Cómo la purga masiva por parte de las autoridades turcas está afectando a la vida de ciudadanos sin vínculos con la organización gülenista, acusada de estar detrás del intento de golpe de Estado.
Es otra víctima inocente más de las masivas purgas que están teniendo lugar en Turquía a raíz del fallido golpe de Estado del pasado 15 de julio. Ella no quiere dar su nombre porque teme represalias si lo hace, así que utilizaremos el nombre ficticio de Zeynep Cakir para explicar su caso. De hecho, su miedo no es uno aislado y en cambio sintomático: aquí, cada vez más a menudo, los entrevistados se niegan a dar su nombre o apellido cuando se trata de criticar lo que pasa en Turquía.
El caso de Zeynep, que trabajaba con contrato de un año en una dependencia oficial, comenzó “justo después de la intentona (una semana), el 22 de julio, mientras trabajaba recibí un mensaje de mi empresa”, explica Zeynep Cakir a esglobal por correo electrónico.
“El mensaje decía que ellos investigaron y llegaron a la conclusión de que yo tenía algún vínculo con la organización terrorista llamada FETÖ (acrónimo que utiliza Ankara para referirse a la organización liderada por el clérigo musulmán Fetulá Gülen, al que una gran mayoría de los turcos atribuye la intentona golpista); por lo tanto ya se acabó mi contrato”, añade Cakir.
Naturalmente, ella se quedó en estado de shock. Y así hasta hoy, cuando todavía desconoce qué pasó exactamente (varias partes niegan haber escrito el mensaje de marras). Pero algo tiene claro: cada vez que intentó encontrar trabajo en otro sitio después de aquello “me dijeron que no querían contratar a una persona a la que se acusa de ser terrorista”.
Así que, después de darle muchas vueltas, Zeynep ha ido a juicio, pero admite que su “plan A” actualmente es emigrar a otro país.
“Lo que más me duele, después de lo que pasó, es que mis compañeros [de trabajo] jamás me llamaron para decir un “lo siento”. Creo que todos piensan que yo era una terrorista de la organización FETÖ y lo escondía. Perdí esas amistades…”, se lamenta.
Lo curioso no solo es que Zeynep no tenga nada que ver con el movimiento Gülen; nunca estudió en sus escuelas o utilizó sus bancos, por ejemplo. Es más: es de tradición aleví y no lleva velo −como sí lo hacía el resto de sus compañeras.
“Nunca me discriminaron por no ser de ellos [del AKP o partido en el Gobierno, de la Justicia y Desarrollo, de raíces islamistas]”, admite Zeynep.
“Esto es tan cierto como que me echaron por ser de izquierdas, de la oposición. Porque no era como ellos, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que usábamos entre compañeros nunca hice propaganda de Erdogan después del golpe como los otros…”, prosigue. Sí en cambio tuvo un comentario crítico con el AKP en Facebook, probablemente la razón de su defenestración laboral.
Y el caso de Zeynep Cakir no es una excepción: es más bien la regla de las purgas masivas y sus daños colaterales. Actualmente, la cifra de encarcelados a raíz de la intentona ya llega a superar los 35.000.
Nada menos que 165 generales y almirantes de los 358 que forman la cúpula del Alto Mando han sido capturados (un 46%). Pero las purgas se extienden a prácticamente todos los tentáculos estatales.
Es tan enorme la presión y la polarización que no hay espacio para noticias que sin duda lo son como, por no ir más lejos, el primer llamamiento a la oración (ezan) desde los cuatro minaretes del −todavía− Museo de Santa Sofía, una novedad desde su conversión en una dependencia no religiosa en 1935.
Y es que todo ello no merece casi eco informativo debido en gran parte al gran espacio que ocupan las purgas. Y los sospechosos a los que ya se han abierto procesos (82.231) ya superan más del doble a los convictos. Por no hablar de los fugados cuya cifra llega a 3.809.
¿Cómo así? En gran caso se debe a listas ya preparadas, puesto que durante años el Gobierno −su presidente Recep T. Erdogan ya ha pedido públicamente perdón por ello− colaboró mano en mano con el movimiento Gülen.
Pero no solo. En gran parte, las investigaciones en marcha se deben a avisos −anónimos o no− por parte de la población de Turquía. Ya se cifran en alrededor de 40.000 personas las que han sido acusadas de membresía en la organización −ahora calificada como terrorista por parte de Ankara− partiendo de este tipo de denuncias, algo que ha motivado finalmente a las autoridades a exigir que este tipo de avisos contengan un nombres y apellidos, una firma y una dirección concreta −porque de lo contrario serán considerados nulos.
