Durante años, las empresas estatales chinas han tenido intereses en el continente africano, ahora ciertas similitudes se ven en los países de América Latina y el Caribe. 

A medida que se acerque septiembre, cuando se cumplirá el décimo aniversario de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda china (Belt and Road Initiative, BRI), los responsables políticos y los expertos de todo el mundo van a evaluar sus logros y sus tropiezos. Cuando trabajaba en el Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), mis colegas comentaban constantemente que, en relación con las iniciativas BRI, Latinoamérica y el Caribe se parecerán a África de aquí a cinco o diez años. Yo siempre había recibido esa comparación con reservas; al fin y al cabo, ¿cómo podemos hacer comparaciones tan directas entre países y continentes con historias, culturas y geografías tan distintas? Sin embargo, después de asistir a la Conferencia sobre China de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, me sorprendieron las llamativas similitudes de la problemática presencia de la República Popular de China (RPC) en una y otra región, sobre todo en lo que respecta a los puertos de doble uso, las instalaciones espaciales, la extracción de minerales críticos y la pesca ilegal.

En las últimas décadas, las empresas estatales chinas han construido o ayudado a administrar infraestructuras en todo el continente africano. Algunas de ellas, como el puerto de Bata en Guinea Ecuatorial y el puerto de Mandabay en Kenia, preocupan a los expertos en seguridad estadounidenses por el posible acceso del Ejército Popular de Liberación en el futuro. Incluso en el caso de que el Ejército Popular de Liberación (EPL) no utilice abiertamente esos puertos con fines militares, podrá usarlos para actividades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Por ejemplo, los operadores portuarios de las empresas chinas podrían reunir información sobre los buques de la armada estadounidense atracados en los puertos, incluyendo qué piezas se averían, el tamaño de la tripulación de los buques y las técnicas de entrenamiento y mantenimiento. En América Latina y el Caribe hay un mínimo de 17 puertos de aguas profundas que son propiedad o tienen su gestión en manos de varias de las mismas empresas estatales chinas que en África. Muchos se encuentran en torno a importantes líneas de comunicación marítima como el Canal de Panamá, el Estrecho de Magallanes y la cuenca del Caribe.

Carguero chino llega al puerto de Manzanillo, México. (Salwan Georges/Getty Images)

Otra preocupación son las bases espaciales. Al parecer, China está construyendo una en Yibuti, país en el que ya tiene una base militar. El proyecto lo construirán Hong Kong Aerospace Technology y Touchroad, con un satélite espacial, una plataforma de lanzamiento de cohetes y las infraestructuras anexas. En el hemisferio occidental, China dispone de 11 estaciones terrestres de investigación espacial en Sudamérica, entre ellas el famoso Espacio Lejano de Neuquén (Argentina), construido por una filial de la Fuerza de Apoyo Estratégico del Ejército Popular de Liberación de China. Aunque las autoridades chinas y argentinas han asegurado que la estación se utiliza para la investigación espacial civil, las autoridades militares estadounidenses temen que sus satélites puedan espiar las actividades espaciales de Estados Unidos y sus aliados. 

También está la búsqueda de minerales críticos como el litio. Hace solo unos meses, la empresa china Ming Xin Mineral Separation Ltd se impuso a Tesla en la puja por desarrollar la primera planta de procesamiento de litio de Nigeria. Este no es más que el último ejemplo de empresas chinas que intentan acaparar el mercado africano de litio, cobre, cobalto y níquel, los minerales fundamentales para la fabricación de dispositivos móviles y vehículos eléctricos. Lo mismo está pasando en Sudamérica, que alberga el 60% de las reservas mundiales de litio. Varias empresas chinas, como Ganfeng, Zijin y Tianqi, han invertido millones en minas de litio en Argentina y Chile, y un consorcio chino llamado CATL acaba de ganar la licitación para extraer litio en Bolivia.

Por último, las enormes flotas de arrastreros chinos están diezmando las poblaciones de peces, lo que supone robar a las comunidades locales 2.000 millones de dólares al año, aparte de los daños medioambientales. Al otro lado del Atlántico, Ecuador, Perú y Argentina sufren la misma amenaza de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de los barcos chinos. No es de extrañar, pues, que ambas regiones estén uniendo fuerzas para tratar de frenar estas actividades. Los países de África Occidental colaboran con la ONU y organizaciones no gubernamentales como Environmental Justice Foundation para localizar las actividades de pesca INDNR y encontrar soluciones, mientras que Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá han firmado un acuerdo denominado CMAR por el que se comprometen a proteger conjuntamente sus zonas marinas de la pesca INDNR.

Los líderes de la sociedad civil y de los gobiernos de estas dos regiones pueden aprender unos de otros y desentrañar los obstáculos que conviene evitar en los tratos con el gobierno chino y diversas entidades de la RPC. De hecho, algunos dirigentes caribeños ya están tomando la iniciativa. Barbados ya ha acogido el Foro Afrocaribeño de Comercio e Inversión y sus autoridades se han reunido con varios líderes africanos en los últimos años.

También deberían aumentar el diálogo y organizar foros conjuntos los abogados, empresarios y periodistas de ambas regiones. La publicación del contrato de Kenia, que dejó al descubierto las prácticas comerciales normalmente opacas y desleales del Banco de Exportación e Importación de China, fue posible solo gracias al esfuerzo concertado y constante de los abogados y empresarios kenianos. Sus homólogos latinoamericanos y caribeños podrían aprovechar algunas de esas lecciones para exigir más transparencia a los diversos proyectos procedentes del país asiático en su región. Además podrían pensar en crear una base de datos de código abierto que rastree las actividades de las empresas estatales chinas, incluidos los casos de corrupción, los daños medioambientales o cualquier vínculo directo con el Ejército Popular de Liberación. Esas informaciones ayudarán a los responsables locales a no adjudicar licitaciones a empresas chinas con malos antecedentes en otras partes del mundo.

Estados Unidos también puede contribuir. Por ejemplo, con un equipo interinstitucional que lleve a cabo una “gira CFIUS” por las dos regiones. A los dirigentes de los países africanos y latinoamericanos puede interesarles saber cómo se estructura y se aplica el Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos. Incluso es posible que quieran crear sus propios organismos similares al CFIUS para examinar hasta qué punto pueden ser problemáticas las inversiones chinas en sus respectivos países.

El SOUTHCOM y el Mando de Estados Unidos en África (AFRICOM) también deberían mantener conversaciones y reuniones periódicas, no solo entre los altos mandos militares, sino también entre sus responsables de inteligencia, operaciones y estrategia e incluso con los funcionarios de defensa que trabajan en las embajadas de Estados Unidos en ambas regiones. Asimismo, los equipos responsables deberían comunicar las tendencias de la presencia china para determinar sus pautas de comportamiento y los éxitos conseguidos por proyectos estadounidenses en cada país o región con posibilidades de reproducirse en otros lugares.

Pero, por encima de todo, los responsables estadounidenses deben darse cuenta de que, la mayoría de las veces, Estados Unidos no es el más apropiado para denunciar el comportamiento malintencionado de China ni sus intentos de tener más influencia. Sería mucho más eficaz dar un paso atrás y, en cambio, ayudar a facilitar las relaciones entre sus homólogos africanos y latinoamericanos y caribeños, además de escuchar lo que han aprendido sus socios sobre cómo tratar con China. Al fin y al cabo, el destino de ambas regiones es algo que deben decidir los africanos, latinoamericanos y caribeños, no la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China.

El artículo original en inglés ha sido publicado en Global Americans

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia