Los debates sobre el Código de Familia están abiertos en la Isla…y la fe los acompaña.
“Artículo 197. Matrimonio.1. El matrimonio es la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto, el amor y el respeto mutuos”. Proyecto del Código de las Familias.
Cuba debate, y está por decidir en un referendo nacional programado para este 25 de septiembre, la autorización de expandir la opción legal de un matrimonio para incluir a dos personas de un mismo sexo. El Código de Familia, vigente desde 1975, los autoriza solamente entre un hombre y una mujer. El texto citado arriba, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el pasado mes de enero, para permitir un debate amplio y público, que culmine en ese referendo nacional.
Hay, pues, una disyuntiva entre la liberalización social y la democratización política. Por una parte, la ampliación de la opción del matrimonio formal entre dos personas, independiente de su sexo, caracteriza procesos de liberalización en este siglo en muy diversos países. Al mismo tiempo, el recurso a un referendo nacional sobre este tema abre la opción del oportunismo democrático, independiente del tema de fondo. ¿Debe un demócrata que apoya el matrimonio igualitario votar en contra del proyecto auspiciado por el gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC), derrotándoles por primera vez desde los 60, sacrificando así esta liberalización para acelerar una democratización?
No son preguntas abstractas o ajenas a la realidad. En los debates públicos en el ámbito nacional en 2018 y de nuevo en 2021, hay una oposición organizada al proyecto oficialista. No se trata ya del mismo tipo de régimen político cubano que aplastaba cualquier atisbo de oposición por cualquier motivo. Sigue siendo un régimen autoritario frente a protestas contra el régimen en sí, pero ya permite un margen de oposición a ciertas políticas específicas, como ocurre con el proyecto del Código de las Familias.
Esta disyuntiva, y este mismo asunto en relación con el matrimonio, surgió en 2018 durante la discusión del anteproyecto de Constitución, sometido a referendo nacional el 24 de febrero de 2019. Una versión inicial proponía el matrimonio entre dos personas, sin precisar hombre o mujer, para de esa manera ampliar la opción de un matrimonio a dos personas del mismo sexo. Resultó ser la idea que despertó mayor oposición durante el debate público sobre el anteproyecto. El gobierno, para evitar el naufragio, lo modificó. El artículo 82 de la Constitución de 2019 quedó así: “Se funda [el matrimonio] en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges. La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos”. El proyecto actual del Código de las Familias busca precisar quiénes poseen tal capacidad legal, lo que ha replanteado el debate.
Se distingue del anterior en 2018 por tres razones. Primero, se ha sentado el precedente de que, frente a evidencias de oposición, el gobierno cambia de rumbo. Segundo, el estallido de protestas el 11 de julio de 2021, a lo largo y ancho de la Isla, sin precedentes desde los 60 por su magnitud, y otras manifestaciones menores antes y después, señalan la vulnerabilidad política del gobierno y del PCC. Tercero, hay descontento social y económico, generadores del político, que reconoció el mismo presidente Miguel Díaz-Canel este pasado mes de abril: “Ahora se nos suman los problemas del abasto de agua con la sequía, la inflación, los altos precios, las interminables colas, los problemas en el transporte, y todo eso va ocasionando agobio, malestar; también las inestabilidades que hemos tenido en el servicio electroenergético nacional, que han provocado los incómodos apagones”. Después de más de una década con pobres resultados económicos, hay caldo de cultivo para la oposición.
Hay, además, un elemento de continuidad entre los debates durante 2018 y 2021: la oposición organizada de ciertas comunidades de fe. Fue una razón de la modificación del artículo constitucional, y resurge con fuerza en el debate sobre el Código de las Familias. Como ejemplos están la oposición de tres cuerpos religiosos.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba alegó en febrero de 2022 que durante “la discusión previa a la aprobación de la Constitución actual del 2019… la mayoría de los cubanos quiso que se mantuviera la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal como aparece en el actual Código de Familia de 1975”. Además, los alarma la supuesta “ideología de género” que consideran permea el nuevo Código, así como las nuevas propuestas en relación con la “gestación solidaria”, la “filiación asistida”, y la adopción que sería posible para un matrimonio entre personas de un mismo sexo.
