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Una camiseta muestra a Daniel Ortega en las calles de Managua, Nicaragua. (Getty Images/Getty Images)

A medida que el gobierno de Nicaragua ha ido emprendiendo acciones para reprimir la oposición interna, la comunidad internacional ha aumentado sus presiones. La respuesta internacional hasta el momento ha tenido poco efecto sobre el presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Y es probable que las elecciones nicaragüenses, programadas para el 7 de noviembre de 2021, sean una farsa. Para entender por qué, es importante reconocer las motivaciones de Ortega y Murillo.

Desde junio, el gobierno de Ortega y Murillo ha arrestado a más de 30 líderes de la oposición, incluidos seis precandidatos a la presidencia, exfuncionarios del gobierno, periodistas, líderes de la sociedad civil y líderes históricos de su propio partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El Senado de Estados Unidos respondió a estas acciones el 6 de agosto con la ley RENACER (correspondiente a las siglas en inglés de Reforzando la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Democracia Electoral), que impone nuevas sanciones y amenaza con revocar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio con América Central (CAFTA). Incluso después de oleadas de restricciones de visados para Estados Unidos y sanciones selectivas por parte de la Unión Europea contra funcionarios nicaragüenses, Ortega y Murillo parecen inamovibles.

Quienes confiaban en que las presiones pudieran inducir a Ortega y Murillo a capitular probablemente se encuentren profundamente decepcionados. Los líderes de Nicaragua se han enfrentado a cada condena y cada sanción intensificando sus tácticas.

A primera vista, parece sorprendente que el gobierno de Ortega y Murillo haya optado por la represión en los meses previos a las elecciones de este año. Incluso antes de las últimas medidas represivas, el presidente y la vicepresidenta ya controlaban las instituciones políticas del país, dominaban los medios de comunicación, mantenían aferrado el potente aparato de su partido, el FSLN, y se beneficiaban de una oposición incompetente y fragmentada. Ortega y Murillo se encontraban en el camino hacia la victoria electoral en noviembre, y una represión conlleva riesgos significativos: aumento de las sanciones, trastornos económicos y aislamiento diplomático.

Para comprender la disposición de Ortega y Murillo a asumir estos riesgos, es importante entender algunas de las dinámicas políticas internas en juego.

En primer lugar, el FSLN tiene poca tolerancia con la disidencia. Como la mayoría de los movimientos revolucionarios que luego se convierten en partidos políticos, el FSLN ha sufrido durante mucho tiempo un alto grado de verticalidad, con una jerarquía que en última instancia depende de uno o dos líderes. La verticalidad está a menudo presente —y es incluso ventajosa— en los movimientos revolucionarios, pero no se adapta bien a los partidos políticos que funcionan en sistemas electorales competitivos. Aunque el FSLN proclama su compromiso con la democracia participativa, la organización siempre ha sido, y sigue siendo, de arriba hacia abajo.

La ruptura más famosa dentro del FSLN se produjo en 1995, cuando la mayoría de los líderes intelectuales del partido y ...