La amenaza, más que la
viabilidad, de avanzar hacia un núcleo duro, refuerza la posición
franco-alemana en la Unión Europea de 25.

Nadie sabe cómo se resolverá la actual crisis constitucional
europea. Tal vez a lo largo de 2004 las presidencias irlandesa y holandesa sean capaces de relanzar con éxito la negociación o puede que nos quedemos
unos años como estamos, aplicando el Tratado de Niza. Pero cabe pensar
en una tercera vía, una Europa a varias velocidades, aunque sólo
sea porque un minuto después de fracasar la Conferencia Intergubernamental
en Bruselas, el pasado 13 de diciembre, Gerhard Schröder y Jacques Chirac ya estaban mencionando
esta posibilidad. Vayamos por partes.

La incapacidad de los representantes nacionales de lograr un consenso puede
resultar circunstancial: un invierno más del descontento europeo. No
en vano este fracaso puede explicarse a partir de factores como la rapidez con
que se ha negociado por primera vez una Carta Magna entre 25 (sólo tres
meses, por mucho que existiese un borrador previo); el escaso trabajo mediador
de la presidencia italiana, y la rigidez de algunos Estados miembros, tanto
partidarios como críticos del sistema de votación en el Consejo
propuesto por la Convención. La futura re-negociación constitucional,
por lo tanto, podría lograr un buen resultado para todos con más
tiempo, mejor presidencia y, sobre todo, menos mentalidad intergubernamental.

No obstante, en estos meses se van a escuchar más que nunca en Francia,
Alemania y Benelux las voces de los que reclaman una integración a varias
velocidades, distinta a la que impulsa el modelo comunitario (que tal vez está
llegando al límite en sus posibilidades de legitimidad y de desarrollo).

La Unión Monetaria ha sido un primer paso, aunque de ella se ha quedado
fuera una minoría. Ahora, tal y como han previsto los Tratados desde
1998, se trataría de permitir a grupos ad hoc de países avanzar
más en su integración o cooperación en determinadas áreas,
aunque con muchas cautelas y salvaguardias. Pero también se podría
plantear la existencia de varias velocidades fuera de los Tratados o a través
de la
creación de un núcleo duro permanente. Estaríamos, entonces,
ante un intento de re-fundación del proyecto original europeo entre los
socios más comprometidos con una visión determinada de la integración
política. Ambos caminos, los grupos pioneros y la re-fundación
completa, son difíciles de transitar, por razones jurídicas, económicas
y políticas.

Francia y Alemania no logran convencer a los demás de
que su proyecto favorece el interés general europeo

La integración europea ha desarrollado desde su origen mecanismos de
flexibilidad para tener en cuenta la diversidad de intereses y de situaciones
económicas y sociales de los Estados miembros. Un ejemplo, ya citado,
es el del euro. Tanto en la negociación de Amsterdam como en la de Niza,
Francia quiso dar un paso más hacia la flexibilidad y fue el principal
impulsor de la “cooperación reforzada”, un método
nuevo de actuación que permite, en contados casos, a un grupo de Estados
aprobar normas europeas sólo aplicables a ellos. La justificación
era evitar que la ampliación diluyese el acervo comunitario o limitara
los avances del proceso europeo al ritmo de los más lentos o reticentes.
Pero detrás de esta propuesta francesa también estaba su intento
de recrear el pasado y remediar el desequilibrio en su relación con Alemania
tras la unificación.

En todo caso, es irónico que el borrador constitucional de la Convención,
aún por adoptar, facilite la Europa a varias velocidades, mientras que
esta posibilidad está todavía muy limitada en el Tratado de Niza,
bajo el que se realizará la ampliación a diez nuevos miembros,
el 1 de mayo de 2004. Las reglas de Niza son poco flexibles para permitir los
grupos pioneros que ahora se reclaman: sólo se autorizan como último
recurso, dentro del respeto al mercado interior y tras autorización de
la Comisión, el Parlamento Europeo y una mayoría cualificada de
Estados miembros. Además, la gestión institucional de distintos
núcleos duros a la vez tiene costes altos y empeora la transparencia
europea.

Por otra parte, fuera de los Tratados europeos, la creación de vanguardias
de países sólo es jurídicamente posible en materias no
comunitarias o no muy europeizadas, como es el caso de la defensa. En este ámbito,
la existencia de varias velocidades es casi imprescindible por las enormes diferencias
de capacidades entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, todos reconocen
que su puesta en práctica es peliaguda por la falta de una visión
común incluso dentro del grupo director (Reino Unido, Francia y Alemania),
algo que ha quedado bien patente en la decisión minimalista de la cumbre
de Bruselas de preservar la centralidad del vínculo transatlántico.

