Una mujer recoge agua con las manos en Yangón, Birmania. Soe Than Win/AFP/Getty Images
Una mujer recoge agua con las manos en Yangón, Birmania. Soe Than Win/AFP/Getty Images

El acceso al agua y el saneamiento en el mundo: los datos dejan poco margen para el optimismo, pero también se han ganado algunas pequeñas batallas.

“¡El agua es del pueblo, carajo!”. Este grito, fuerte, sin matices y casi unánime de la población de Cochabamba resonó fuerte en Bolivia. Los ecos de aquel año 2000 se escucharon en todo el mundo. El grito resume la lucha de un pueblo contra la privatización del suministro y concentra la fuerza de la llamada “guerra del agua”, que significó la expulsión del país de la multinacional Bechtel, la empresa que lideraba el conglomerado Aguas de Tunari (también participado por la española Abengoa) y que subió las tarifas pretendiendo incluso privatizar el agua de la lluvia.

Aquel envite, que ganó el pueblo boliviano y del que se acaban de cumplir 15 años, significó la apertura de los debates sobre la privatización de suministros urbanos, todavía abiertos y actualmente más enraizados que nunca en Europa, donde la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que ha llegado al Parlamento Europeo habla del derecho humano al agua y de su gestión pública. Cochabamba fue la contundente respuesta a las medidas de austeridad que el Banco Mundial implantó durante los 90 en varios países de América Latina. Supuso además el espaldarazo definitivo para que Evo Morales alcanzara la presidencia de Bolivia.

“No podemos reducir lo sucedido a la simple desprivatización. Lo que queda hoy es agua pública de la que nadie puede apropiarse. El agua fue el motivo para iniciar un proceso organizativo, deliberativo y de movilización, de recuperación de la política para la gente. Por eso Cochabamba fue sobre todo una guerra política. Es lo que trasciende”, explica a esglobal Óscar Olivera, quien lideró las movilizaciones de 2000 y en cuya trayectoria se inspiró la película También la lluvia de Icíar Bollaín.

Imposible entender el agua sin Bolivia, que una década más tarde (el 28 de julio de 2010) empujó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que aprobara el derecho humano al agua y al saneamiento. Se reconocía la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los derechos humanos, reafirmándose la responsabilidad de los Estados a la hora de promoverlos y protegerlos. La votación prosperó con 122 votos a favor y ninguno en contra pero 41 abstenciones, entre éstas, la de países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Grecia, Suecia, Japón, Israel, Corea del Sur, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca e Irlanda. “No quieren retomar la responsabilidad de garantizar agua potable ni, menos, saneamiento básico para su población”, explica Ingrid Spiller, responsable de la Oficina Regional de México, Centroamérica y el Caribe de la Fundación Heinrich Böll Stiftung.

Actualmente son apenas 14 los Estados que incluyen el derecho humano al agua en su Carta Magna: además de Bolivia, la República Democrática del Congo, Egipto, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia, Suráfrica, ...