidas, dejando el terreno listo para que la tensión vuelva a aumentar en el futuro.
'Laissez faire'

El episodio de Ras Ajdir, por aislado que pudiera parecer, volvió a poner de relieve las dificultades y la descoordinación con las que los Estados del norte de África –o lo que queda de ellos, en el caso libio– afrontan la gestión de sus fronteras compartidas.
Tradicionalmente, los países de la región han apostado por desarrollar las populosas regiones del norte en detrimento de las zonas poco habitadas de la periferia, que como resultado han quedado marginalizadas. Para darles oxígeno, sus gobiernos toleraron allí iniciativas informales de desarrollo económico como el contrabando, en su mayoría de bienes de consumo. Esta práctica, que permite a la par reducir precios y beneficiar a élites y oficiales de seguridad conectados con el régimen de turno, se sirve de la diferencia de precios y de disponibilidad de productos entre los países de la zona, cuyas recelosas relaciones han impedido establecer canales de comercio legales e igualmente atractivos.
Lejos de tratarse de una práctica menor, esta actividad emplea a miles de personas, y su impacto económico es sustancial. Así, el contrabando de bienes de consumo de Libia a Túnez en 2015 movió casi 90 millones de euros, el de gasolina generó 95 millones en beneficios, y ...
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