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Una camiseta muestra a Daniel Ortega en las calles de Managua, Nicaragua. (Getty Images/Getty Images)

A medida que el gobierno de Nicaragua ha ido emprendiendo acciones para reprimir la oposición interna, la comunidad internacional ha aumentado sus presiones. La respuesta internacional hasta el momento ha tenido poco efecto sobre el presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Y es probable que las elecciones nicaragüenses, programadas para el 7 de noviembre de 2021, sean una farsa. Para entender por qué, es importante reconocer las motivaciones de Ortega y Murillo.

Desde junio, el gobierno de Ortega y Murillo ha arrestado a más de 30 líderes de la oposición, incluidos seis precandidatos a la presidencia, exfuncionarios del gobierno, periodistas, líderes de la sociedad civil y líderes históricos de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Senado de Estados Unidos respondió a estas acciones el 6 de agosto con la ley RENACER (correspondiente a las siglas en inglés de Reforzando la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Democracia Electoral), que impone nuevas sanciones y amenaza con revocar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio con América Central (CAFTA). Incluso después de oleadas de restricciones de visados para Estados Unidos y sanciones selectivas por parte de la Unión Europea contra funcionarios nicaragüenses, Ortega y Murillo parecen inamovibles.

Quienes confiaban en que las presiones pudieran inducir a Ortega y Murillo a capitular probablemente se encuentren profundamente decepcionados. Los líderes de Nicaragua se han enfrentado a cada condena y cada sanción intensificando sus tácticas.

A primera vista, parece sorprendente que el gobierno de Ortega y Murillo haya optado por la represión en los meses previos a las elecciones de este año. Incluso antes de las últimas medidas represivas, el presidente y la vicepresidenta ya controlaban las instituciones políticas ...