El presidente interino brasileño, Michel Temer, debe hacer frente a múltiples retos, principalmente económicos; además de a una baja popularidad y a varios procesos de corrupción en su recién estrenado gabinete. ¿Qué futuro depara a Brasil?
Como no podía ser de otra forma, los primeros pasos del presidente interino de Brasil, Michel Temer (del Partido de Movimiento Democrático Brasileño -PMDB), investido la semana pasada tras la admisión a trámite del impeachment contra Dima Rousseff (del Partido de los Trabajadores -PT), han estado rodeados de polémicas. Las críticas le han llovido nada más anunciar la composición de su gabinete, en el que no hay ni una sola mujer. Tanta ha sido la presión nacional e internacional que Temer se ha visto obligado a nombrar a María Silvia Bastos para la presidencia del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), al mismo tiempo que anunciaba que su esposa Marcela podría ocuparse del área social.
No es el único ámbito en el que el Gobierno de Temer puede patinar. El hombre que ha sido saludado por los sectores conservadores como un “salvador de la patria” tiene muchos retos por delante. El primero y el más urgente es atajar la crisis de la octava economía del planeta. Los datos no son alentadores. Los expertos prevén una contracción del PIB de hasta un 4% para este año.
Esto significa que por primera vez el país pasará dos años consecutivos en recesión, algo que no ocurría desde 1930-31, cuando los efectos de la Gran Depresión se hicieron sentir. Muy lejos quedan los datos de la época de Luiz Inácio Lula da Silva y de la sorprendente expansión económica, cuando Brasil llegó a crecer un 7,5% anual, en gran medida por el aumento del consumo de las familias, que ahora cae dramáticamente.
Los principales empresarios y banqueros brasileños, que en los últimos meses apoyaron a Temer pidiendo el impeachment de forma explícita a través de una campaña en los principales periódicos de Brasil, le exigen ahora decisiones y resultados a corto plazo. Quieren que en tres meses arregle las cuentas públicas y que inicie la reforma de las pensiones y de la legislación laboral para abaratar el despido.
“Solo con un discurso de buenas intenciones no es suficiente. Necesita tener medidas concretas para que este sentimiento dure”, ha afirmado en el periódico Folha de S. Paulo, Alessandro Zema, del banco de inversiones Morgan Stanley, en referencia a la buena disposición del mundo empresarial hacia el nuevo Ejecutivo. Se trata, en otras palabras, de poner en práctica lo antes posible políticas más liberales y de derechas. “El nuevo Gobierno tiene un ministro de Economía capaz [Henrique Meirelles, quien fue presidente del Banco Central entre 2003 y 2010], tiene el beneficio de la duda, pero necesita implementar medidas con rapidez”, sostiene el presidente de Deutsche Bank en América Latina, Bernardo Parnes.
Para los expertos, la tarea más urgente es revertir la trayectoria al alza de la deuda pública, que hoy alcanza el 67% del PIB. El Fondo Monetario Internacional calcula que este dato puede llegar al 90% del PIB en 2021, si no se para esta tendencia. Es el peor dato del continente latinoamericano, incluso por encima de Venezuela (48,8% del PIB) y Argentina (56,5%), hasta hace poco considerados los ‘patitos feos’ de la región.
También se espera que el nuevo Ejecutivo suba los impuestos, para rellenar las paupérrimas arcas del Estado; que diseñe un plan para reducir el desempleo, que registra los peores datos de los últimos 20 años, con más de 11 millones de parados; y que privatice varias empresas públicas. Además, es probable que Temer apruebe una medida muy impopular: elevar la edad mínima para jubilarse de los actuales 55 años a los 60 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres. Hay que recordar que la población activa en Brasil entra en el mercado laboral a una edad muy temprana, en un país donde el trabajo infantil está prohibido solo hasta los 14 años.
Otro aspecto importante de la política económica de la era Temer será la nueva Ley de Tercerización, aprobada en el Parlamento el pasado 22 de abril, cinco días después de la primera votación a favor del impeachment. El objetivo de esta normativa es reducir el coste del trabajo para los empresarios y abaratar el despido. Su lógica consecuencia es que afectará negativamente a los salarios y reducirá el poder de los sindicatos. La ley debe pasar ahora por el filtro del Senado para entrar en vigor, lo que parece ser una mera formalidad.
Por lo pronto, los sindicatos le han plantado cara a los planes de precarización del nuevo Gobierno, en medio de una guerra de cifras sobre el paro. Para el ministro de Economía puede llegar al 14% este año, mientras que el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) estima tan solo un 10,9%. Los mismos ministros del gabinete Temer parecen desdecirse. Después del anuncio de Meirelles acerca de la necesidad de imponer un nuevo tributo, la Contribución Provisoria al Movimiento Financiero (CPMF), su colega de la Secretaría General de la Presidencia, Geddel Vieira Lima, rechazó la estrategia: “No es el momento para recrear el impuesto [CPMF]. Pero ésta es una posición personal. Si fuera finalmente propuesto, deja de ser una convicción individual y pasa a ser una postura de Gobierno. Entonces hay dos alternativas: o me voy o defiendo la aprobación de ese gravamen”.
