Los Estados con menores niveles de corrupción tienen también trabajo por hacer para mejorar en aspectos relacionados con el lavado de dinero, las corruptelas llevadas a cabo fuera de sus fronteras y los conflictos de intereses.
La organización Transparencia International acaba de publicar una nueva edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), que recoge la opinión de expertos y empresarios del sector privado sobre la corrupción en el sector público. Se trata de percepciones generales y no de experiencia directa de corrupción (aspecto cubierto por el Barómetro Global de la Corrupción). Quedan fuera del Índice formas específicas de corrupción tan relevantes como los flujos financieros ilícitos, la corrupción en el sector privado, o la labor de los servicios profesionales que acompañan a la corrupción, tales como servicios financieros, jurídicos, inmobiliarios, o de la industria del lujo. El IPC sigue siendo, sin embargo, un buen indicador de los avances realizados (o no) en la lucha contra la corrupción.
El resultado del Índice es un número del uno a 100 para cada país. Los Estados con puntuaciones más altas se consideran más “limpios” y aquellos que las tienen más bajas se califican como más corruptos. La lista no presenta cambios significativos respecto a ediciones anteriores. De hecho, en los últimos ocho años, sólo 48 países (la edición de este año del Índice incluye 180) han visto modificada su puntuación con variaciones que podamos considerar estadísticamente significativas.
Fijémonos en los Estados mejor valorados. Dinamarca y Nueva Zelanda encabezan el ranking con 88 puntos sobre 100, y en la parte baja se encuentran Somalia y Sudán del Sur con 76 puntos menos. Entre los 13 países con puntuaciones más altas, hay siete que son europeos. Los Estados de la UE con puntuaciones más bajas (Bulgaria, Hungría y Rumanía, con 44 puntos) se sitúan los sexagésimo novenos de la lista de 180. La media de los países de la UE es de 63 puntos, la de la OCDE de 66; en el continente americano esta cifra se reduce a 43 y en el África Subsahariana a 32.
Precisamente porque sabemos que el IPC es una imagen incompleta de la corrupción, podemos arrojar luz sobre lo que el Índice no nos dice. Aunque algunos países sean los mejores de la clase, aquellos considerados como los más íntegros, también tienen camino por recorrer en la lucha contra la corrupción. Veamos tres aspectos en los que necesitan mejorar.
Paraíso de los facilitadores
Hasta hace menos de tres lustros, en muchos Estados de Europa los sobornos que las empresas pagaban para acceder a contratos en el exterior eran fiscalmente deducibles. Desde entonces hemos aprendido mucho sobre los mecanismos de la corrupción y progresado en nuestra percepción del problema. Ahora nadie duda que es corrupto quien recibe un soborno, pero también quién lo paga. Y sabemos que uno y otro, antes, después y durante, está acompañado de una pléyade de asesores fiscales, abogados, agentes inmobiliarios, vendedores de arte y otros muchos servicios profesionales que hacen que ejercer la corrupción y esconder sus beneficios no sea solo posible, sino también fácil, limpio y rápido. Muchos de estos facilitadores están en los países considerados más íntegros.
Dinamarca se ha situado desde hace años entre los referentes de la lucha contra la corrupción. Desde hace varias ediciones, se alterna con Nueva Zelanda en los primeros puestos del IPC. Sin embargo, desde hace tres años el escándalo Danske Bank nos recuerda que los mejores también necesitan trabajar en lucha contra esta lacra. El banco está siendo investigado por 230.000 millones de dólares recibidos en su filial en Estonia, gran parte de esos fondos son de origen sospechoso y no fueron sometidos al escrutinio debido. Existe numerosa normativa europea e internacional contra el lavado de dinero que debería haberse aplicado en este caso, si no fuera porque la perspectiva de cuantiosos ingresos pareció invitar a los banqueros responsables de aplicarla a rebajar su celo profesional.
