En China se puede discutir si la economía crecerá al ritmo esperado el próximo año o si serán capaces de doblegar al mercado bursátil. Lo que difícilmente puede discutirse es que en 2016 sus ciudadanos serán menos libres.

Un hombre navega por Internet en Pekín. Frederic Brown/AFP/Getty Images
Un hombre navega por Internet en Pekín. Frederic Brown/AFP/Getty Images

El motivo es un cuádruple mazazo legislativo que reduce aún más el margen de maniobra de la sociedad civil. La primera ley, relativa a la seguridad nacional, se promulgó el pasado uno de julio y las otras tres -que se ocupan de Internet, terrorismo y las ONG- seguirán, probablemente, el mismo camino durante los próximos meses. Merece la pena analizarlas una a una, pero antes conviene recordar que las medidas de Pekín tienen un contexto que suele amputarse en los medios occidentales.

Muchos países, como España, están restringiendo las libertades de expresión y manifestación (y ampliando, considerablemente, el campo de acción de la policía) con la excusa o la justificación que preservar el orden público. Otros tantos, como Estados Unidos, llevan más de una década interviniendo, masivamente, las comunicaciones nacionales y extranjeras y burlando las reglas más elementales de privacidad, afirmando sin cesar que lo hacen para prevenir ataques terroristas. Algunos de los aliados de Washington, que no han desarrollado sus propios programas intrusivos, colaboran activamente con la agencia NSA cuando ésta se lo pide. Por último, conviene recordar que, aunque muchas organizaciones no gubernamentales hacen tareas estrictamente humanitarias, algunas también han realizado labores de inteligencia y se han financiado con fondos extranjeros para promover cambios de régimen o golpes de Estado.

Teniendo presente ese contexto, ya podemos hablar de la nueva estrategia que Pekín acaba de apadrinar con su reciente ley de seguridad nacional. El actual líder chino, Xi Jinping, quiere concentrar todo el aparato de seguridad del Estado bajo el paraguas de una comisión que responda directamente ante él. Ésta va a poseer unas competencias transversales que impactarán no sólo sobre el trabajo de los jueces, los policías, el Ejército, los espías o los soplones, sino también sobre el sistema educativo, los medios de comunicación y el perfil que han de cumplir a partir de ahora los funcionarios. Como esto había que celebrarlo, el 15 de abril acaba de convertirse en el día oficial de la seguridad nacional en China.

 

Seguridad nacional ‘made in China’

Edward Wong, del diario New York Times, cree que la ley es más intrusiva que las anteriores y que se ajusta mejor a las necesidades del Gobierno de Xi Jinping, que es su gran impulsor y arquitecto. ¿Cuáles son las necesidades de Xi? Promover de una forma más contundente e institucionalizar más la ideología del Partido Comunista. ¿Por qué? Porque teme que el seísmo de la prosperidad, la expansión del sector privado, el auge de los viajes y estancias en países democráticos y la pujante clase media se lleve por delante los pilares que legitiman su poder.

Los más optimistas afirman, con media sonrisa, que esta ley muestra debilidad, no fortaleza; declive, no pujanza; miedo, no confianza en uno mismo. Quizás tengan razón: una legislación que necesita multiplicar los frentes y que ve amenazas para la seguridad nacional en todas partes sólo puede responder a la vulnerabilidad, real o percibida, de un régimen. Olvidan sin embargo que esa misma legislación puede terminar siendo eficaz, es decir, que puede acabar fortaleciendo al sistema… y que esto ya lo hemos visto antes. Los tanques de Tiananmén pusieron de relevancia la debilidad descarnada del Partido Comunista y, sin embargo, triunfaron en su cometido de aplastar las revueltas y prevenir durante más de dos décadas cualquier manifestación que lo desafiase.

En esta ley, la definición de lo que es delito resulta tan etérea que la complicidad se expande hasta incluir en el Capítulo III a aquellos que no actuaron, prácticamente, como policías de sus vecinos. Además, el articulado considera crímenes vaguedades como la “penetración cultural negativa”, las amenazas contra “el crecimiento sostenible y el desarrollo social” y las violaciones contra “la soberanía nacional en Internet”. Los juristas occidentales expertos en legislación china han visto en ellos una excusa para la pura y dura arbitrariedad.

