Lo que (no) tiene que celebrar el agua en su Día Mundial

Una mujer recoge agua con las manos en Yangón, Birmania. Soe Than Win/AFP/Getty Images

El acceso al agua y el saneamiento en el mundo: los datos dejan poco margen para el optimismo, pero también se han ganado algunas pequeñas batallas.

“¡El agua es del pueblo, carajo!”. Este grito, fuerte, sin matices y casi unánime de la población de Cochabamba resonó fuerte en Bolivia. Los ecos de aquel año 2000 se escucharon en todo el mundo. El grito resume la lucha de un pueblo contra la privatización del suministro y concentra la fuerza de la llamada “guerra del agua”, que significó la expulsión del país de la multinacional Bechtel, la empresa que lideraba el conglomerado Aguas de Tunari (también participado por la española Abengoa) y que subió las tarifas pretendiendo incluso privatizar el agua de la lluvia.

Aquel envite, que ganó el pueblo boliviano y del que se acaban de cumplir 15 años, significó la apertura de los debates sobre la privatización de suministros urbanos, todavía abiertos y actualmente más enraizados que nunca en Europa, donde la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que ha llegado al Parlamento Europeo habla del derecho humano al agua y de su gestión pública. Cochabamba fue la contundente respuesta a las medidas de austeridad que el Banco Mundial implantó durante los 90 en varios países de América Latina. Supuso además el espaldarazo definitivo para que Evo Morales alcanzara la presidencia de Bolivia.

“No podemos reducir lo sucedido a la simple desprivatización. Lo que queda hoy es agua pública de la que nadie puede apropiarse. El agua fue el motivo para iniciar un proceso organizativo, deliberativo y de movilización, de recuperación de la política para la gente. Por eso Cochabamba fue sobre todo una guerra política. Es lo que trasciende”, explica a esglobal Óscar Olivera, quien lideró las movilizaciones de 2000 y en cuya trayectoria se inspiró la película También la lluvia de Icíar Bollaín.

Imposible entender el agua sin Bolivia, que una década más tarde (el 28 de julio de 2010) empujó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que aprobara el derecho humano al agua y al saneamiento. Se reconocía la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos, reafirmándose la responsabilidad de los Estados a la hora de promoverlos y protegerlos. La votación prosperó con 122 votos a favor y ninguno en contra pero 41 abstenciones, entre éstas, la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Grecia, Suecia, Japón, Israel, Corea del Sur, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda. “No quieren retomar la responsabilidad de garantizar agua potable ni, menos, saneamiento básico para su población”, explica Ingrid Spiller, responsable de la Oficina Regional de México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Actualmente son apenas 14 los Estados que incluyen el derecho humano al agua en su Carta Magna: además de Bolivia, la República Democrática del Congo, Egipto, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia, Suráfrica, Uganda, Zimbabue, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay y las Islas Maldivas. Aparte, se encuentran en proceso de discusión para valorar su inclusión en Túnez y la Republica de Fiyi.

La dureza de los datos

“Reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios de saneamiento básicos”. Ésta es el tercer planteamiento del séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Una meta sin duda clave para alcanzar otros propósitos, pues el acceso a agua y al saneamiento salva vidas, evita enfermedades, facilita la educación e incluso puede liberar de la pobreza. De hecho, en los trabajos previos de cara a configurar la agenda Post-2015 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU Agua apuesta por la inclusión de un objetivo global dedicado para el agua que se definiría como “asegurar el agua sostenible para todos”. La razón es muy simple: “La importancia fundamental del agua para el desarrollo humano, el medio ambiente y la economía”, explican.

El pasado mes de enero, varias personas expertas se reunieron en Zaragoza para abordar el asunto y concluyeron, entre otras cosas, la necesidad de proteger los recursos hídricos de la sobreexplotación y la contaminación, mientras se satisfacen las necesidades de agua potable y saneamiento, del agua para la energía, la agricultura y para otros usos. Sin olvidar ampliar la protección a las comunidades de los desastres relacionados con el agua. “La propuesta es un bloque de construcción fundamental para el desarrollo sostenible, que sustenta todos los demás esfuerzos para erradicar la pobreza extrema para el año 2030”, recoge el documento final.

Volviendo a la actual agenda, se estableció como objetivo alcanzar unos porcentajes del 89% y 77% en las coberturas de abastecimiento y saneamiento, respectivamente, teniendo en cuenta que en 1990 eran del 77% y del 54%.