El intento de una re-fundación del proyecto europeo mediante un núcleo
duro permanente es aún más problemático que la puesta en
marcha de grupos pioneros en distintas materias. Los refundadores necesitarían
el consentimiento de todos los demás para reformar los Tratados europeos
y liberarse de determinadas obligaciones. Los no participantes en el núcleo
defenderían los beneficios del mercado interior y de las políticas
comunes, así como lo que quede del presupuesto comunitario tras la nueva
ronda de negociaciones que ha de terminar en 2005.
No obstante, tal vez el planteamiento de una re-fundación entre estos
pocos y bien avenidos tenga lugar antes de un acuerdo sobre la Constitución,
para el cual franceses y alemanes insistirían de nuevo con firmeza en
la defensa de sus intereses nacionales en el futuro sistema de voto en el Consejo.
Desarrollando esta hipótesis, asistiríamos también en los
próximos meses a intentos de organizar algún ejemplo viable de
grupo pionero, dentro y fuera del Tratado de Niza.

Con estas y otras iniciativas, lo que estarían haciendo los Gobiernos
francés y alemán es, sobre todo, crear una retórica de
“negociar bajo la amenaza de las varias velocidades”, pero no construir
un modelo real y alternativo de integración europea. Ambos Ejecutivos
prefieren, por razones distintas, que se apruebe el borrador de la Convención
Constitucional con el polémico capítulo institucional lo más
intacto posible y con la posibilidad de lanzar entonces grupos pioneros con
más libertad y controlados por una alta capacidad de bloqueo franco-alemana.
El gran problema para conseguir esta victoria en segunda vuelta de París
y Berlín es el clima de desconfianza que reina entre los nuevos y los
viejos socios europeos. A estas alturas, los dos principales Estados miembros
no pueden convencer a los demás de que su proyecto favorece el interés
europeo y es fruto de una auténtica deliberación constitucional
que supera al llamado mercadeo de Niza.

Límite de velocidad. La amenaza, más que la
viabilidad, de avanzar hacia un núcleo duro, refuerza la posición
franco-alemana en la Unión Europea de 25.
José
María de Areilza

Nadie sabe cómo se resolverá la actual crisis constitucional
europea. Tal vez a lo largo de 2004 las presidencias irlandesa y holandesa sean
capaces de relanzar con éxito la negociación o puede que nos quedemos
unos años como estamos, aplicando el Tratado de Niza. Pero cabe pensar
en una tercera vía, una Europa a varias velocidades, aunque sólo
sea porque un minuto después de fracasar la Conferencia Intergubernamental
en Bruselas, el pasado 13

de diciembre, Gerhard Schröder y Jacques Chirac ya estaban mencionando
esta posibilidad. Vayamos por partes.
La incapacidad de los representantes nacionales de lograr un consenso puede
resultar circunstancial: un invierno más del descontento europeo. No
en vano este fracaso puede explicarse a partir de factores como la rapidez con
que se ha negociado por primera vez una Carta Magna entre 25 (sólo tres
meses, por mucho que existiese un borrador previo); el escaso trabajo mediador
de la presidencia italiana, y la rigidez de algunos Estados miembros, tanto
partidarios como críticos del sistema de votación en el Consejo
propuesto por la Convención. La futura re-negociación constitucional,
por lo tanto, podría lograr un buen resultado para todos con más
tiempo, mejor presidencia y, sobre todo, menos mentalidad intergubernamental.

No obstante, en estos meses se van a escuchar más que nunca en Francia,
Alemania y Benelux las voces de los que reclaman una integración a varias
velocidades, distinta a la que impulsa el modelo comunitario (que tal vez está
llegando al límite en sus posibilidades de legitimidad y de desarrollo).

La Unión Monetaria ha sido un primer paso, aunque de ella se ha quedado
fuera una minoría. Ahora, tal y como han previsto los Tratados desde
1998, se trataría de permitir a grupos ad hoc de países avanzar
más en su integración o cooperación en determinadas áreas,
aunque con muchas cautelas y salvaguardias. Pero también se podría
plantear la existencia de varias velocidades fuera de los Tratados o a través
de la
creación de un núcleo duro permanente. Estaríamos, entonces,
ante un intento de re-fundación del proyecto original europeo entre los
socios más comprometidos con una visión determinada de la integración
política. Ambos caminos, los grupos pioneros y la re-fundación
completa, son difíciles de transitar, por razones jurídicas, económicas
y políticas.