La Convención Bautista de Cuba Occidental, en abril de 2022, incidió de manera y tono similar, en este caso mediante voto de su asamblea. Se opone al matrimonio entre personas de un mismo sexo, la gestación asistida, la afirmación personal de una identidad de género, el concepto de fluidez sexual y los programas de educación sexual introducidos en 2021 por el Ministerio de Educación.
La Convención Bautista de Cuba Oriental, también mediante voto de su asamblea, afirmó: “No aceptamos bajo ningún concepto que por complacer las preferencias de una minoría de ciudadanos se atropelle e ignore los derechos y preferencias de la mayoría, afectando así principios democráticos que consolidan la unidad de una nación”. Ese “no aceptamos bajo ningún concepto” se repite siete veces en este corto y enfurecido texto, que protesta las nuevas medidas sobre género, sexualidad, matrimonio y educación que proponen el gobierno y el PCC.
Pero ¿predican en vano? ¿Peligra el proyecto? Entre febrero y abril de 2022, según su informe oficial a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo Nacional Electoral convocó 79.129 reuniones a las que asistieron más de seis millones de personas; hablaron 336.595 personas que formularon 434.860 criterios. De esos, afirmó el Consejo, 61,96 fueron favorables al nuevo Código. Sin embargo, solamente 39,96 indicaron su respaldo irrestricto (“Estoy de acuerdo”). Otro 19,66% expresó su apoyo, pero condicionado a cambios en el texto, mientras que 12,06% se opusieron al Código en sí, 1,62% expresaron sus dudas y el resto no se pudo precisar su posición bien. Los asuntos más discutidos fueron el matrimonio, la adopción, la gestación asistida, la responsabilidad de los padres y la violencia doméstica. Aun suponiendo que el 62% de apoyo sea confiable, implica un 38% de oposición frente a un régimen político acostumbrado a exigir “unidad”.
Si solamente un 40% del electorado está realmente a favor, la derrota del oficialismo equivaldría a un terremoto. Esa oposición la conforman tres categorías de personas muy diferentes. Una es aquellos que están de acuerdo con los Obispos Católicos y las convenciones Bautistas y, además, responden a sus creencias más que a un posible apoyo, por otras razones, al gobierno o al PCC. Dentro de estas filas religiosas habrá quienes se oponen tanto a la liberalización en estos asuntos como al gobierno y al PCC, quizás los más coherentes al ejercer su voto opositor en el referendo.
Una segunda categoría opositora puede ser quienes apoyan la liberalización social que registra el nuevo Código, pero no desean pasar la oportunidad de derrotar al gobierno y al PCC en aras de acelerar los procesos de democratización. Éstos importan más que la liberalización social.
Y una tercera categoría es la de quienes generalmente apoyan al gobierno y al PCC, inclusive algunos de sus miembros, pero que se oponen a los asuntos de fondo en el nuevo Código. El PCC no proviene de una historia liberal. En los 60, las Unidades Militares de Apoyo a la Producción (UMAP) fueron destino punitivo de miles de supuestos homosexuales. En 1980, actos de repudio azuzaron la salida masiva del país de supuestos homosexuales. En esa década, la respuesta inicial del gobierno al azote del SIDA fue recluir a cualquier víctima de la infección, obligándoles a dejar su trabajo y su familia, sin tomar en cuenta su comportamiento personal. No sorprende, por tanto, que la plataforma del PCC declarará su oposición a la discriminación por orientación sexual durante la Conferencia del PCC en 2012 y no adoptará la posición sobre identidad de género que refleja el nuevo Código hasta 2020. Por tanto, probablemente hay miembros del PCC y simpatizantes del régimen que ejercerán su voto secreto en oposición al nuevo Código.
Quedan a favor de éste los votantes de una coalición tácita e insólita. Unos apoyan a un régimen político autoritario al mismo tiempo que son liberales en relación con la sexualidad y la identidad de género. Otros se oponen a este régimen político autoritario, pero valoran ese gesto liberalizador plasmado en el nuevo Código.
Los debates sobre el Código de las Familias ya han moldeado el vetusto régimen político, abriendo sus puertas a la oposición organizada por motivos de fe. Pero, además, han planteado tensiones ideológicas tanto dentro del oficialismo como dentro de la oposición. Este referendo es un paso más en el lento y tortuoso sendero de cambios en Cuba.