La corrupción genera grandes ingresos que requieren de grandes inversiones para retornar el dinero subrepticiamente obtenido al flujo monetario no opaco. Canadá, protegida por su imagen de país impoluto, se ha situado entre los Estados preferidos por los corruptos para someter sus activos monetarios a ese lavado. El término "snowashing" se refiere a la ocultación en Canadá de dinero ilícito obtenido normalmente fuera de sus fronteras. Según un reciente estudio del mercado inmobiliario en Vancouver, es imposible conocer quién es el verdadero propietario de un tercio de las casas más caras de la región, pues éstas están registradas a nombre de empresas y sociedades que impiden saber quién las disfruta o se beneficia de los ingresos que generan. Esto es posible porque en Canadá la normativa contra el lavado de dinero no es aplicable a todas las profesiones. Los agentes inmobiliarios están exentos y de eso se aprovechan quienes tienen dinero fruto de la corrupción para adquirir casas, villas, mansiones y edificaciones.
En el mundo inmobiliario, ha sido también emblemático el caso de Teodoro Obiang, hijo del Presidente ecuatoguineano del mismo nombre y vicepresidente del país, acusado de corrupción en un juicio en Francia que se ha prolongado durante más de cinco años. A principios de 2020 el Tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia de culpabilidad de 2017 contra "Teodorín", como es conocido, pero además confirmó la multa de 30 millones de euros y mantuvo sin cambios la confiscación de los bienes requisados. Entre estos bienes se encontraba una colección de superdeportivos subastados por más de 25 millones de euros, o el edificio en París que aloja la Embajada de Guinea Ecuatorial.
Exportadores de la corrupción
Ya en su edición de 2018, el IPC estableció una correlación casi directa entre democracia y corrupción. Las razones son múltiples, pero una mera deducción intuitiva nos permite concluir que, aunque pueda haber corruptos en todos los países, aquellos en los que prima el Estado de Derecho y donde la democracia permite que las normas respondan a los intereses de la mayoría ciudadana es más probable que la corrupción (que por definición beneficia a unos pocos) sea más perseguida y condenada, y tenga más obstáculos para prosperar.
Recientemente, el centro de estudio Varieties of Democracy ha analizado cuán escrupulosos han sido los países respecto a sus propias normas cuando han establecido los estados de alarma que les permiten lidiar con la pandemia. La correlación es muy alta entre los Estados que más libremente se han saltado su normativa y el grado de corrupción de acuerdo al Índice. Los países menos limpios son también más laxos consigo mismos.
Democracia, Estado de derecho y corrupción parecen, por tanto, formar parte de una misma ecuación. Si en los países menos democráticos y con un Estado de derecho más débil es donde hay más corrupción, no sorprende encontrarse corruptores en ellos, aunque a veces no sean nacionales de esos países.
Los ejemplos son demasiado numerosos. Uno de los más emblemáticos es el caso de Airbus, consorcio europeo de construcción aeronáutica que en febrero de 2020 fue condenado a una multa de 4.000 millones de dólares a pagar en Estados Unidos, Francia y Reino Unido. La empresa, registrada en los Países Bajos, aunque con sede en Francia, obtuvo beneficios de más de 3.000 millones de euros por los contratos obtenidos mediante soborno en más de 16 países, entre ellos muchos de los que reciben menos puntos en el IPC, tales como Colombia, Ghana, Indonesia o Sri Lanka.
En otro caso más reciente, un tribunal suizo ha condenado al empresario franco-israelí B. Steinmetz a cinco años de cárcel y una multa de 50 millones de dólares “por corrupción de funcionarios públicos” a causa de sobornos pagados por la empresa Steinmetz’s BSGR Group para hacerse con los derechos de explotación de acero en la región minera de Simandou, en Guinea. En su defensa, Steinmetz alegó no tener relación alguna con la empresa que lleva su nombre y, según información de OCCRP, eso es cierto, pero Steinmetz sí es beneficiario de la Fundación Balda con sede en Liechtenstein, que controla las acciones de la compañía a la que presta su apellido.
