De Argentina a Zambia, sociedades de inversión están adquiriendo la deuda de los Estados menos desarrollados, a los que demandan y acosan para que devuelvan el dinero. Los activistas contra la pobreza les acusan de aprovecharse de los pobres. Pero estos fondos buitre sólo están haciendo aquello en lo que ha fracasado el sistema financiero internacional: pedir cuentas a regímenes corruptos e irresponsables.
A Denis Sassou Nguesso, presidente de la República del Congo, le gusta vivir a lo grande. Durante una serie de reuniones de la ONU en Nueva York en 2006, se alojó con su séquito en el Waldorf Astoria. Cuando se marcharon, seis días después, la factura superaba los 100.000 dólares (75.000 euros). El mandatario se había gastado más de 20.000 dólares sólo en pedidos al servicio de habitaciones. Otro capricho más del jefe de este pobre Estado centroafricano, con un PIB per cápita que ronda los 1.700 dólares y una esperanza de vida de 54 años. En 2005, sus facturas de hotel en Manhattan pasaron de los 300.000 dólares. Quizá no previó que los periódicos occidentales sacarían a la luz sus hábitos despilfarradores, como hicieron a principios de 2007. Pero no debería sorprenderse. Al líder congoleño le han surgido algunos enemigos con recursos, buenos contactos y ganas de hacer público el derroche oficial. ¿Por qué? Porque Brazzaville les debe decenas de millones de dólares.
Como casi todos los Estados, Congo ha pedido grandes préstamos a bancos e inversores occidentales en varias ocasiones. En teoría, la lógica de estas transacciones implica que el Gobierno en cuestión consigue el dinero que necesita, y los inversores obtienen un compromiso legalmente vinculante de cobro regular de intereses. Pero Brazzaville, al igual que muchos otros países pobres y mal gobernados, descubrió pronto que no podía hacer frente a los pagos. Muchos ejecutivos occidentales e instituciones internacionales, espoleados por estrellas del rock como Bono, les han condonado miles de millones. Aún así, es sólo una fracción de las deudas que han contraído los gobiernos de los países en desarrollo. Además, éstos deben miles de millones a empresas e inversores privados que no suelen ser tan benévolos.
Congo debe dinero a Elliott Associates, un fondo de inversión libre entre cuyas especialidades se incluye lograr cobrar a los Estados morosos. Desde Manhattan, esta compañía se ha convertido en el principal cobrador de deudas públicas. Elliott y otras sociedades similares, llamadas de forma coloquial fondos buitre, se enfrentan a los Gobiernos para asegurarse de que pagan lo que deben. Normalmente los países a los que persiguen son pobres y, con frecuencia, corruptos: Liberia, Nicaragua, Perú, Sierra Leona, Uganda o Zambia, entre otros. La mayoría opera desde el extranjero y actúa con discreción. Uno de los directivos más agresivos es Kenneth Dart, que vive en las Islas Caimán y no suele hablar con los medios. Empresas como la suya compran bonos del Estado y otras obligaciones de países con problemas, muchas veces a precio de ganga, y luego hacen lo que la mayoría de los bancos occidentales no quieren (o los inversores privados no saben) hacer: demandan, acosan y avergüenzan a los gobiernos morosos hasta que abonan, al menos, una buena parte de la deuda. Y les va bien. En 1998, Perú pagó a Elliott más de 58 millones de dólares por una deuda que el fondo buitre había adquirido por mucho menos. A Nicaragua le han exigido más de doscientos millones de dólares. Este año Zambia ha recibido la orden de pagar más de 15 millones a un fondo británico con sede en las Islas Vírgenes. En total, se calcula que las reclamaciones judiciales de acreedores privados contra algunos de los países más pobres del planeta superan los 1.000 millones de dólares.
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Un empresario suizo con bonos rusos intentó quedarse con el reactor privado de Vladímir Putin |
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Como era de esperar, los fondos buitre se han convertido en el blanco favorito de los ataques del movimiento a favor de la condonación de la deuda. Sassou Nguesso los llama “serpientes en el océano” y “matones”. El desprecio por estos cobradores se comparte en Occidente. “Al disminuir los recursos de los países en desarrollo, reducen los fondos disponibles para educación y hospitales”, afirma un portavoz del Ministerio de Hacienda de Reino Unido. Caroline Pearce, de Jubilee Debt Campaign, organización británica que propugna una moratoria en el pago de la deuda de los países pobres, opina que los fondos buitre se equivocan, incluso cuando persiguen a Estados de renta media.
Sentado en su discreta oficina a las afueras de Manhattan, Jay Newman no parece una persona insensible a los problemas sociales. Trabaja como gerente de cartera en Elliott Associates y desprecia a los gobiernos que se niegan a pagar lo que deben. Está convencido de que los fondos buitre son clave para poner freno al “peligro moral” del impago.
Donde los partidarios del perdón de la deuda ven países necesitados de ayuda, Newman ve Estados corruptos y parásitos “que debilitan nuestro sistema legal ignorando las leyes”. Según un representante de la empresa, “los partidarios de la reducción de la deuda deberían admitir que los beneficiarios de estas condonaciones suelen ser regímenes corruptos e incompetentes, que despilfarran la riqueza de sus países y luego aducen que son pobres para evitar pagar deudas legítimas”.
Siempre habrá quienes no puedan pagar. Esos Estados y sus acreedores se ven obligados a negociar la deuda, y la mayoría de los inversores están dispuestos a llegar a un acuerdo. En esta situación se dan las condiciones perfectas para que los fondos buitre, que suelen exigir el pago íntegro de sus bonos, entren en escena. Prestamistas que de otro modo estarían dispuestos a aceptar 60 centavos por dólar quizá se lo piensen dos veces si alguien puede cobrar el importe íntegro. “Es como cederle tu asiento en el autobús a una viejecita y ver cómo un niñato (…) se cuela y se lo quita”, dice Lee Buchheit, abogado de Cleary Gottlieb, un bufete que representa a muchos gobiernos. Eso es lo que ocurre con el mayor objetivo al que se han enfrentado los buitres: Buenos Aires. Lejos de ser uno de los países más pobres, Argentina es una de las potencias de América Latina, con confianza en sí misma y una economía en expansión. Los inversores de todo el mundo observan con atención su lucha con los fondos, cuyo desenlace tendrá eco en los mercados internacionales y en la actitud de muchas otras administraciones. Puede que la condonación haya cautivado la imaginación de los activistas de Hollywood, pero el cobro sigue siendo una pieza clave del funcionamiento del sistema financiero internacional.
‘AFEITADO APURADO’ EN ARGENTINA
En diciembre de 2001, la crisis financiera y política que durante meses venía consumiendo a Argentina llegó a un punto crítico. Los capitales huían del país y la deuda asfixiaba al Gobierno. Sus dirigentes decidieron dejar de pagar los intereses a decenas de miles de personas, fondos de pensiones e instituciones financieras que poseían bonos del Estado. Fue el mayor impago de deuda de la historia y sacudió aún más los ya convulsos mercados financieros, que todavía estaban recuperándose de la crisis asiática y del derrumbamiento de la economía rusa.
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En Buenos Aires, la decisión del Gobierno de no pagar la deuda fue bienvenida como una declaración de independencia financiera. El Parlamento en pie ovacionó al entonces presidente Adolfo Rodríguez Saá cuando anunció el plan. En total, Argentina dejó de pagar bonos por valor de más de 80.000 millones de dólares. Muchos de sus propietarios eran grandes instituciones con inversiones diversificadas. Para ellas, el impago era un problema, no una catástrofe. Pero otros fueron menos afortunados. Miles de pensionistas italianos habían comprado bonos a finales de los 90 sin sospechar la crisis financiera que se avecinaba.
Cuando empezó a estar claro que la economía de ese país estaba en caída libre, muchos quisieron deshacerse con rapidez de sus bonos. Pronto podrían ser papeles sin valor. Empresas como Elliott se pusieron las botas. Las crisis pueden ser alarmantes para inexpertos, pero estas voraces empresas están en su hábitat
atural. Antes de que Argentina suspendiese el pago de la deuda, compró millones de dólares en títulos títulos argentinos, en ocasiones a sólo 15 centavos por dólar. Entre tanto, Buenos Aires se asesoró financiera y legalmente y planteó a sus acreedores cambiar los bonos por otros con un valor aproximado de un tercio de los originales o quedarse con los viejos y no cobrar nada. Los inversores en Argentina estaban a punto de sufrir un “corte de pelo”, según la jerga del negocio. Y les iban a cortar algo más que las puntas. En casi todas las reestructuraciones previas, los gobiernos habían ofrecido nuevos bonos por valor de entre el 50% y el 75% de los originales. Argentina quería raparles el pelo al cero.
La mayoría de los acreedores apretaron los dientes y aceptaron. Algunos de los principales eran grandes bancos que hacen negocios continuos con gobiernos como el de Buenos Aires. No querían que se enojase un cliente. Pero varios fondos de inversión libre, junto con grupos de inversores individuales irritados, sobre todo italianos y alemanes, interpusieron demandas judiciales en EE UU. A medida que subía de tono la batalla legal, lo hacía el enfrentamiento retórico. “Si pagamos más, como en los 90, sería un nuevo genocidio, ha llegado el momento de que el mundo ponga freno a los fondos buitre y a los insaciables bancos que pretenden seguir extrayendo beneficios de una Argentina arruinada y herida”, declaró el presidente Néstor Kirchner. Rodrigo Rato, director gerente del FMI, sugirió que Buenos Aires tratara a sus acreedores con respeto. Kirchner se mofó: “A veces es patético escuchar al Fondo”. Para los dueños de los bonos, Argentina había sido arrogante y temeraria. “Intenta intimidar a la gente para que acepte una oferta inaceptable”, dice Hans Humes, que representa a inversores que tienen unos 40.000 millones de deuda. Argentina y los buitres aún intercambian puñaladas mientras sus abogados se enfrentan en los tribunales de Estados Unidos.
ASUMIR LAS CONSECUENCIAS
En mayo de 2006, una sentencia de un tribunal federal de Nueva York decretó que Argentina debía a una sucursal de Elliott más de cien millones de dólares. Otros poseedores de bonos, Kenneth Dart entre ellos, obtuvieron mejores resultados en juicios aún más importantes. Este triunfo en los tribunales, que habría constituido una victoria decisiva en casi cualquier otro litigio financiero, en el campo de las demandas contra gobiernos era sólo el principio. De un modo u otro, los fondos buitre ahora tenían que encontrar una manera de obligar a Argentina a pagar. Durante siglos la mayoría de los sistemas legales occidentales consideraron que los países eran intocables por los tribunales. Los gobiernos extranjeros podían pedir o prestar dinero, pero cualquier disputa debía resolverse por la vía política, no legal. La única opción para los inversores era convencer a sus gobiernos de que les apoyasen. Sus ruegos solían caer en saco roto, porque los Ejecutivos no quieren que las deudas privadas de sus ciudadanos o empresas compliquen sus relaciones diplomáticas.
En ocasiones, los acreedores han hecho que sus gobiernos actúen. En 1902, barcos de guerra europeos impusieron un bloqueo en los puertos venezolanos y hundieron varios navíos para obligar al país a pagar sus deudas. Venezuela cedió. Pero usar esta vía para resolver asuntos con morosos no ha sido lo normal. En los 50, EE UU y Reino Unido decidieron que hacían falta normas mejores. Los Estados realizaban transacciones financieras cada vez más complejas, y la idea de que tuviesen que ser inmunes a las leyes que gobernaban a las empresas y los ciudadanos resultaba más y más indefendible. En tanto actuasen con fines comerciales, los países podrían ser demandados como cualquier empresa privada. Los días de la inmunidad estatal llegaban a su fin. En los 80 sucedió otro cambio importante. Los gobiernos, sobre todo en América Latina, modificaron su forma de endeudarse: empezaron a emitir bonos que cualquier persona podía comprar. Estos dos cambios dieron lugar a una nueva clase de acreedores, diversos y dispersos, más difícil de controlar.
Pero ser un Estado aún tiene sus privilegios. Sus fondos suelen estar ocultos o protegidos por leyes estrictas. Un gobierno que se ponga nervioso puede guardar sus reservas en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, en Suiza, que está protegido legalmente contra acreedores. Como dice Jay Newman, de Elliott Associates, los abogados de Buenos Aires están cubriendo bien la retirada. Los mismos tribunales de Nueva York que han determinado que Argentina debe ingentes sumas de dinero a los titulares de sus bonos han frustrado cualquier intento de hacer que pague.
En vista de este panorama legal desfavorable, los fondos buitre se han hecho expertos en husmear en busca de bienes de los Estados y apoderarse de ellos. En 2000, Elliott logró que un tribunal de Bruselas se incautase del dinero que circulaba en una operación europea de compensación financiera y forzó al asustado Gobierno peruano a saldar sus deudas. Incluso un hombre de negocios suizo al que Rusia debía dinero ha intentado que se confisque el reactor privado del presidente Vladímir Putin, obras de arte valiosas y varios aviones y un antiguo navío rusos. Al final fracasó, pero los prestamistas permanecen vigilantes.
Por mucho temor que inspiren, hasta los cobradores más decididos se las ven y se las desean. Cada vez que los buitres localizan bienes con los que quedarse, los gobiernos tapan el agujero. Argentina, ayudada por los abogados de Cleary Gottlieb, se ha mostrado muy hábil a la hora de eludir el acoso. En enero, un tribunal de apelaciones estadounidense sentenció que sus acreedores no podían confiscar fondos de su Banco Central, un duro golpe para Elliott Associates.
Mientras, las declaraciones de Kirchner han adquirido un tono triunfal. No hace mucho se refirió al impago de la deuda como un tema “acabado” y el Parlamento ha aprobado una ley que prohíbe al Gobierno reabrir las negociaciones con los acreedores que se negaron a participar en el cambio de bonos. Pero esta fanfarronería puede ser prematura. Descontentos con la vía legal, los buitres están saltando al terreno político. Como hicieron generaciones de prestamistas frustrados antes que ellos, están presionando a la Administración estadounidense para que intervenga. Este intento de presión política se llama Grupo de Trabajo Americano Argentina (American Task Force Argentina), y en él se han enrolado varios cargos de tiempos de Clinton como el subsecretario de Comercio Robert Shapiro o Nancy Soderberg, entonces en el Consejo de Seguridad Nacional, que quieren convencer al Gobierno Bush y al Congreso para que presionen a Buenos Aires. Si ese país se sale con la suya, insiste, otros pueden seguirle. Y tal vez tenga razón. Hace poco Ecuador pidió consejo a Kirchner para no pagar.
RESCATAR A ZAMBIA
Este tipo de actos sería innecesario si el mercado de la deuda pública dispusiese de mecanismos para negociar civilizadamente cuando un Estado no puede hacer frente a sus deudas. A pesar de los intentos del FMI, no se ha creado ningún equivalente al procedimiento legal de quiebra para los países en dificultades. El Banco Mundial hace lo que puede para ayudar a las naciones más pobres que se enfrentan a acreedores privados agresivos. A veces compra bonos a sus titulares, aunque los ocho centavos por dólar que paga no son suficientes para contentar a casi ninguno. Los detractores de la deuda proporcionan asesoramiento legal a los países en desarrollo y airean el nombre de los acreedores para presionarles a condonar. Pero, por lo demás, sigue siendo un sistema de rapiña, en el que los fondos buitre adoptan a menudo el papel de sorprendidas víctimas de gobiernos corruptos poco de fiar. De hecho, buscan situaciones en las que, a fuerza de litigar agresivamente, pueden obtener resultados mucho mejores que los inversores corrientes. Pero también juegan un papel importante dentro del ecosistema de las finanzas internacionales. Crean mercados secundarios para quienes desean deshacerse de sus títulos y castigan a los países que no pagan. Son una especie de ángeles vengadores de este mercado. “Los fondos buitreañaden valor”, dice Mitu Gulati, profesor de la escuela de derecho de la Universidad de Duke, “el mercado no funcionaría eficazmente sin su presencia”.
Este argumento no convence a los partidarios de la reducción de la deuda, que señalan el proceso contra Zambia como ejemplo de las penurias que estas empresas son capaces de ocasionar. Su deuda nació en 1979, cuando Rumanía le prestó dinero para comprar tractores. Durante 20 años el tema nunca fue más allá de los libros de contabilidad. Hasta que en 1999 un fondo buitre convenció a Bucarest para que le vendiera sus derechos por unos pocos millones de dólares. Hoy, con una pobreza desgarradora y una epidemia de sida, Lusaka puede acabar pagando una cantidad muchas veces superior a la que le prestaron.
De todos modos, por cada Zambia hay una Argentina, que tiene recursos para pagar y que ha tratado con desprecio a sus acreedores, incluyendo a ancianos pensionistas italianos y alemanes. Por desgracia, el sistema legal internacional es incapaz de discriminar entre ambos casos. Lo que hace falta con urgencia es un mecanismo legal que introduzca cierta equidad. Un sistema que defienda a Lusaka pero castigue a Buenos Aires. Hasta entonces, los buitres seguirán volando en círculos.
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