Lamentablemente, esa ley forma parte de un paquete más ambicioso que incluye, como decíamos más arriba, otras tres normas que todavía están en fase de borrador: una sobre Internet, otra sobre terrorismo y otra sobre las ONG nacionales y extranjeras. Hablemos ahora de la que se ocupa de la Red.

Lo primero que hay que decir es que, al igual que con la regulación anterior, una sola burocracia gestionará el ciberespacio en China con la colaboración de los ministerios del ramo en cada caso. Su principal responsable, Lu Wei, con un exitoso pasado en la agencia de noticias oficial Xinhua y en el Departamento de Propaganda, ha sido en los últimos años uno de los grandes arquitectos de la ola de represión y censura contra blogueros disidentes y empresas y medios de comunicación extranjeros. Su posición, con esta nueva norma, se vería claramente reforzada.

 

La Red es una jaula

Otro aspecto importante del borrador es que eleva a nivel de leyes nacionales los abusos más flagrantes de los cíbercensores chinos que antes regulaban leyes más locales o reglamentos más discretos. Nos referimos, entre otros, a “una suspensión temporal de operaciones o del negocio, al cierre de sitios web, a la revocación de permisos importantes para operar, a la cancelación de licencias para hacer negocios” y a “restringir” el acceso a Internet o de cualquier llamada internacional en regiones enteras ante disturbios especialmente graves. Esto es lo que ocurrirá cuando, por ejemplo, los usuarios, los gestores de las redes o las plataformas no respeten o permitan que no se respeten el “orden público”, la “moral social” o ellos o sus usuarios participen en “actividades que dañen la seguridad nacional”.

La segunda norma que todavía no se ha aprobado se ocupa del terrorismo y parece que llevará más tiempo del esperado, porque la Casa Blanca ha presionado con fuerza. El motivo principal de esa intervención es que el primer borrador que se publicó a finales del año pasado exigía que todas las empresas que operasen en la segunda economía mundial tuviesen los datos de sus usuarios y sus servidores en China. Pekín ha advertido que se va a promulgar sí o sí.

Aunque le haya inquietado aparentemente menos a la Administración de Barack Obama, una de las piezas más escalofriantes y peligrosas de la legislación tiene que ver con la definición de “terrorismo”, que consistiría, según ellos, en “cualquier pensamiento, discurso o actividad que, mediante violencia, sabotaje o amenazas, intente provocar pánico social, influir sobre la política nacional, crear odio étnico, subvertir el poder del Estado o provocar una secesión”.

La tercera norma del pack que todavía están digiriendo los legisladores comunistas tiene que ver con el papel de las ONG en China. Para empezar, el borrador no se preocupa de definir “organización sin ánimo de lucro”, lo que puede significar que se convierta en un cajón de sastre para comportamientos que las autoridades consideren indeseables. Las ONG nacionales deberán establecer obligatoriamente en su seno grupos organizados por el Partido Comunista cuando hasta ahora hacerlo era algo meramente voluntario. La idea es evitar que contradigan en algún punto la estrategia de Pekín.

Las ONG extranjeras, según un reciente análisis del borrador, caerían ahora bajo la jurisdicción de instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, podrán ser condenadas por delitos como “divulgar rumores” o “subvertir el poder del Estado”, sus miembros podrán ser detenidos sin que lo dictamine un juez, tendrán que facilitar con todo detalle sus actividades y se limitará la presencia de trabajadores foráneos en las oficinas.

Los defensores de las cadenas y grilletes contra las libertades que implican la ley de seguridad nacional china y la posible promulgación de las de Internet, terrorismo y organizaciones no gubernamentales creen que el gigante asiático, simplemente, ha lanzado una regulación que va en línea con la de otros países, pero adaptándola a sus necesidades y a su cultura. Tristemente, las políticas intrusivas de Estados Unidos que relevó Edward Snowden o la ley mordaza en España les están dando la razón.