En medio de una brutal e impopular campaña militar contra organizaciones criminales, México podría aprender del programa de policía pacificadora de la ciudad carioca.

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El país se encuentra en medio de una brutal e impopular campaña militar contra organizaciones criminales que ha costado más de 60 mil muertos, otros muchos desaparecidos y una creciente sensación de inseguridad en los ciudadanos mexicanos. Sin embargo, dos de las grandes consecuencias son la pérdida de control territorial por parte del Estado y el creciente número de abusos de las fuerzas de seguridad. La actual Administración mexicana, ante estos problemas, ha mostrado escasos resultados.

Mientras tanto en Brasil, el Gobierno de Río de Janeiro ha implementado un innovador modelo de seguridad pública denominado Unidad de Policía de Pacificación (UPP), que busca promover vínculos más estrechos entre la población y la policía. El programa pacificador tiene el objetivo de recuperar el control de las favelas, al igual que la confianza de los residentes después de años de negligencia estatales y abusos de la policía. En esencia es un intento de traer de vuelta a estas barriadas el Estado de Derecho.

En general el UPP ha tenido un alto nivel de aprobación de la población carioca. Un sondeo de la encuestadora brasileña IBPS revela la extensión del apoyo ciudadano a estas Unidades. En comunidades donde éstas fueron desplegadas, su sostén alcanza el 92%, mientras que en aquellas favelas sin UPP el apoyo es del 77%. Algunos proyectos en curso incluyen la construcción de infraestructura para alojar a las UPP, especialmente para convencer a los residentes que han llegado para quedarse

Las UPP no están libres de problemas. Ignacio Cano, un especialista en seguridad pública y derechos humanos en Brasil, menciona que les ha faltado atender las inquietudes específicas de las favelas. Asevera que fueron traídas desde fuera para tratar la necesidad general de pacificación, pero no ha habido un intento sistemático para incorporar las demandas de la comunidad. Según Rodrigo Pimentel, asesor en seguridad y ex miembro de la policía militar BOPE (Batallón de Operaciones Policiales Especiales), el programa pacificador también carece de un marco legal que comprometa a los próximos gobiernos a mantener las <>UPP.

Ante la presencia de un poder criminal, el Estado busca intervenir para reemplazar a esta autoridad ilegítima. En el caso de Río, se desplegaron unidades del BOPE para despejar las favelas de delincuentes. En comparación con otras ciudades con mayores tasas de homicidio, la tasa de mortalidad por acción policial es desproporcionada. Aunque controvertidas debido a su brutal reputación, la popularidad del BOPE se ha elevado después de su despliegue junto a las UPP. Según el informe de IBPS, el apoyo al BOPE es el doble en comunidades con UPP (60% contra 28%). Además, ofrecen mayor confianza y seguridad a los residentes de las favelas que han sufrido directamente la violencia tanto de los criminales como de la policía.

De forma similar, México ha sido testigo de un desvanecimiento del poder del Estado en partes del país. Un cable diplomático de Wikileaks de diciembre 2010 expresa preocupación sobre este asunto, alegando que la Administración mexicana admitió haber sido rebasado por el poderío de las organizaciones criminales en varias zonas del país. El ex portavoz en materia de seguridad del Gobierno federal, Alejandro Poiré, rechazó de forma tajante este dato en su momento, aunque luego la Secretaría de Gobernación admitió que el crimen organizado ejercía un control de facto sobre muchas zonas.

Como en las barriadas de Río, la ausencia del Estado dejó un vacío de poder que llegaría a ser ocupado por la ilegalidad. Joaquín Villalobos, un antiguo líder guerrillero de El Salvador convertido en consultor en seguridad, menciona la importancia de que el Estado recupere de forma permanente las zonas controladas por las bandas criminales en el contexto de seguridad mexicana. Subraya el caso de las UPP en la ciudad carioca como ejemplo de una creciente presencia estatal en un territorio perdido con el propósito de reducir la criminalidad. Asimismo señala la experiencia de Colombia, donde las autoridades comprendieron que "a menos que el Estado ocupara el territorio permanentemente, el problema de los grupos armados y la ilegalidad no se resolvería".

La experiencia de Río también ilustra las virtudes de una estrategia que no justifica los abusos. Como explica Villalobos, "los derechos humanos en la actualidad, por encima de requerimientos éticos, se han vuelto parte fundamental de la eficacia operacional tanto para policías como para militares". Hace referencia a Colombia al decir que los abusos disminuyeron después de convencer a los mandos militares de que se obtienen mejores resultados si no convierten a los civiles en sus enemigos. Las UPP de Río han producido un efecto semejante, en comparación con la época en que el BOPE actuaba solo y con fuerza excesiva.

Como en Río, México ha experimentado un ascendente registro de abusos por parte de las fuerzas del Estado. Un informe reciente de Human Rights Watch documenta como las fuerzas castrenses mexicanas han cometido de manera creciente abusos a derechos humanos durante la actual Administración. Aunque el presidente mexicano, Felipe Calderón, ha admitido recientemente los abusos militares, insiste en que éstos son la excepción. Aún así, la mayoría de los ciudadanos todavía apoyan el uso militar para combatir la delincuencia. Esto, sin embargo, puede cambiar si los abusos continúan.

Está el caso de Cherán, un pueblo en el estado de Michoacán donde los habitantes se mostraron reacios a ser extorsionados por grupos criminales. Aunque, México no ha visto un auge significativo en paramilitarismo y otras actividades de vigilantismo en reacción a la mayor inseguridad, un deterioro en el contexto de seguridad a la par de un Estado débil podría dejar a los ciudadanos vulnerables sin otra opción.