En el ámbito global, se ha logrado la meta del acceso, pero no la del saneamiento. Desde 1990, más de 2.100 millones de personas han accedido a fuentes de agua potable mejoradas. De acuerdo con el último estudio en 2013 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el tema, el acceso al agua potable se ha incrementado en todas las regiones, salvo en el Cáucaso y Asia central, donde cayó la cobertura. En Bolivia, por ejemplo, existe una cobertura total en agua potable del 81% y de 55% en saneamiento, según el Informe de Gestión 2013 del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

Pero habría que poner los datos bajo lupa. Lo reconoce aunque de soslayo la propia ONU. El 83% de la población sin acceso a una fuente mejorada de agua potable vive en áreas rurales. Inquietan igualmente la calidad y la seguridad de muchas de estas fuentes mejoradas de agua potable. “En consecuencia, la cantidad de personas sin acceso al agua potable segura podría ser dos o tres veces superior a las estimaciones oficiales”, apunta el PNUD.

La portuguesa Catarina de Albuquerque, relatora especial de la ONU por el derecho humano al agua y al saneamiento hasta el pasado mes de diciembre, explicó a esglobal que “son datos fiables para medir quién ganó acceso, pero no miden si el acceso es de calidad o quién perdió el acceso. Las cifras indican que 800 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, que es un concepto que se confunde con el de acceso a agua potable. El agua mejorada es un indicador inventado por los burócratas de Naciones Unidas que no refleja la falta de calidad de agua. ¿Cuántas personas no tienen agua de calidad? No lo saben porque la ONU no lo mide”.

Y es que, lejos de los 800 millones de personas sin acceso a agua en el mundo, cifra que se repite en cada foro, artículo u documento sobre el tema, la realidad podría ser mucho peor. The United Nations World Water Development Report 2014 recoge en un párrafo cómo, “según algunas estimaciones, el número de personas cuyo derecho al agua no está satisfecho puede ser tan alto como 3.500 millones”. Es decir, la realidad es más dura y compleja.

La situación empeora con respecto al saneamiento; y eso que “sin tratamiento de las aguas residuales no hay agua, ni salud, ni desarrollo”, ha afirmado el vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Mikel Mancisidor. El saneamiento requiere de agua y, en sentido inverso, el agua no puede ser potable en un entorno donde no hay adecuado tratamiento o infraestructura de saneamiento.

Según el PNUD, entre 1990 y 2011 un promedio de más de 240.000 personas por día logró acceder a instalaciones sanitarias mejoradas. Eso implica que muchas de ellas han nacido en hogares con inodoro, que estaban conectados a redes de alcantarillado o en los que se construyó una letrina por primera vez. Pero el ODM no se va a lograr.

Una victoria sin precedentes

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la sazón el máximo organismo judicial, acaba de sentar un precedente jurídico sin parangón en la historia del país. La línea que indica la violación de este derecho está claramente delimitada desde finales del año pasado: 100 litros por persona y día, precisamente el mismo baremo que establece la OMS.

Lo que resume un párrafo y concentra una cifra esconde sin embargo un camino judicial y personal de más de tres años de lucha. La emprendida en 2011 por cuatro vecinas de la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en Xochitepec (Morelos), cuando decidieron denunciar al Estado por lo que consideraban una situación inhumana: “Son muchos los sacrificios por el agua”, reconocían entonces. Amparadas por un equipo de jurídico coordinado por la red internacional sin ánimo de lucro Habitat International Coalition en América Latina (HIC-AL), han vencido una batalla que todavía no saborean, pues a pesar del precedente su relación con el agua continúa tan rácana como siempre: apenas tres horas a la semana. Eso sí, el próximo juez que tenga que resolver un caso similar ya sabrá a qué márgenes ajustar su sentencia, explica el abogado Rodrigo Gutiérrez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Recogen las cifras oficiales esta victoria? Un paso para adelante y otro para atrás. Es el día a día del agua en el mundo pues, mientras tanto, el mismo México discute estos días una nueva Ley de Aguas que vuelve a poner sobre la mesa la privatización del vital líquido, según denuncian organizaciones como la red civil de acción por el agua FANMex, que teme que la nueva legislación sirva para rebajar el derecho humano al agua a la mitad, es decir, a 50 litros por persona y día.