Según la prensa local, la policía de Ankara está harta de recibir denuncias falsas en las que “por ejemplo, un marido infiel o un inquilino que no ha pagado el alquiler es acusado de ser gülenista”
Tanto parece el daño producido que la pasada semana el mismo Primer Ministro turco, Bülent Yildirim, tuvo que anunciar un proyecto de ley para que vuelvan a sus empleos aquellos expulsados de sus trabajos “por error”, a saber, de forma injusta después de la intentona.
Así, no sorprende que uno de los escasos diarios opositores que quedan en Turquía reciba cartas como la del “desdichado profesor” encarcelado que estaría dispuesto a aceptar los cargos si fuera cierto de lo que se le acusa, pero que asegura que no lo es.
Las autoridades, eso sí, no han esperado en su caso a la sentencia definitiva para retirarle los fondos de su cuenta bancaria.
Destaca también la carta −esta vez con nombre y apellidos− de un marido en estado depresivo, como admite, a raíz de que ha perdido a sus bebés gemelos después de que su esposa −naturalmente afectada de un estrés todavía mucho peor− ingresara en prisión en la semana 14 de embarazo. Ahora, la que iba a ser madre “por vez primera en tres años” después de la boda “lucha por su vida” tras las rejas.
La supuesta evidencia de esta ahora convicta −de la que su esposo admite en la misma misiva que “fue miembro de la organización [Gülen] un tiempo”− es el programa de encriptación ByLock en su teléfono móvil “del que nunca habíamos oído”. Al menos 53.000 personas, según el servicio de inteligencia turco (MIT), utilizan esta aplicación para proteger sus comunicaciones, y el Estado ahora ya cuenta con la lista completa de usuarios.
El problema, entre otros, es que la misma persona que patentó el invento admite que el 90% de los usuarios en Turquía son gülenistas, es decir, eso dejaría a al menos 5.300 personas que, utilizando el servicio, no pertenecen a la banda.
Sea como fuere, las detenciones y encarcelaciones están siendo tan arbitrarias que hay opositores al Gobierno que ya tienen una teoría lógica para explicarlas: gülenistas todavía no descubiertos (no descifrados) estarían dirigiendo en gran parte las operaciones de masivas purgas en aras de desestabilizar el país.
Y, curiosamente, algo de cierto debe haber en ello cuando incluso el fiscal que dirigía las operaciones contra los usuarios de ByLock en Turquía ha sido finalmente detenido por utilizar el mismo la aplicación.
En todo caso, casi 50.000 pasaportes han sido ya inutilizados y decenas de miles de turcos −sobre todo funcionarios− no pueden salir del país hasta que cese el estado de excepción, algo que no se divisa en el horizonte.
Por no hablar de los ya 130 periodistas arrestados, una cifra que sitúa de forma holgada a Turquía en el podio más alto de los países con más profesionales de la información tras las rejas.
Es más, una de las escritoras turcas más afamadas en Europa y allende −Asli Erdogan− ya lleva varios meses en la cárcel (fue detenida el pasado 16 de agosto). Junto a ella, la intelectual Necmiye Alpay o los hermanos −uno novelista y columnista, el otro catedrático− Ahmet y Mehmet Altan.
Y en este clima de intimidación y miedo no faltan los artículos con titulares como “!A vosotros tampoco os olvidaremos!” en la prensa progubernamental con nombres, apellidos y fotos de los sospechosos −amén de supuestos “pecados” discursivos− dirigidos a enmudecer una ya en gran parte atemorizada oposición intelectual.
Y otros muchos ejemplos que no da espacio a repasar. Entre los detenidos: prokurdos, alevíes o ultranacionalistas que difícilmente pueden tener algo que ver con los gülenistas.
Incluso −o de forma no tan descaminada si se trata de reivindicar el antiquísimo género de la farsa− el mundo del teatro está sintiendo la presión política, las expulsiones, y todo apunta a un intento de bajar el telón de forma definitiva a todo escenario donde a lo mejor haya espacio sobre los tablados para ideas subversivas respecto al (des)orden que se va imponiendo poco a poco.
Con este trasfondo y la interminable inestabilidad política en el país, no es ninguna sorpresa que personas como Zeynep Cakir y otros jóvenes piensen seriamente en emigrar como “Plan A”, como ella admite.
Muchos, consecuentemente, ya están aprendiendo o perfeccionando el dominio de otro idioma, para hacer las maletas y dejar atrás al país euroasiático, y así poder mirar algún día hacia atrás sin ira y sin haber perdido demasiado tiempo vital.