Recortes
Como en España a principio de la crisis, en Brasil también se esperan radicales recortes al sistema de ayuda sociales introducidos por Lula y Dilma. De hecho, la primera medida anunciada por el nuevo Gobierno ha sido la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre, lo que supondría el despido del 25% de la plantilla de cada Ministerio.
El ministro de Sanidad ya ha anunciado públicamente que no hay fondos para ningún tipo de subsidio y que incluso algunas ayudas puede sufrir limitaciones. Es el caso de la llamada Farmacia Popular, que prevé una serie de descuentos sobre los medicamentos más populares, y el Servicio Móvil e Urgencia (SAMU), para los que hay recursos solo hasta el próximo mes de agosto.
Los dos programas sociales estrella del Partido de los Trabajadores (PT), Bolsa Familia y Minha Casa, Minha Vida también sufrirán ajustes. En las semanas previas a la votación del impeachment, Temer se esforzó en insistir en que ninguno de los dos desaparecería, consciente de su popularidad entre los votantes de renta baja del nordeste del país. No hay que olvidar que el PT tiene a su favor el poderoso argumento de haber sacado a Brasil del mapa del hambre de la FAO.
Sin embargo, Temer no especificó en qué condiciones mantendría estos programas. En la actualidad, unos 47 millones de brasileños, es decir, casi el 25% de la populación del país, recibe la Bolsa Familia. Es una cantidad que ronda los 19 euros mensuales (76 reales), lo que equivale a un mínimo suficiente para comer. En los casos de familias numerosas, esta suma puede llegar a los 84 euros mensuales (336 reales). Esta semana se ha filtrado un documento programático en la prensa, en el que se revela que esta ayuda social podría ser restringida solo a los 10 millones de brasileños más pobres. Sin embargo, la información no ha sido ni confirmada ni desmentida y de momento es difícil decir si Temer aplicará realmente correctivos a este programa.
Crisis política
Son retos complicados que se suman a la delicada coyuntura política, muy crispada tras el alejamiento de Dilma Rousseff de su cargo. Al igual que su predecesora, Temer tiene que lidiar con un problema estructural de gobernabilidad y con el lobby barones regionales, que hacen presiones en Brasilia para conseguir más dinero. La actuación del nuevo presidente de la Cámara, Walmir Maranhão, que a dos días de la votación del Senado anuló el proceso de impeachment y se autodesmintió a las pocas horas, puede ser explicada a través de las presiones que recibió desde el liderazgo de su partido.
Otro aspecto que cabe destacar es que las sospechas de corrupción ensombrecen el Gobierno de Temer. El nuevo presidente también enfrenta un proceso de impeachment iniciado en la Corte Suprema por las mismas razones que han salpicado a Rousseff: haber firmado varios decretos que permiten irregularidades fiscales en las cuentas del Estado. Curiosamente, desde su investidura no se habla de ello en la prensa nacional.
Tampoco se puede pasar por alto que siete ministros recién nombrados están investigados por corrupción. Es el caso del secretario de Gobierno, Geddel Vieira Lima (PMDB), acusado de haber recibido sobornos de una constructora en el marco del caso Petrobras. Henrique Alves (Turismo), José Serra (Exteriores), Bruno Araujo (Ciudades) Ricardo Barros (Sanidad), Mendonça Filho (Educación) y Raul Jungmann (Defensa) también aparecen citados en las investigaciones de la operación Lava Coches, considerada por Transparencia Internacional el segundo mayor caso de corrupción del mundo. Sin olvidar que el 60% de los parlamentarios brasileños afrontan causas penales que van desde el fraude electoral hasta el homicidio, como han resaltado recientemente varios medios internacionales.
Al nuevo presidente de Brasil, cuya popularidad está por los suelos, no le queda más remedio que enfrentar la presión de las calles. Según dos encuestas recientes, solo el 16% de los brasileños estima que Temer realizará una buena gestión y un escueto 2% valora positivamente al nuevo gobernante. El pasado 15 de mayo, durante su primera entrevista televisada, sufrió el mismo castigo que los brasileños habían reservado a Dilma Rousseff durante meses: las caceroladas. Sucedió en varias ciudades del país tropical, en las que también hubo manifestaciones antigubernamentales. En la capital económica, São Paulo, unas 10.000 personas gritaron al unísono “Fora Temer”. Todo apunta a que los próximos dos años, hasta las elecciones presidenciales de 2018, serán muy calientes.