En Namibia a finales de 2019 dos ministros dimitieron por los sobornos recibidos de una de las empresas más grandes de la industria pesquera de la prístina Islandia. Según un empleado de la compañía Samherji, a cambio de los derechos de pesca del jurel, la compañía habría pagado sobornos a varios funcionarios públicos y personas allegadas. Los pagos se canalizaban a través de un entramado de compañías fantasma que tenían su sede en localizaciones como las Islas Marshall, y los pagos eran recibidos como contribuciones para la campaña electoral del partido gobernante en Namibia.
Influencia indebida sobre la política
Uno de los efectos más perversos que la corrupción tiene sobre la democracia es que dota a unos pocos de más poder para influir sobre las decisiones que nos afectan a todos. Puede ocurrir, por ejemplo, en la elaboración de las leyes. Antes de aprobar la norma, el legislador deberá informarse de las posiciones de las distintas personas, grupos, instituciones y entidades que se verán afectadas por la ley una vez entre en vigor. Con la información recibida, de acuerdo a su visión del mundo y en conciencia, el legislador —legítimamente electo— votará a favor o en contra de la norma.
Pero la corrupción tiene múltiples caminos para pervertir este proceso de representación democrática. Por ejemplo, cuando el acceso que los grupos de interés (lobbies) tienen al legislador no es equitativo y transparente, no podemos estar seguros de si el parlamentario ha tomado su decisión considerando los intereses de todas las partes, o si todas ellas han podido ejercer la misma influencia sobre la decisión del legislador. Y si además corrompe el voto de éste a cambio de dinero o favores, entonces, salta por los aires la igualdad de todos los ciudadanos, concepto básico sobre el que se sustenta la democracia.
No es asuntó baladí a quién se incluye o a quién se deja fuera del proceso de consulta legislativo. Sabemos que los países que tienen buen desempeño en el IPC son los que realizan consultas más amplias en los procesos de toma de decisiones.
Hubo que esperar a finales del verano de 2020 para que el partido de la canciller Angela Merkel abandonara sus reticencias a un registro de intereses de los parlamentarios alemanes. Todavía está pendiente de aprobación la norma que obligará a los miembros del Bundestag a hacer públicos los intereses (corporativos, se entiende) a los que representan o con los que tienen algún tipo de afiliación. Pero la reticencia conservadora solo se abandonó cuando la realidad se hizo patente en el caso de un joven y prometedor miembro del Bundestag que activamente ejercía de representante de una empresa tecnológica americana ante ministerios y autoridades. La empresa estadounidense había obsequiado al joven parlamentario con opciones sobre acciones y varios viajes.
Las campañas políticas en tiempo de elecciones son la forma de influencia política más importante, especialmente por la concentración de mensajes en muy poco tiempo y con posibles efectos inmediatos, una vez se conozcan los resultados electorales. En la mayoría de los países existen exhaustivas regulaciones sobre cómo pueden hacerse las campañas electorales. Se minutan las apariciones en televisión, se supervisan los mensajes y quién los financia, y se difunden los anuncios para que todos los votantes puedan acceder a las propuestas que se presentan. O así era hasta que llegó la publicidad política en los medios digitales, que ha dejado obsoletas las ya débiles garantías para la transparencia del financiamiento offline.
En las campañas digitales es mucho más sencillo ocultar quién paga el anuncio, que podría ser un nacional dotando de recursos adicionales a un candidato, pero también podría ser un interés extranjero interviniendo en la política nacional a través de su dinero. La ingente cantidad de anuncios que pueden generarse en los entornos digitales hacen de su escrutinio una tarea imposible. Y si los mensajes se dirigen a un público preseleccionado, se está privando al resto de información para el debate público. Ni siquiera los mejores de la clase han logrado regular estos asuntos para limitar la influencia política indebida.
En un reciente informe el Consejo de Europa llamaba la atención sobre los países supuestamente más limpios cuando decía: "La percepción de la corrupción y la realidad no siempre coinciden, ya que la corrupción puede adoptar muchas formas que van más allá de los sobornos, como los conflictos de intereses. Es por eso que […], incluso los países con un alto nivel de confianza en sus instituciones públicas deben introducir medidas preventivas contra la corrupción en cuanto se detecte una posible quiebra, independientemente del lugar que ocupen en los índices de percepción".
Porque limpio e impoluto no son sinónimos.