Francia y Alemania no logran convencer a los demás de
que su proyecto favorece el interés general europeo

La integración europea ha desarrollado desde su origen mecanismos de
flexibilidad para tener en cuenta la diversidad de intereses y de situaciones
económicas y sociales de los Estados miembros. Un ejemplo, ya citado,
es el del euro. Tanto en la negociación de Amsterdam como en la de Niza,
Francia quiso dar un paso más hacia la flexibilidad y fue el principal
impulsor de la “cooperación reforzada”, un método
nuevo de actuación que permite, en contados casos, a un grupo de Estados
aprobar normas europeas sólo aplicables a ellos. La justificación
era evitar que la ampliación diluyese el acervo comunitario o limitara
los avances del proceso europeo al ritmo de los más lentos o reticentes.
Pero detrás de esta propuesta francesa también estaba su intento
de recrear el pasado y remediar el desequilibrio en su relación con Alemania
tras la unificación.

En todo caso, es irónico que el borrador constitucional de la Convención,
aún por adoptar, facilite la Europa a varias velocidades, mientras que
esta posibilidad está todavía muy limitada en el Tratado de Niza,
bajo el que se realizará la ampliación a diez nuevos miembros,
el 1 de mayo de 2004. Las reglas de Niza son poco flexibles para permitir los
grupos pioneros que ahora se reclaman: sólo se autorizan como último
recurso, dentro del respeto al mercado interior y tras autorización de
la Comisión, el Parlamento Europeo y una mayoría cualificada de
Estados miembros. Además, la gestión institucional de distintos
núcleos duros a la vez tiene costes altos y empeora la transparencia
europea.

Por otra parte, fuera de los Tratados europeos, la creación de vanguardias
de países sólo es jurídicamente posible en materias no
comunitarias o no muy europeizadas, como es el caso de la defensa. En este ámbito,
la existencia de varias velocidades es casi imprescindible por las enormes diferencias
de capacidades entre los Estados miembros. Al mismo tiempo, todos reconocen
que su puesta en práctica es peliaguda por la falta de una visión
común incluso dentro del grupo director (Reino Unido, Francia y Alemania),
algo que ha quedado bien patente en la decisión minimalista de la cumbre
de Bruselas de preservar la centralidad del vínculo transatlántico.

El intento de una re-fundación del proyecto europeo mediante un núcleo
duro permanente es aún más problemático que la puesta en
marcha de grupos pioneros en distintas materias. Los refundadores necesitarían
el consentimiento de todos los demás para reformar los Tratados europeos
y liberarse de determinadas obligaciones. Los no participantes en el núcleo
defenderían los beneficios del mercado interior y de las políticas
comunes, así como lo que quede del presupuesto comunitario tras la nueva
ronda de negociaciones que ha de terminar en 2005.
No obstante, tal vez el planteamiento de una re-fundación entre estos
pocos y bien avenidos tenga lugar antes de un acuerdo sobre la Constitución,
para el cual franceses y alemanes insistirían de nuevo con firmeza en
la defensa de sus intereses nacionales en el futuro sistema de voto en el Consejo.
Desarrollando esta hipótesis, asistiríamos también en los
próximos meses a intentos de organizar algún ejemplo viable de
grupo pionero, dentro y fuera del Tratado de Niza.

Con estas y otras iniciativas, lo que estarían haciendo los Gobiernos
francés y alemán es, sobre todo, crear una retórica de
“negociar bajo la amenaza de las varias velocidades”, pero no construir
un modelo real y alternativo de integración europea. Ambos Ejecutivos
prefieren, por razones distintas, que se apruebe el borrador de la Convención
Constitucional con el polémico capítulo institucional lo más
intacto posible y con la posibilidad de lanzar entonces grupos pioneros con
más libertad y controlados por una alta capacidad de bloqueo franco-alemana.
El gran problema para conseguir esta victoria en segunda vuelta de París
y Berlín es el clima de desconfianza que reina entre los nuevos y los
viejos socios europeos. A estas alturas, los dos principales Estados miembros
no pueden convencer a los demás de que su proyecto favorece el interés
europeo y es fruto de una auténtica deliberación constitucional
que supera al llamado mercadeo de Niza.

José María de Areilza
es profesor de Derecho de la Unión Europea y vicedecano del Instituto
de Empresa, Madrid.